La tensa relación entre el senador Fidel Espinoza y el diputado Daniel Manouchehri, ambos militantes del Partido Socialista, ha abandonado los pasillos del Congreso para instalarse definitivamente en los tribunales. Espinoza formalizó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso una solicitud de desafuero contra Manouchehri, buscando iniciar una investigación penal por el delito de «injuria grave».
El recurso, patrocinado por el abogado Enrique Aldunate, surge a raíz de los incidentes ocurridos el pasado 10 de noviembre durante la sesión de acusación constitucional contra el exjuez Antonio Ulloa. En dicha instancia, Manouchehri habría calificado de «corrupto» a Espinoza, luego de que este último lo increpara duramente por sus alegatos en el hemiciclo.
EL ARGUMENTO DE LA SESIÓN SUSPENDIDA
Uno de los puntos clave de la ofensiva legal de Espinoza busca neutralizar la «inviolabilidad parlamentaria» que protege los dichos de los legisladores en el ejercicio de sus funciones. La defensa del senador sostiene que las ofensas se profirieron mientras la sesión se encontraba suspendida por el presidente del Senado.
«Cualquier interacción en ese lapso escapa a la función del cargo», señala el escrito, que adjunta videos de la sesión número 66 para demostrar que los insultos ocurrieron tras el toque de la campanilla. Además, la querella acusa un segundo episodio de injurias durante un punto de prensa posterior, donde el diputado afirmó que Espinoza lo había amenazado con agresiones físicas fuera del recinto.
ACUSACIONES CRUZADAS Y PREOCUPACIÓN EN EL PS
La respuesta de Manouchehri no se ha hecho esperar. El diputado por Coquimbo sostiene que fue él la víctima inicial de agresiones verbales, asegurando que Espinoza lo trató de «sucio» y «mentiroso» frente a sus colegas. Incluso, Manouchehri presentó una denuncia ante el Ministerio Público por amenazas, acusando que el senador le ofreció «combos» en medio de la discusión.
Este quiebre genera profunda inquietud en la directiva del Partido Socialista. Existe el temor de que el Poder Judicial adopte una postura rigurosa contra Manouchehri, quien ha liderado las ofensivas legislativas que terminaron con la destitución de figuras como Ángela Vivanco y el propio Ulloa. Al interior de la colectividad preocupa que esta «guerra civil» judicial debilite la posición política de la bancada en un momento de reajustes en el equilibrio de poderes. (NP-Gemini-La Tercera)
