El 4 de septiembre deberemos escoger entre un mal escenario y otro peor. Optar por el Apruebo equivale a condenar al país a un sendero de irresponsabilidad fiscal, al poder de veto de pueblos originarios, y a la judicialización permanente producto de la confusa, imprecisa y ambiciosa redacción del nuevo texto constitucional. Votar Rechazo es una opción menos mala. Pero de ganar el Rechazo, la polarización que se producirá en torno a cuáles cambios constitucionales hacer y cómo avanzar hacia el reemplazo de la constitución actual serán desafíos difíciles. Por eso, aunque gane el Rechazo, no habrá mucha razón para celebrar el 4 de septiembre. En el mejor de los casos, el país entrará a proceso de reforma constitucional permanente por lo menos por lo que resta del periodo del Presidente Gabriel Boric. Las polémicas y discusiones sobre las reformas constitucionales prolongarán la incertidumbre. Con todo, es mejor entrar a un túnel sabiendo que eventualmente encontraremos la luz al final que optar voluntariamente por el suicidio colectivo del país.
Ahora que el texto propuesto por la convención constitucional ya no sufrirá más modificaciones, los analistas y expertos comienzan a evaluar sus potenciales alcances y efectos. Aunque hay dudas sobre la interpretación de muchos artículos, hay tres conclusiones indesmentibles sobre lo que ocurrirá si ese texto se convierte en la nueva constitución de Chile. Primero, el impacto fiscal será enorme. La larga lista de derechos sociales —la constitución arbolito de pascua— obligará al estado a aumentar sustancialmente el gasto público. De poco sirve advertir que los derechos se irán materializando en la medida de lo posible. Sea hoy o en un par de años, el gasto fiscal igual será difícil de controlar. Aunque el país tiene un nivel de desarrollo medio, el texto de la nueva constitución aspira a construir una red de protección social propia de países mucho más desarrollados. Siempre que uno gasta más de lo que tiene, el endeudamiento termina convirtiéndose en una trampa de la que cuesta salir (especialmente cuando las tasas de interés suben y la reputación crediticia del país empeora).
La segunda conclusión inevitable en cualquier lectura del texto es que hay muchísimo espacio para la judicialización. Precisamente porque el texto es excesivamente largo, creativo e innovador, las cortes deberán clarificar cuáles son los alcances de los extensos artículos y qué principios prevalecerán entre los muchos conceptos contradictorios que existen. La judicialización siempre produce incertidumbre y se convierte en un desincentivo a la inversión.
La tercera conclusión es que el extenso texto posee demasiadas oportunidades para que se alcen actores de veto que dificulten las inversiones y los nuevos proyectos. Desde los defensores talibanes de los derechos de la naturaleza hasta los ambiciosos derechos de veto otorgados a los pueblos y naciones preexistentes, la larga lista de actores que podrán intervenir en los mercados y obstaculizar la iniciativa privada resultarán en un costo innecesariamente alto para la actividad económica en el país.
Hay una serie de otras objeciones posibles que se puede hacer a la nueva constitución, pero estas tres bastan para sugerir que, de ganar el Apruebo, el país avanzará inevitablemente hacia un suicidio colectivo. El rápido crecimiento que experimentó Chile durante los ahora cuestionados 30 años difícilmente podrá repetirse si la nueva constitución no da garantías a la inversión y a los derechos de propiedad. Mientras dure la incertidumbre y se multipliquen los conflictos judiciales para clarificar los alcances del contenido de la nueva constitución, el país difícilmente podrá volver a tener tasas de alto crecimiento.
Pero la alternativa de votar Rechazo no significa que a partir del 5 de septiembre el futuro de Chile sea de miel sobre hojuelas. Si gana el Rechazo, seguirá habiendo una fuerte presión para reemplazar a la constitución de 1980 con un nuevo texto. Por los próximos años, el país continuará inmerso en un prolongado debate constitucional. Eso constituirá un gran obstáculo para la inversión. A su vez, la presión sobre el gasto fiscal se mantendrá. Además, ahora que posiblemente bajen las barreras para promulgar reformas a la constitución, aumentarán las ganas por alterar el diseño institucional y las reglas del juego. Si gana el Rechazo, no se acabará el debate sobre reformas constitucionales. Después que la convención constitucional corrió los límites de lo posible y todas las instituciones se han convertido en candidatas para innovación constitucional, no cuesta imaginarse que el debate de reformas constitucionales en caso de ganar el Rechazo se asemeje a la locura de un manicomio.
Es verdad que siempre es mejor estar vivo. Cuando un grupo opta por el suicidio colectivo, las cosas ya no pueden mejorar. Para los vivos, en cambio, se puede aspirar a salir algún día del manicomio de reformas constitucionales permanentes. Por eso, parece más razonable optar por el Rechazo el 4 de septiembre. Aunque eso implique que el país vaya a pasar varios años en la vorágine de reformas constitucionales permanentes, siempre podremos consolarnos de saber que el país estuvo muy cerca de cometer un suicidio colectivo. (El Líbero)
Patricio Navia
