Pero las distintas restricciones que se impusieron a los candidatos deberán ser resguardadas por el Servicio Electoral (Servel), organismo al que se le entregó autonomía constitucional frente a los poderes del Estado y mayores atribuciones de fiscalización. En el oficialismo y en la oposición existe inquietud por cómo se desarrollarán los comicios bajo las nuevas normas y por la real capacidad que tendrá el Servel para detectar posibles irregularidades.

Así, a menos de dos meses de los comicios en 345 comunas del país, el presidente del consejo directivo del Servel, Patricio Santamaría, advierte que existirán deficiencias en la implementación de las normas de probidad, junto con detallar los puntos débiles en la fiscalización de las elecciones.

“Hay una gran expectativa de parte de la ciudadanía en la fiscalización que podamos hacer como Servicio Electoral. Ese es un tema que hay que aclarar”, explica. Y agrega: “Cuando pedíamos la ley para el 30 de septiembre del año 2015 y posteriormente la tuvimos publicada el 15 de abril de 2016, nosotros dijimos que vamos a hacer un período de marcha blanca, con fiscalización aleatoria, transversal, y se va a incluir a todas las listas que están participando en las elecciones”.

En este sentido, Santamaría advierte que “no tenemos, por ejemplo, un cuerpo de fiscalizadores que pudiera estar en la calle revisando el tema de la propaganda, porque son facultades que no nos otorgó la ley”.

Asimismo, explica que a pesar de que la ley contempla un aumento de los funcionarios de planta y contrata,  “recién la semana pasada tuvimos las asignaciones presupuestarias que nos permiten legalmente iniciar los concursos para completar esas plantas”. Así, reconoce que, por ahora, han podido contratar a personas “a honorarios para determinadas tareas” con recursos del presupuesto de elecciones.

Carabineros y denuncias

Es por esta razón que respecto de las nuevas normas de propaganda en espacios públicos -que permiten la disposición de carteles de no más de 2 metros cuadrados desde el 23 de septiembre- dice que tendrán que basarse en el trabajo que pueda realizar Carabineros, que tiene la facultad de retirar propaganda electoral ilegal.

Además, agrega que ese trabajo deberá hacerse “con la colaboración de la participación activa de la ciudadanía, que tiene la posibilidad y los mecanismos para hacer las denuncias respectivas”.

En esta línea, recalca que el Servel podrá reaccionar a esas denuncias no necesariamente anteponiéndose a los hechos. “A partir de la denuncia, vamos a enviar a nuestros funcionarios a constatarlas”, señala Santamaría.

Para esto, el Servel habilitó en su sitio web una plataforma para que los ciudadanos puedan dejar constancia de las irregularidades que detecten. En este punto, Santamaría advierte otro aspecto que podría presentar dificultades al momento de aplicarse: la tramitación de las denuncias de los ciudadanos.

“Es un sistema que, sin duda, podría llegar incluso a generar una situación no de colapso, pero sí de demora en cuanto a los plazos legales que tenemos para contestar respecto de la tramitación de estas denuncias y de la aplicación, en definitiva, de sanciones”, dice, junto con señalar que “no hay ninguna institución en el mundo que pueda garantizar un buen proceso electoral si no hay un compromiso y un estándar ético alto de parte de quien participa en la elección”.

Atribuciones del Servel

Entre las nuevas funciones que asumirá el Servel se cuenta el autorizar los lugares públicos en los que está permitido que los candidatos instalen propaganda, además de aplicar multas y sanciones por las infracciones a normativas de propaganda electoral y financiamiento de campañas.

En ese sentido, se otorgan mayores facultades de fiscalización, tales como requerir información, emitir citaciones o ingresar a los domicilios o sedes de los candidatos y partidos políticos.

Además, todos los aportes en dinero deben hacerse a través de la cuenta bancaria que habilitó el organismo para cada candidato, por lo que ya no existirán los aportes reservados.

Asimismo, el Servel puede denunciar o presentar una querella -a través del consejo directivo del organismo- ante el Ministerio Público y los juzgados de garantía cuando existan antecedentes de un delito electoral.