La mañana de ayer, el senador Alberto Espina fue uno de los presentes en la reuniones que sostuvieron algunos senadores de Renovación Nacional, primero, con el ministro del Interior, Mario Fernández, y después con el fiscal nacional, Jorge Abbott. En conversación con “El Líbero” el parlamentario, miembro de la comisión de seguridad del Senado, explica que se le entregaron al titular de Interior algunas propuestas para enfrentar los terribles incendios que afectan a distintas regiones del país e hicieron una critica por la demora “en la reacción” frente a la catástrofe, principalmente en la llegada del avión SuperTanker a territorio nacional.
Entre los temas que se trataron en la cita con el ministro Fernández destaca la limitación de atribuciones que tienen las Fuerzas Armadas, ya que en el decreto número 83 promulgado el 20 de enero, que determina zona de catástrofe a las regiones de O’Higgins y del Maule se sostiene que “desígnase como autoridad responsable de la coordinación y ejecución de los programas de recuperación que el Supremo Gobierno determine para las zonas afectadas, al Intendente de la Región de O’Higgins y al Intendente de la Región del Maule, respectivamente” y agrega “estas autoridades indicadas tendrán amplias facultades para adoptar y aplicar las medidas tendientes a solucionar los problemas que hayan surgido…”. El senador Espina comenta que esta medida es “la típica reacción que tiene la izquierda; en el terremoto le pasó a la Presidenta Bachelet, ella se demoró 48 horas en sacar las FF.AA., bueno, ahora también lo hizo, pero además la restringen. Hay una especie de complejo endémico, una especie de resistencia a que las FF.AA. cumplan el rol que cumplen en cualquier país democrático frente a una catástrofe, por su experiencia, y de acuerdo a la ley que se hacen cargo de este tema”.
Además plantearon al ministro que existe una “ley de inteligencia anticuada”, ya que “la Fiscalía no tiene derecho a acceder a la información de inteligencia de la ANI y si accede no la puede utilizar como medio probatorio. Estamos dando una ventaja gigantesca frente a las grandes catástrofes o eventuales terroristas porque tenemos un Ministerio Público en esta materia con las manos amarradas”.
Finalmente, propusieron trabajar unos días en febrero para poder aprobar la ley que moderniza la Onemi. “Esto no es demagogia, porque este proyecto el Senado lo despecha en dos o tres días y no creo que trabajar en febrero para sacar una ley que se va a quedar postergada vaya a significar un gran esfuerzo y sacrificio y eso se lo pedimos formal y derechamente al ministro”.
– ¿Qué les respondió el ministro Mario Fernández?
– El coincidió, y dijo que lo encontraba razonable; ahora veremos cuál será la reacción de los presidentes de la Cámara y del Senado, entiendo que el diputado (Osvaldo) Andrade (presidente de la Cámara) dijo que no. Yo no logro entender cómo quieren que el prestigio del parlamento mejore si resulta que cuando hay una legislación atrasada, que perfectamente puede despacharse en dos o tres días de trabajo intenso… Contaríamos con una institucionalidad de trabajo adecuada para poder realmente enfrentar los siniestros que puedan ocurrir en el país en el futuro.
– Hay alrededor de 40 detenidos, pero no se conoce su identidad… ¿Por qué pasa eso?
– Veo que el Ministerio Público está investigando a fondo las eventuales conexiones que podrían tener las personas que son detenidas o formalizadas, pero según entiendo hasta ahora no se ha podido establecer que existan organizaciones. No digo que no vaya a ocurrir en el futuro, pero no hay información de organismos que se hayan atribuido estos delitos, lo que considero más grave, porque al revés de lo que piensa mucha gente, cuando hay una organización de carácter terrorista que se atribuye los incendios, entonces el punto está puesto en detenerlos; lo grave es cuando estamos frente a numerosos grupos probablemente inconexos entre sí, de anarquistas, o extremistas que operan cada uno por su cuenta, generando una cantidad de incendios intencionales, pero que no obedecen a una estructura unida. Yo no lo sé, porque no soy de inteligencia, sólo puedo decir que el ministro del Interior nos dijo que eso lo iban a investigar, pienso que acá se tiene que actuar sin complejos por parte del gobierno y otorgarles todos los medios tecnológicos a la Fiscalía y a Carabineros. Un solo ejemplo: en el sur de Chile no opera -y esta es la verdad, aunque digan lo contrario- un avión no tripulado que es una especie de dron, de alta tecnología, que el Ejército tiene y que permitiría perfectamente ir rastreando dónde pueden estar produciéndose incendios intencionales. Pero no opera en La Araucanía, y yo dudo que esté operando en el sur de Chile en este momento.
– Aún no se conoce la identidad de los detenidos y hay mucha ansiedad por parte de la gente. ¿Debería haber más transparencia por parte del gobierno?
– Creo que eso depende del éxito de la investigación y a nosotros el Fiscal (Abbott) nos explicó que cuando se entrega información de detenidos se facilita que, de pertenecer ellos a alguna organización violentista o terrorista, los demás puedan escabullirse y eludir la acción de la justicia. Entonces hay que hacer primar que se ubique a los responsables. Lo que el fiscal señala es que no han logrado establecer que existan grupos organizados, lo que no significa que no existan, pero hasta ahora no hay personas vinculadas entre sí. Puede haber grupos organizados pero no vinculados. Pero es obvio y evidente que acá existen incendios intencionales provocados con el propósito de causar temor en la población, por lo tanto esos incendios ya sean provocados por una persona o por un grupo aquí o en cualquier país del mundo, si el objetivo es intimidar, asustar o amedrentar a la población, constituyen actos terroristas y eso hay que decirlo con todas sus letras.
