Más de 700 trabajadores de La Araucana han sido despedidos en las últimas semanas. Así lo comunicó ayer el sindicato de esa Caja de Compensación en una reunión con el director del Trabajo, Christian Melis, a quien también le planteó el temor por el futuro laboral de 1.600 funcionarios.
“La directiva sindical expuso que en las últimas semanas más de 700 trabajadores han sido despedidos en medio de una grave crisis económica que tiene a la Caja de Compensación a punto de caer en cesación de pagos, luego de que días atrás no pudiese cubrir con la banca $ 46 mil millones y se estima que tampoco podrá hacerlo el próximo 15 de este mes con otros $ 45 mil millones”, detalló la Dirección del Trabajo (DT).
El escenario que enfrenta La Araucana es tan complejo que, el 30 de octubre, fue intervenida por la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso). Esto implica que un profesional externo, Robert Rivas, en su calidad de interventor, tendrá hasta el 30 de abril de 2016 el gobierno de la entidad, asumiendo las funciones del directorio y del gerente general.
Los despidos, en todo caso, fueron previos a la llegada del interventor, señaló un conocedor del caso. “Fueron parte del plan de reestructuración para generar liquidez”, dijo.
Otros funcionarios de la Caja, informó la DT, han recibido ofrecimientos para reducir sus salarios a cambio de conservar sus empleos. “El Sindicato también está inquieto por la falta de información oficial sobre el estado real de la empresa de parte del interventor, lo que mantiene en total incertidumbre a los trabajadores”, agregó.
MÁS PREOCUPACIÓN
La Suseso consignó que la Caja manipuló sus Estados Financieros de 2014, presentando resultados favorables al mercado, lo que le permitió acceder a mejores condiciones de financiamiento y dar bonos por desempeño a la alta administración. Además, detectó desvíos de recursos de origen fiscal que debían destinarse al pago de subsidio maternal.
Entre los acreedores, bancos y bonistas, se han acentuado las preocupaciones, detalló una fuente: “hay mucho secretismo y falta de información”. Otro conocedor del caso sostuvo: “¿cómo es posible que las autoridades financieras estén fuera de esto y lo hayan dejado sólo en manos de la Suseso, que no alcanza a cubrir la envergadura del problema?”.
En este contexto, los bonos de la serie A se dejaron de transar al 90% del valor par, que es el porcentaje del precio actual sobre el precio real de la deuda. Es decir, si la deuda del bono es 100, hoy se vende a 90. Los bonos de la serie E se han transado recientemente al 59% del valor par y los de la serie B lo hicieron al 53,95% del valor par. Con todo, la fuente indicó que “esto ratifica que el problema de la caja es de gobierno corporativo y no de solvencia; de lo contrario, pagarían cero”.
SITUACIÓN FINANCIERA
Esta semana se veía clave para La Araucana. La fecha de pago a los bonistas era inminente, aunque de acuerdo lo estimado por el mercado la caja de compensación no tenía cómo hacerlo.
En efecto, la deuda por vencer de $ 45 mil millones no será cancelada, comentan fuentes del proceso. Y es que existe otro plan en la mesa: los bancos acreedores y los bonistas pretenden llegar a un nuevo acuerdo antes del 25 de noviembre.
La disposición de los distintos actores de reestructurar la deuda -que en total suma unos US$ 642 millones- y las fechas de vencimiento está, así como la posibilidad de pago siempre y cuando se siga un proceso ordenado y a todos por igual, advierte un involucrado.
De hecho, la caja es viable, ya que cuenta con unos $ 12 mil millones en liquidez con los cuales podrían generar utilidades en el mediano plazo para financiar las deudas reestructuradas. El problema es que hoy día los bonistas quieren que se les pague primero.
El conflicto partió porque Corpbanca se pagó antes unos $ 6 mil millones, lo que quebró las confianzas y endureció las posturas de los bonistas, dicen los involucrados.
Como sea, de aquí a comienzos de la próxima semana, los bancos acreedores se volverán a reunir con los bonistas y el interventor, con el fin de encontrar una solución. Si eso no sucede, y en dos semanas no se llega a acuerdo, es probable que éstos acudan a tribunales.
LA INSOLVENCIA
La caja de compensación llegó a esta situación, entre otros factores, por su calidad de entidad sin fines de lucro, que como generaba utilidades tenía que usarlas. En esa línea, La Araucana comenzó a contratar personal caro y a invertir en institutos profesionales y centros de formación técnica. En este contexto, entró en vigencia la tasa máxima convencional, y el tope que se puso en el descuento por planilla, por lo que todos esos gastos se hicieron insostenibles, comenta un ejecutivo.
De esta forma, la caja debe alrededor de $ 240 mil millones a los bancos y unos $ 180 mil millones a los bonistas. Así, la deuda vencida a la fecha más que la está por vencer el próximo 15 de noviembre -y que tampoco será cancelada- abarca más del 20% de la deuda total financiera de la entidad.
OTRAS RAZONES
Éste es un ejemplo de un mal gobierno corporativo, comentó el superintendente de Seguridad Social (Suseso), Claudio Reyes, destacando que la compleja situación de la firma también tiene relación con una mala gestión. «Ésta se refleja en haber generado empresas que no tienen que ver con el núcleo del negocio», dijo.
El regulador también aseveró que en este caso pueden haber «instituciones financieras que probablemente prestaron con mucha facilidad, no evaluaron el negocio, la calidad de quienes están recibiendo el negocio y su gobierno corporativo».
La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif), por su parte, si bien no fiscaliza a las cajas de compensación, sí ha estado monitoreando este tema, específicamente lo que refiere a los bancos involucrados.
Además, también fue materia de discusión en el último Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), donde asistieron la Ministra del Trabajo, Ximena Rincón y el Superintendente de Seguridad Social, Claudio Reyes. En la sesión abordaron la situación de la caja y su alcance.
CONGELAN ACTIVOS
En otro ámbito, los principales activos inmuebles de La Araucana fueron congelados como medida precautoria en el marco de una demanda laboral. La acción, interpuesta por el estudio de abogados Jordán, Barahona y Cía, en representación de la ex fiscal de la caja, Claudia Ripoll, ante su despido sin justificación, evita que dichas propiedades sean vendidas.
Se trata de dos inmuebles cuya valorización asciende a unos $ 1,2 mil millones.
