“Nuestro objetivo es todo el Wallmapu”, se leía en uno de los lienzos que dejaron tras la quema de más de 50 maquinarias en la central Rucalhue. El proyecto que no ha estado exento de crítica por parte de comunidades y organizaciones medioambientales. Está ubicado en una zona de interés para aquellos grupos violentos organizados, que argumentan reivindicaciones territoriales.
El Wallmapu, como le llaman estas organizaciones, alguna vez fue conocido como el Estado Nación Mapuche. Su reclamación data de los años 90, cuando se registró el primer hecho asociado a la conflictividad de la zona. Uno bien distinto a lo que vemos hoy. En esa época se ingresaba a un campo, se practicaba un ritual indígena y era desalojado después de un tiempo, ya sea pacíficamente o con algún enfrentamiento leve con la fuerza pública.
Esos días quedaron atrás, la problemática ha avanzado a niveles de violencia que afectan el desarrollo, la inversión y la vida diaria de los chilenos que viven allá.
Se ha criticado que la llegada de las grandes empresas a fines del siglo XX cambió la cara de las relaciones comunitarias, pero lo cierto es que esa cara la cambiaron grupos como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y otros que le siguieron cuando pasaron a una etapa de uso de violencia para conseguir un objetivo político.
1997 corresponde a ese momento de cambio. El atentado a camiones de una forestal a fines de ese año cruzó una línea que sólo avanzaría a una profundización del uso de la violencia como método de acción política. El siguiente momento de cambio fue la muerte del matrimonio Luchsinger – Mackay y después el ataque al molino Grollmus.
Este gobierno va a cumplir 3 años de Estado de Excepción Constitucional en la zona, lo decretaron en mayo de 2022 luego de comprobar que levantarlo envió la señal equivocada a los grupos terroristas. Quienes viven en la Macrozona Sur, reconocen la contribución de los militares, pero el problema es que sin una estrategia contra el terrorismo no se va a llegar a ninguna parte.
No son los militares, ni el gobierno, ni la central Rucalhue, es el “Wallmapu” y siempre lo ha sido. El problema es que en la Macrozona Sur la amenaza es el terrorismo, esos grupos que quieren sacar al Estado del territorio.
El ministro de Seguridad dijo que se aplicaría la Ley Antiterrorista, incluso afirmó que era una señal simbólica, política. El simbolismo político detrás de la señal que se dé es fundamental, este tipo de grupos está a la espera de ver cómo reaccionará el Estado y cuán fuerte es su gobierno. El asunto es que no sea sólo una señal, sino que una constante en cuanto a que el poder lo tiene el Estado y no los grupos que buscan desestabilizarlo.
No hay que confundirse con la actividad criminal organizada en torno al robo de madera, tráfico de armas o narcotráfico. Éstas serán de interés de los grupos terroristas mientras les entreguen recursos para financiar la causa. Esa causa es el objetivo final, no el negocio ilícito. No importa el esfuerzo de los privados ni cuántas veces se invoque la Ley Antiterrorista, siempre será el Wallmapu y mientras no se logre su control, la lucha se mantendrá. (El Líbero)
Pilar Lizana
