El diputado UDI Guillermo Ramírez anunció que el partido rechazará una propuesta oficialista para limitar el campo de acción de los agentes encubiertos, añadiendo que el uno de los autores de la misma es un declarado crítico de la acción de Carabineros.
Como se sabe, el Ministerio del Interior informó la semana pasada que los homicidios aumentaron casi 50% ente 2018 y 2022 y sólo en 2022, el 38% de los asesinatos fueron vinculados a bandas, por lo que su temprana desarticulación se vuelve algo crítico.
Como se sabe, una de las herramientas que se usa para a indagación de estos y otros casos, es la de los agentes encubiertos. La figura fue ampliamente criticada desde el estallido de 2019. Sin embargo, en enero de este año la Corte Suprema respaldó su uso en un caso donde carabineros infiltrados detuvieron a tres jóvenes lanzando bombas molotov a uniformados en Plaza Italia (2019).
Los involucrados fueron condenados, pero pidieron la nulidad del caso argumentando que el capitán a cargo actuó como “agente encubierto, camuflándose y escabulléndose entre los manifestantes, sin contar con autorización judicial que validara este proceder”. No obstante, la Suprema falló a favor de los uniformados.
Eso es algo que el gobierno quiere cambiar, pues en enero presentó por primera vez indicaciones al proyecto de ley que fortalece y moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado. En el documento, proponen que toda acción de esos agentes deba estar previamente autorizada por vía judicial (hoy es una autorización administrativa), lo que supondría una mayor burocracia y riesgos de pérdida del secreto que requiere este tipo de acciones.
El coordinador designado por la Subsecretaría del Interior para este tema es un férreo defensor de los datos personales y crítico de las policías.
En efecto, cuando en abril Monsalve se refirió a las indicaciones en la Cámara, le dejó la palabra al coordinador de Ciberseguridad del Ministerio de Interior, Daniel Álvarez Valenzuela, que es quien quedó a cargo de esta discusión. No obstante, esta se centró más bien en el acceso a información de fuentes cerradas, sin ahondar en los agentes encubiertos, que recogen información de fuentes abiertas.
Según un ex funcionario del área, esto responde a la forma de aproximarse de Álvarez a estos temas, pues fue uno de los fundadores de la ONG Derechos Digitales, que tiene “como objetivo fundamental el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en el entorno digital” y promueven fuertemente la privacidad de los datos personales.
En 2014, en las segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet, Álvarez entró al gobierno como secretario ejecutivo del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad y, en 2022, con el gobierno del Presidente Gabriel Boric, regresó. Entre gobierno y gobierno, el también profesor de la Universidad de Chile, criticó el proyecto de ley afirmando que carecía “de transparencia y control judicial” y escribió llamativos tuits respecto a la aplicación de agentes encubiertos y abiertas críticas a carabineros.
Actualmente, la ley permite que los “directores o jefes de los organismos de inteligencia militares o policiales, sin necesidad de autorización judicial”, puedan disponer que algunos de sus funcionarios oculten su identidad para obtener información e incluso ingresar a organizaciones sospechosas de actividades criminales, siempre que el objetivo sea “resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico”.
De Álvarez ha trascendido que es postulado por sectores de Gobierno para transformarse en una suerte de Zar de la Ciberseguridad
CRITICAS DE SENADORES
El proyecto que aprobó el Senado en 2020 no abordó este punto. Por el contrario, sumaron incisos respecto a la destinación de funcionarios que en comisión de servicio oficiaran de agentes encubiertos, recuerda el senador Kenneth Pugh (RN), quien considera que “exigir autorización judicial previa para la utilización de agentes encubiertos, desvirtuaría esta valiosa herramienta y en la práctica la volvería tardía y por ende ineficiente, considerando además que una etapa judicial previa disminuiría enormemente la probabilidad de mantener el carácter secreto que debe poseer la identidad del funcionario para estos casos”.
Pugh explica a El Líbero que el requisito no es propio de la dinámica de inteligencia, que requiere celeridad y resguardo. “Las agencias de inteligencia tienen ‘agentes secretos’, a los que los mismos estados les provee de identificaciones oficiales para desempeñar sus funciones. Esta se realiza durante gran parte de su carrera y sólo cambia si su cobertura ha sido descubierta o se ha decidido darle visibilidad pública a su trabajo, por lo que no es una función temporal como la que cumple un ‘agente encubierto’, normalmente para obtener evidencia en un proceso judicial, dirigido por un fiscal”, diferencia.
El senador Pedro Araya (Ind), parte de la comisión de Defensa que aprobó la primera versión del proyecto, señala a este medio que es necesario que se entienda que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) no tiene por objeto esclarecer delitos, sino recabar información y ponerla a disposición para políticas públicas y toma de decisiones, por lo que es fundamental que pueda producir su propia información y no sólo hacer análisis de terceras fuentes y de prensa. En ese sentido, valoró que los agentes encubiertos investiguen a personas y organizaciones que “no tienen por objeto cometer delito, pero que sí son un factor de riesgo. Es útil que el Estado sepa esa información por resguardo”.
Entonces, ¿a qué se debe el cambio? En la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara el 24 de abril pasado, el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, presentó las indicaciones afirmando que “tocan fundamentalmente la arquitectura del Sistema Nacional de inteligencia que nos parece un elemento muy importante sobre el cual queremos profundizar, pero también toca un segundo elemento que son los procesos por los cuales se obtiene la información necesaria para la inteligencia del país”. No obstante, no se ahondó sobre el cambio en los agentes encubiertos.
YUSEFF: «AUTORIDADES NO TIENEN EXPERIENCIA»
A juicio del ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, el giro propuesto es propio de autoridades con “falta de experiencia (…) se está dando la particularidad que quienes discuten estas normas nunca han tenido relación concreta con la inteligencia. La inteligencia es un saber práctico, no es física teórica”.
En ese sentido, Yuseff dice a El Líbero que aquello que el gobierno quiere resguardar ya está suficientemente protegido (acceso a las comunicaciones de terceros) por lo que el cambio sugerido sería “poco práctico y burocrático (…) si yo voy a escuchar el teléfono, si yo voy a entrar a la casa de alguien, entonces, en esos casos sí se requiere hoy en día y siempre, autorización judicial. Pero si una persona va a hacer una labor en la calle de investigación, por ejemplo en una esquina donde venden droga, eso me parece absurdo”, advierte.
“Lo que se percibe en este cambio es una diferencia profunda entre el Ejecutivo saliente y el entrante, respecto a la forma de concebir esta herramienta y la valiosa ayuda que podría prestar el aplicarla de forma rápida y eficiente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué la introducción de un elemento como la autorización judicial previa, debiera mejorar o hacer más eficiente esta figura del agente encubierto?, la verdad es que no se vislumbra una respuesta, al menos desde el punto de vista de la eficacia”, sostiene Pugh, recordando además que en mayo de este año, la Corte Suprema envió a la comisión de la Cámara un informe donde expone que este cambio implica otorgar a los tribunales una potestad que actualmente no poseen, y que es necesario analizar la conveniencia de esta modificación, dado que existe más legislación en materia de agentes encubiertos, como la ley 20.000, sobre tráfico ilícito de estupefacientes, que contempla esta figura entregando su empleo a la decisión del Ministerio Público; “entonces, ¿por qué en este caso los agentes encubiertos deben depender de una autorización judicial?, no se entiende la racionalidad de la propuesta”, comenta el senador. (El Líbero-Sin Filtro-Red NP)
