“Este sistema fracasó, paga pensiones de hambre” es el discurso que ha repetido la izquierda como un mantra, y que la ministra del Trabajo refrenda cada vez que puede. Ciertamente, las pensiones autofinanciadas son bajas, lo que por supuesto es un problema. Para resolverlo, debemos encontrar las causas. ¿Y cuáles son las causas que suele mencionar el oficialismo? Esa pregunta le hice a ChatGPT y me respondió: “Las bajas pensiones pagadas por las AFP en Chile se atribuyen a varias razones. Entre ellas, las altas comisiones que las administradoras cobran sobre los fondos, los bajos rendimientos de las inversiones, la volatilidad del mercado, y la falta de solidaridad en el sistema, donde las pensiones están más vinculadas a las cotizaciones individuales que al bienestar colectivo”.
La verdad es que ninguna de estas es una causa relevante de las bajas pensiones; las comisiones se pagan del sueldo y si se eliminaran las utilidades que obtienen las administradoras, la mejoría de pensiones estaría en torno a un 5% solamente. Además, dos tercios del ahorro acumulado se explica por los retornos, y el pilar solidario, pagado por todos los contribuyentes, es un componente muy significativo del sistema.
Le pregunte entonces cuáles son las razones que mencionan sectores de derecha, y esta fue la respuesta: “Desde el sector de derecha, algunos argumentan que las bajas pensiones se deben a factores como la longevidad creciente, la insuficiencia de ahorros individuales y la necesidad de fomentar la responsabilidad personal en la planificación financiera para el retiro”. Bastante más cercano a la realidad, aunque resulta evidente que hay diferencias importantes en el diagnóstico, y si eso es así, es difícil que las propuestas converjan, como de hecho vemos que ocurre actualmente, en que se ve difícil lograr un acuerdo.
La forma correcta de determinar las causas es, por supuesto, estudiar los datos, esfuerzo no trivial, por cuanto durante muchos años la disponibilidad de datos fue muy escasa, y hasta hace pocos años atrás, la Superintendencia de Pensiones solo publicaba la cifra de pensiones promedio autofinanciadas, sin hacer la separación por años cotizados. De hecho, David Bravo, quien presidió la comisión de pensiones durante el segundo gobierno de Bachelet, inició sus funciones solicitando datos de las historias previsionales completas, información que no se logró obtener. Finalmente, este año, a través de un convenio entre la Universidad Católica y las administradoras de fondos de pensiones, el Centro UC Encuestas y Estudios Longitudinales, dirigido por Bravo, pudo obtener los datos de las historias previsionales completas, hecho que permitió hacer un estudio cuyos resultados han generado bastante polémica, ya que muestran tasas de reemplazo autofinanciadas elevadas en función de lo que efectivamente han cotizado los afiliados durante su vida. De hecho, la mediana de tasa de reemplazo autofinanciada es de 81% para los hombres y de 59% para las mujeres, y si se agrega la PGU, son de más de 100% para los hombres y más de 80% para las mujeres.
¿Significan estos resultados que no tenemos un problema con las pensiones? Para nada, ya que el mismo estudio muestra que respecto al ingreso antes de jubilar, las tasas de reemplazo autofinanciadas son muy bajas, de 37% para los hombres y de 29% para las mujeres. El estudio que acaba de dar a conocer el Gobierno apunta en una dirección similar, calculando tasas de reemplazo en base a los últimos sueldos imponibles. Lo relevante del análisis de Bravo es que se hace evidente la causa más importante de las bajas pensiones: la falta de cotizaciones, ya que en relación con lo que se cotiza, la respuesta del sistema de capitalización es muy buena; entonces, no es el sistema lo que fracasó, como insiste la ministra del Trabajo, sino que necesitamos mayores niveles de formalidad laboral, y también una mayor edad de jubilación, especialmente para las mujeres.
La propuesta del Gobierno no avanza nada en estos temas, y de hecho retrocede, al generar un impuesto al trabajo formal, que fomenta la informalidad. El alza de la PGU va en la misma dirección, mientras nada se hace para impulsar cotizaciones de los grupos que hoy están legalmente eximidos, ni tampoco se establece un aumento en la edad de jubilación, aunque sea gradual y para las generaciones más jóvenes.
Menos visible, aunque mucho más importante, es un resultado en que ambos estudios, el de David Bravo y el encargado por el Gobierno, coinciden totalmente, y es que las tasas de reemplazo, de la manera que se calculen, serán más bajas en el futuro, lo que significa que si hoy estamos descontentos con las pensiones, el problema se agravará como consecuencia inevitable del envejecimiento de la población. Y si existe coincidencia en ese resultado, ¿cómo puede ser que el Gobierno siga insistiendo en que los trabajadores actuales destinen la mitad de su cotización adicional a mejorar las pensiones de los jubilados actuales? La injusticia resulta evidente; todo el aumento de cotización debe ir a ahorro.
Cecilia Cifuentes
