Este martes la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se reunió para discutir la iniciativa originada en dos mociones refundidas, que modifica el artículo 15 de la Constitución, restableciendo así la obligatoriedad del sufragio.
Con 3 votos a favor, y 2 votos en contra, el proyecto de ley -impulsado por la diputada DC Joanna Pérez- fue aprobado en general por la comisión, y de esta manera avanza a su discusión en Sala en el Senado, donde requiere el respaldo de los 3/5 de los senadores en ejercicio para su aprobación, es decir, 26 votos a favor.
Esto tras la convocatoria de ayer de la misma comisión, en la que escucharon la exposición del presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, sobre la modalidad de voto en otros países de Latinoamérica y los respectivos índices de participación.
Según señalaron los senadores en la instancia, se debe considerar entre las modificaciones del proyecto que este no contempla sanciones a quienes no concurran a votar, y que su entrada en vigencia está condicionada por la modificación correspondiente a la Ley Orgánica Constitucional.
Si bien a mediados de junio, luego de que el proyecto fuese aprobado en particular en la Cámara Baja, la diputada Joanna Pérez dijo a La Tercera que el objetivo es que pueda implementarse para las elecciones presidenciales y parlamentarias fijadas para el 21 de noviembre; el senador y presidente de comisión, Pedro Araya, indicó que “se hace difícil” establecer la obligatoriedad del voto para los próximos comicios.
“Probablemente no alcancemos a votar la Ley Orgánica Constitucional antes de las elecciones de este año. Pero como los próximos eventos incluyen -como el plebiscito de salida-, la obligatoriedad del voto, creo que ha llegado el momento de cambiar la ley”, dijo el senador socialista José Miguel Insulza durante la discusión.
“Se ha demostrado que es simplemente una falta de voluntad para sufragar. Es importante recordar que la obligación de los ciudadanos de votar de todas maneras existe. La idea de este proyecto, para mí, no es sancionar o aplicar multa, si no que en la Constitución debe decir que se debe cumplir con el voto como obligación ciudadana y moral”, añadió el senador y exsecretario general de la OEA, quien votó a favor.
La senadora UDI, Luz Ebensperger, en tanto, votó en contra: “Si hubiera sido parlamentaria cuando se votó por la voluntariedad, hubiese votado por mantener el voto obligatorio. Pero creo que voto obligatorio e inscripción automática quita todo tipo de libertad a la personas”.
“Creo que votar es un deber, pero debe quedar en la conciencia de las personas. Y muchas veces el no ir a votar es manifestar una opinión también y eso debe ser respetado. Además, me parece que obligar a votar no va lograr recuperar el respeto de la ciudadanía”, añadió Ebensperger.
El sistema de sufragio obligatorio en el país estuvo vigente hasta el 31 de enero de 2012, cuando comenzó a regir la ley N° 20.568 de inscripción automática y voto voluntario durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Esto también eliminó la sanción aparejada al incumplimiento de la obligación de votar.
Sin embargo, la ley que debutó ese año durante las elecciones municipales, mostró una alta abstención: 57%. Una baja que se mantuvo en los comicios posteriores: 50.8% de abstención en la elección presidencial de 2013, 65.1% en las municipales de 2016 y un 51% en la segunda vuelta presidencial en 2017.
Las cifras motivaron a algunos parlamentarios a plantear que la baja convocatoria en las urnas podría generar un problema de legitimidad, por lo que comenzó a instalarse paulatinamente la idea de retornar a la obligatoriedad. De hecho, en enero de este año, al no alcanzar el quórum requerido, la Cámara de Diputados rechazó un proyecto similar para retornar a la votación obligatoria, que fue impulsado por la oposición.
Esta reforma que avanza en el Congreso, detalla en su texto que en la ley será sustituida la palabra “voluntario” por “obligatorio”. Se precisará, además, que el sufragio en elecciones primarias será siempre de carácter voluntario, y que “será el Estado quien arbitrará las acciones necesarias para informar, facilitar e incentivar el ejercicio del derecho a sufragio”. (La Tercera)
