El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, abordó la nueva arista de la polémica sobre el convenio suscrito entre fundación Democracia Viva y el Serviu de Antofagasta, la que ahora vincula a otra militante de la colectividad, la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, quien fue advertida sobre el hecho -junto a otros funcionarios de la cartera- en pasado 2 de mayo por la Asociación de funcionarios del Serviu.
Como dio a conocer El Mercurio, la asociación remitió un correo electrónico a la cartera alertando un posible incumplimiento a la Cláusula Tercera de los Convenios ‘sobre la correcta utilización de los recursos'», sin haberse tomado medidas al respecto.
En conversación con radio Concierto, el timonel de RD indicó que «la conversación que hemos manejado, que hemos conversado con la misma subsecretaria, es que cuando ella recibe la información lo conversa en el ministerio, con el ministro y también con todo su gabinete y empieza a recabar información con el Seremi, y el problema es que la información que le fue entregando el Seremi, lo que nos dice la subse, es que fue como parcial , fue de a poco hasta que la cosa fue como creciendo en términos de los problemas vinculados con este convenio en el fondo».
En ese sentido, Latorre señaló que «ella puso la alerta en el ministerio con los distintos encargados (…) y fue recabando información y como que le fueron entregando información de a poco».
«Lo que si ella inmediatamente buscó corroborar y fue la primera pregunta que nosotros le hicimos cuando nos enteramos de esto -bastante después, digamos- es si acá efectivamente el convenio se hace de la misma manera para todas las fundaciones o acá hubo un trato especial con esta fundación, y ahí nos explican que esto se viene dando hace cuatro, cinco años, este trato directo con fundaciones por montos muy altos».
Por tanto, el senador aseguró que Rojas, «no es que oculte la información, sino que lo conversa con todo el gabinete, incluido el ministro y la gente que toma decisiones en relación a estos temas».
Aquilatando el escenario, el dirigente frenteamplista sostuvo que «es bueno que se haya abierto la arista legal porque también era una pregunta que nosotros teníamos y lo hicimos con la diputada, lo hicimos con el ministerio, si es que aquí hay una ilegalidad en la firma de convenio», afirmó.
Por lo demás, el senador aseveró que «yo no tenía información sobre las actividades de esa fundación porque no pertenece a Revolución Democrática. Eso fue una iniciativa de un grupo de personas, algunos militantes, otros no militantes, vincularon académicos, etcétera, para crear una fundación que se ha dedicado a distintas cosas en poco tiempo y claro, están estos convenios con el Estado».
Con todo, el parlamentario acotó que «obviamente hay una dimensión ética de probidad, de pérdida de confianza pública por los vínculos de cercanía con la diputada».
OTRAS FUNDACIONES
Consultado por los tres mil millones de pesos que el Gobierno transfirió a fundaciones «pro Boric», como consignó la unidad de investigación de radio Biobío, Latorre afirmó que «no le tengo temor a la verdad y soy de verdad el primer interesado, como presidente de partido, y es lo que hemos discutido con la directiva, con el consejo político, que acá se llegue hasta el fondo de toda investigación y que se despeje justamente si hay algún ilícito vinculado, algún delito y eso la justicia lo tendrá que sancionar».
«Nosotros colaboraremos y pediremos que se aclare todo, versus aspectos de orden ético, que también son muy importantes , pero requieren otro tipo de sanciones. Por ejemplo la expulsión de un Partido político por transgredir principios éticos».
Particularizando en una estas organizaciones, Latorre acotó que Fundación ProCultura, «tiene mucha experiencia en Chile (…) y tiene convenios con el Estado desde el Gobierno anterior en muchas regiones de Chile».
TOHÁ: «EXISTEN SOSPECHAS DE DELITO»
La ministra de Interior, Carolina Tohá, abordó esta mañana las implicancias de los convenios por $426 millones suscritos por la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, ligada a la pareja de la diputada Catalina Pérez (RD), quien el martes suspendió su participación en la mesa de la Cámara.
«Más que hablar de lo que complica, el Gobierno lo que hace es preocuparse del problema. A mí me parece que cualquier situación que ponga el duda el uso de los recursos públicos, o que genere las suspicacias que ha generado este caso, merece atención y respuestas categóricas», dijo la ministra a Cooperativa.
Entre las definiciones que ha tomado el Gobierno, Tohá recapituló que incluyen la salida de la seremi implicada, hasta una investigación con un sumario, para levantar antecedentes de los equipos del ministerio de Vivienda, «los que van a ser traspasados todos a fiscalía (…) la fiscalía ya está investigando».
Al ser consultada por si ve en este caso algunos indicios de que se hayan cometido delitos, la ministra precisó que «desde el momento en que la fiscalía está investigando, es porque existen sospechas de delito. La fiscalía sólo se involucra cuando ve sospechas de delito. Ahora, la posibilidad no es lo mismo que la certeza».
«Además, el ministro (Montes) ayer dijo algo importante, y es que los montos de este traspaso de esta subvención que no se hayan ejecutado, deben restitutirse, y si no lo hace la organización, el Ministerio va a iniciar las acciones para que sea compelida a hacerlo», expresó la ministra Tohá.