– Pero algunas personas de las localidades afectadas han dicho que están armadas por temor a que les suceda algo. ¿No es mejor entregar más antecedentes?
– Por su puesto que hay temor, pánico e incertidumbre, porque los incendios van proliferando de forma sistemática, pero creo que en esto la acción de la Fiscalía debería ser coordinada con los servicios de inteligencia para poder actuar. Lo que a mí me preocupa es que yo noto que los servicios de inteligencia no actúan entregando información para que la Fiscalía pueda realmente tomar cursos de acción en los casos que corresponda. La Ley de Inteligencia es anticuada, pero el fiscal nos dijo que estaba con todo su equipo encima del tema y creo que él en eso actuará de manera implacable, pero hay que probar los delitos.
– El ex comandante en jefe de la Armada Jorge Arancibia dijo en una entrevista que “no existe voluntad política de enfrentar a estos grupos concertados que provocan tanto daño” y agregó que “las autoridades saben quiénes son y dónde están los que provocan estos incendios”. ¿Está de acuerdo?
– Esa afirmación la saben los servicios de inteligencia, yo no tengo acceso a eso, pero que hay incendios premeditados los hay, por lo tanto esos hechos deben investigarse. Pero, cuidado, que estos incendios intencionales no pueden servir para, de una u otra forma, bajarle la responsabilidad que tiene el gobierno por una reacción que pudo haber sido más oportuna, entonces hoy nosotros debemos enfocarnos no sólo a criticar sino que a proponer, por eso hicimos (al ministro del Interior) cinco propuestas concretas, porque la ciudadanía está asustada.
¿Qué les dijo el fiscal Abbot en la reunión?
– Que hasta ahora la información que ellos han recibido y que están procesando tiene, a mi juicio, una pata coja y es que la información de inteligencia no está llegando directamente a la Fiscalía y por lo tanto es un tema de coordinación entre el gobierno, los servicios de inteligencia y de la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía está haciendo todo lo que está a su alcance dentro de sus medios, pero si no hay apoyo tecnológico de alto nivel, como son los aviones no tripulados… A estas alturas estas son preguntas que tienen que contestar los servicios de inteligencia, el ministro del Interior y las autoridades pertinentes. Yo siento que tenemos que mejorar considerablemente nuestra capacidad de trabajo coordinado entre la Fiscalía, los servicios de inteligencia, no sólo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones, sino que también de las FF.AA., porque para poder desentrañar lo que está ocurriendo es muy importante contar con la información pertinente.
– ¿La Fiscalía entonces no recibe información y no tiene coordinación con la ANI?
– Lo llevo reclamando hace mucho tiempo: nuestra ley de inteligencia es anticuada y me resulta incomprensible que esa ley impida que el fiscal nacional tenga acceso a información de inteligencia que le permita realizar diligencias que faciliten identificar a grupos que puedan estar cometiendo delitos graves, ya sea que atenten contra la seguridad del estado, o sean delitos de carácter terrorista o de incendio común. Esa información no existe, no se traspasa a la Fiscalía y aún más, si es que se llega a traspasar, se hace de manera muy precaria, sino que además no se puede utilizar en un juicio y por eso me parece que se requiere con urgencia una modernización de la ley de inteligencia, que fue algo que el ministro Peñailillo prometió y jamás cumplió.
– La Presidenta y el ministro del Interior han manifestado la supuesta intencionalidad de los incendios, pero la ciudadanía sabe muy poco. ¿Qué le parece?
– Lo importante a mi juicio es mantener a la ciudadanía informada, pero además que el éxito de esta investigación sea cierto, nosotros tenemos niveles de impunidad en delitos graves en nuestro país muy altas. La pregunta es por qué estos delitos tienen estos niveles de impunidad y eso sucede porque muchas veces la Fiscalía no tiene la información requerida ni coordinación con la ANI, y eso obviamente es un obstáculo que ningún país moderno tiene.
– ¿Cree que ese es el problema de fondo, entonces?
– Mi experiencia por La Araucanía y por otros delitos, es que no hay acceso de la Fiscalía a la información de inteligencia. Tenemos que terminar con los complejos, la Fiscalía debería tener acceso cuando se trata de este tipo de delitos, porque ella es la que llega a la persecución penal. Yo no digo que se dé con fiscales adjuntos, pero por lo menos el fiscal nacional debería tenerla y debería poder dar las instrucciones para que quienes lleven las investigaciones, que son los fiscales regionales, puedan decretar diligencias que sean coincidentes con esa información de inteligencia. Entonces, la debilidad de nuestra ley de inteligencia a mi juicio es un factor clave para la impunidad de esos delitos.
– ¿Cree que el gobierno ha estado atrasado en la investigación, ya que todavía no se sabe nada?
– Yo sólo sé que la reacción del gobierno en todo este episodio fue tardía, pero a esta altura lo que importa, para la tranquilidad de la ciudadanía, es que las investigaciones tengan éxito. Y mientras no tengamos una adecuada coordinación entre la ANI y la Fiscalía, entonces estamos dando muchas veces palos de ciego, y reduciendo la capacidad operativa de la Fiscalía, que es finalmente la que tiene que investigar los delitos, identificar a los culpables, probar la culpabilidad y lograr condenarlos. (El Líbero)
