El 20 de febrero pasado, el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama recibió un oficio de la Contraloría Regional. Se trataba de la respuesta a una consulta realizada por el servicio al ente contralor sobre los sueldos pagados a los asistentes y profesionales de la educación que, durante el año pasado, paralizaron por 87 días.
- “El Servicio Local de Educación Pública —SLEP— de Atacama se dirigió a esta Contraloría Regional para solicitar un pronunciamiento respecto de la procedencia y forma de requerir el reintegro por remuneraciones pagadas a asistentes y profesionales de la educación por encontrarse en paralización de actividades”, comienza el oficio de una página al que tuvo acceso Ex-Ante.
- “En efecto, el servicio luego de citar la normativa y jurisprudencia aplicable consulta si procede que aquel realice las acciones tendientes a obtener el reintegro de los pagos por los servicios que no fueron prestados en el contexto de la paralización, y en caso de ser afirmativa la respuesta, si se puede realizar directamente o bien a través de la orden de reintegro formalizada por un acto administrativo, en atención de que los pagos ya se realizaron, sin perjuicio de las atribuciones del artículo 67 de la ley N° 10.336”, dice el segundo párrafo del oficio.
- Ante la consulta, la Contraloría es clara y contundente: “El propio servicio invoca una serie de normativa y jurisprudencia vigente y aplicable al caso en cuestión, por lo que no cabe sino reafirmar la aplicación de aquella, recordando que la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República resulta obligatoria para todos los órganos de la Administración sometidos a su fiscalización, de modo que su inobservancia importa la infracción de los deberes funcionarios de los servidores públicos involucrados, comprometiendo su responsabilidad administrativa”.
El dilema del Mineduc. La respuesta entregada por la Contraloría al SLEP Atacama no solo supone que se deben solicitar los reintegros de dineros de asistentes y profesionales de la educación que no realizaron funciones por estar en paro, sino que, además, si dicho reintegro no es solicitado, sería una infracción de los deberes funcionarios.
- Fuentes que son conocedoras de este proceso plantean que es importante destacar que es el SLEP el que realiza la consulta a la Contraloría, citando una serie de normativas vigentes, y no es la Contraloría la que define oficiar por cuenta propia al servicio.
- Desde el Gobierno plantean que el oficio es de conocimiento no sólo por el Mineduc, sino también por la directiva del Colegio de Profesores de Atacama que este viernes comenzó una huelga de hambre.
- En el Ejecutivo, dicen, aún no tienen claridad de cómo utilizar esta carta ante un eventual retorno a clases por lo bajo accidentado con la advertencia de los profesores de comenzar una nueva paralización el mismo martes 5 de marzo.
- Ese día, de los 79 establecimientos que dependen de dicho SLEP retornarán a clases, de los cuáles 11 tendrán jornadas flexibles. Esto último fue reconocido por la propia directora ejecutiva suplente del SLEP, Cecilia Brito, en la sesión de la comisión de Educación del Senado realizada este viernes en la zona.
- Sectores del oficialismo explicitan que sería “impresentable” que sea el Gobierno de Gabriel Boric, quien en 2011 fue líder del movimiento estudiantil, el que decida solicitar el reintegro de los sueldos a los profesores por realizar protestas “en busca de una mejora en el sistema de educación”. (Ex Ante)