Por otra parte, la ministra abordó las reflexiones que apuntan a complicaciones para el Gobierno de un caso como este, considerando que buscan impulsar una reforma tributaria y que hoy queda en duda el uso de recursos estatales.
«Creo que esa reflexión equivale a una nueva excusa. El mal uso de recursos se combate con transparencia, con leyes que controlen la administración. No se combate desfinanciando las políticas sociales», cerró.
AVISADOS EN MAYO
Conforme avanzan las horas, más antecedentes quedan al descubierto sobre el caso que mantiene en vilo al oficialismo, ante los convenios con fondos públicos cercanos a $426 millones entre la fundación Democracia Viva, de Daniel Andrade, pareja de la autosuspendida vicepresidenta de la Cámara, Catalina Pérez, y Carlos Contreras, ex seremi del Minvu en la Segunda Región.
Entre los datos recientes está que el 2 de mayo pasado, funcionarios del Serviu de Antofagasta pusieron en alerta a las autoridades del nivel central del Ministerio de Vivienda del caso de Democracia Viva; pero no sólo eso, dieron cuenta de otros antecedentes.
Lo hicieron mediante un correo electrónico remitido por la Asociación de Funcionarios del Serviu, a cargo de Carla Olivares, quien pone entre los destinatarios de la información a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, además de un extenso listado de autoridades del Ministerio de Vivienda.
«La Fundación Democracia Viva, actualmente posee 02 Convenios cuyo Director -quien firmó los convenios- es la pareja de la Diputada Srta. Catalina Pérez, lo que nos parece complejo puesto que el seremi es del mismo partido político. A su vez, dicho Director celebró estos convenios en el mes de octubre de 2022, mismo mes en el cual ya era asesor del Ministerio de Defensa», advirtió en ese entonces la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu.
SENADOR ESPINOZA: «PUEDE SER UN CAVAL PARA BORIC»
El senador socialista Fidel Espinoza cuestionó con fuerza al Frente Amplio. ¿Será esto solo la punta del iceberg de algo mucho mayor?
“Para mí, esta es una caja de Pandora que debe abrirse y conocerse en su cabalidad. Este puede ser el caso, lamentablemente doloroso para nuestro gobierno, el caso Caval de este gobierno, porque la verdad es que esto es un tema de alta sensibilidad, sobre todo por lo que significa el tema de campamentos precarios, la vida de la gente en condiciones infrahumanas muchas veces, que los tenemos en todo el país y que lamentablemente se han ido incrementando pospandemia”, declaró el senador Espinoza durante el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler.
El legislador del Partido Socialista (PS) y presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara Alta mencionó que han tenido varias exposiciones en la instancia parlamentaria, y aseguró que el Ejecutivo no ha expuesto la gravedad de lo que ha estado ocurriendo con los campamentos. Entonces, sentenció: “Que los dineros públicos destinados a mejorar la calidad de vida de esas familias estén hoy día, como usted lo dice muy bien, en la punta del huracán, que estén hoy día siendo cuestionados de la manera en que están siendo cuestionados, es tremendamente doloroso, y también debe ser doloroso para el Presidente (Gabriel Boric), porque estoy seguro de que no tenía idea de esta situación”.
Sin embargo, el senador Espinoza agregó que lo más lamentable es que precisamente los mismos aliados del Presidente Boric, a quienes reprocha el “ninguneo” de los últimos 30 años y que han dicho que no gobernarán con amiguismos ni nepotismo, “esa misma generación dorada de la política supuestamente destinada a cambiar todo, estén involucrados en este hecho, me parece simplemente inaceptable”. A su juicio, “se tiene que investigar a fondo y lo primero que quiero decir también con mucha claridad es que aquí en Chile el que nada hace, nada teme”.
“Si ellos realmente no tienen nada que ver con un acto irregular, deben exponer su disposición inmediatamente a la Fiscalía, ya que se ha abierto una investigación por parte del Ministerio Público. Deben poner a disposición, tanto la diputada Catalina Pérez como todos los miembros del directorio de Democracia Viva, celulares y computadoras, para que sean indagados y se pueda demostrar que lo que ellos dicen es verdad”, remarcó el senador Espinoza.
El militante socialista afirmó que “siempre ha habido fundaciones”, pero que en Antofagasta “esté eventualmente malversando fondos públicos” obliga al Ministerio Público a “actuar con rapidez”.
“Las fundaciones no pueden ser un botín para que personas ligadas a los gobiernos de turno se lleven recursos públicos”, añadió el senador Espinoza en El Mostrador Vodcast, al mismo tiempo que reiteró que el Presidente “debe condenar estos hechos y pedir al Ministerio Público que haga todo lo posible por esclarecer los hechos en profundidad”.
“Si Boric no es tajante y comienza a proteger a sus amigos, nos encontraremos en una situación muy grave”, concluyó. (Emol-El Mostrador)
