Esta semana el Ministerio de Educación (Mineduc) publicó una nueva nómina de personas que accederán a la gratuidad universitaria. Con esto, 80.163 alumnos de cursos superiores podrán estudiar sin pagar, los que se suman a los cerca de 27 mil que entrarán por primera vez a la universidad y que también contarán con este beneficio. Así, comienza a adquirir forma esta nueva política pública. Sin embargo, no será hasta abril cuando los planteles sepan con exactitud cuántos serán los estudiantes que recibirán la ayuda y, con eso, cuánto será el monto exacto que el ministerio les transferirá por ellos.
Las instituciones aseguran que no pueden esperar tanto para recibir la primera cuota de recursos por parte del Estado, por lo que el Mineduc se comprometió a que recibirán un adelanto de las transferencias por gratuidad en febrero. Eso sí, los presupuestos ya están preparados y en aquellas universidades donde calculan pérdidas producto de la gratuidad, ya tienen diseñadas sus propias estrategias para enfrentar la situación este año.
En el caso de la U. Finis Terrae, proyectan un déficit de alrededor de $ 1.200 millones.“Hemos optado por dejar en stand by algunos programas de desarrollo de la universidad, recortar todos los gastos que se puedan, pero tratando de no tocar el tema de desarrollo académico”, indicó el rector de dicho plantel, Cristian Nazer, quien agregó que “intentamos mantener el desarrollo de infraestructura. Teníamos pensado este año empezar la construcción de un edificio, pero se tuvo que posponer”.
En la U. Alberto Hurtado (UAH) calculan un déficit de $ 1.400 millones y, en esa línea aseguran que su estrategia es, dentro de lo posible, no aumentar los gastos.
“Será un año austero y vamos a tener que hacer algunos ajustes, como mantener los gastos en parámetros similares al anterior, pero bajo ningún motivo contemplamos medidas drásticas”, señaló Ricardo Carbone, director de Aprendizaje Institucional de la UAH.
Esta estrategia es similar a la que está considerando la U. Católica Silva Henríquez, que presume un déficit de $ 500 millones. Según explicó el director de Planificación y Desarrollo, Patricio Guerrero, su idea es “no disparar gastos en áreas en que no sea necesario”.
El plantel con mayor disminución de ingresos por la gratuidad es la U. Autónoma, con $ 3.000 millones. “En particular nuestra universidad tiene un importante patrimonio y gran parte de los inmuebles que utiliza son propios. Lo que realicemos más adelante, lo más probable es que tenga que ver con disminución de procesos de inversión a la espera de tener mayor claridad de las normas del sistema universitario chileno”, señaló Teodoro Ribera, rector de ese plantel
Pero las universidades privadas adscritas a la gratuidad no son las únicas que deberán tener un año más ahorrativo, producto de la menor inyección de recursos que les implica la nueva política pública. Dentro del Consejo de Rectores, en la U. Católica, la U. de Antofagasta, la U. Federico Santa María y la U. Católica de Valparaíso, persiste el déficit.
Desde la U. Católica señalaron que esta situación “no generará un cambio significativo en la estrategia financiera para este año”, enfatizó Loreto Massanés, vicerrectora económica de la UC. La autoridad universitaria explicó que esto se debe a que el plantel lleva un tiempo “comprometido entregando a un grupo importante de alumnos vulnerables becas que cubrían la brecha entre arancel referencial y arancel UC. Esto implica que un monto significativo del presupuesto que la universidad destinaba a becas deberá ir destinado a cubrir esta brecha”.
En tanto, la U. de Antofagasta calcula $ 450 millones menos de ingresos, situación que enfrentarán mediante “reducción de gastos en recursos humanos y gastos de bienes y servicios”, señaló el rector Luis Loyola. Esto implica un “menor contrato de servicios a honorarios, es decir, evitar prestaciones de servicios y considerar una mayor carga en jornada de profesores”, agregó.
Claudio Elórtegui, rector de la UC de Valparaíso, plantel que percibiría $ 450 millones menos, explicó que tendrán que frenar las “inversiones, es decir, todos los gastos que significan avanzar en expansión de la planta física, equipamiento, mejoras en docencia, entre otros”.
En la U. Federico Santa María apelan a solucionar esta situación mediante negociaciones con el Mineduc, según explicó el rector de dicho plantel, Darcy Fuenzalida.
A largo plazo, los rectores coinciden en que el Mineduc debe resolver esta situación en la reforma a la educación superior. “Este déficit no es sostenible en el largo plazo y como universidad le hemos planteado al ministerio que es un tema debe arreglarse en un corto periodo de tiempo”, señaló Massanés.
Coincide con ella el rector Nazer, quien sostiene que en su caso, el congelamiento de la expansión en infraestructura “es algo que postergamos, pero que no vamos a poder postergar mucho tiempo más, porque vamos a necesitar infraestructura para la docencia”.
En tanto, el rector Ribera señaló que “el llamado a la sociedad chilena es a que hagan más con menos, a que aumenten su eficiencia en los procesos académicos. Una gestión prudente de las universidades es necesaria, mientras el marco regulatorio no está”.
