Como industria forestal, con presencia relevante en el territorio involucrado, queremos aportar con un análisis ponderado, que distinga aspectos positivos, negativos e incertidumbres, en coherencia con la complejidad del desafío.
Nos parece necesario insistir que el primer y más crítico problema sigue siendo la seguridad pública, como quedó demostrado al día siguiente del anuncio presidencial, al registrarse el atentado número 24 en lo que va del año a una faena productiva. La violencia ha afectado a comunidades mapuches y no mapuches, y ha sido consistentemente identificada como la principal preocupación en diversas encuestas de opinión de los últimos años.
La Comisión reconoce que “las consecuencias económicas y productivas (de la violencia) han sido severas”, especialmente en el sector silvoagropecuario, al cual califica de “fundamental” para las economías de estas regiones.
En materia de tierras, acierta el informe al sostener que el sistema vigente “ha demostrado ser insuficiente en términos de cobertura, eficacia y legitimidad”, a lo cual podríamos agregar que también ha significado que carezca de uso productivo una parte mayor de las 230 mil hectáreas entregadas a la fecha. Reconoce que no existe una limitación para formar comunidades y exigir restitución de tierras en base a un mismo título, ejemplificando lo anterior con “un título de merced que ha sido utilizado 19 veces para constituir comunidades”.
Sin embargo, aplica los mismos criterios históricos que critica de Conadi —número de familias por comunidad, número de comunidades por título, baja tasa de rechazo de solicitudes y valores pagados por hectárea— para proyectar una demanda pendiente, en torno a las 400 mil hectáreas, y proponer un fondo de reparación de US$ 4 mil millones. Por lo tanto, antes que un catastro de tierras, la comisión expone un cálculo teórico con el riesgo de profundizar el anclaje de expectativas hacia un cierto número estimado de hectáreas (no catastrado) o de billones de dólares, que puede tensionar las arcas fiscales y la relación entre los actores del territorio.
Siguiendo la línea de aquellos aspectos que complican la aplicabilidad de lo planteado en el informe, entre otras cosas, se mandata al futuro tribunal para que compruebe al cuarto año de operación del nuevo sistema que la entrega de tierras haya sido la restitución mayoritaria, independientemente de los intereses de las mismas comunidades, de la existencia o no de tierras disponibles.
Más destacable es el interés de los comisionados por proponer fórmulas de restitución alternativas a tierras, eventuales límites al aumento discrecional e insostenible de la demanda y un plazo acotado de seis meses para que las empresas voluntariamente inscriban predios disponibles para ser adquiridos por el Estado.
Alineado con la calificación indicada, en cuanto a que el sector silvoagropecuario es “fundamental para las economías”, destacan propuestas dirigidas al fomento agrícola y el “subsidio para plantaciones forestales, con especies exóticas y nativas, para las comunidades indígenas y pequeños y medianos empresarios”, así como el fomento de convenios productivos de tierras mapuches, pero innegablemente debilita el cumplimiento del segundo objetivo que se propuso la Comisión, de “alcanzar consensos, y otorgar legitimidad a las políticas y soluciones que proponga”, que el representante del sector agrícola haya rechazado el informe.
En relación con la participación de representantes de empresas forestales durante el proceso de elaboración del informe, si bien es correcto lo que sostiene la comisión en cuanto a que manifestaron su disposición a “otorgar una respuesta en un plazo acotado a la demanda actual de tierras que existe ante Conadi asociada a predios de su propiedad”, en lo que respecta a la “disposición para ser parte de la solución que propone esta comisión”, debemos aclarar que el informe final solo fue conocido por los mismos, con todos los elementos que aquí se mencionan, el día de su publicación.
Como industria forestal valoramos el reconocimiento que los comisionados hacen de nuestro rol y, al igual que en todas las ocasiones donde hemos sido convocados a contribuir por la paz y el desarrollo regional, reiteramos nuestra disposición a seguir construyendo caminos de solución con una visión de largo plazo y abordando los problemas más urgentes, como seguridad y pobreza, que limitan el desarrollo y la calidad de vida de todos los habitantes de estas regiones. Confiamos en que el futuro debate legislativo acote la incertidumbre y fortalezca los mecanismos alternativos de reparación, de manera que sea innecesaria la reapertura de un proceso de tierras, para así evitar presiones indebidas sobre propietarios y mayor exigencia a las arcas fiscales. (El Mercurio)
Rodrigo O’Ryan Blaitt
Presidente Corporación Chilena de la Madera
