La Sala del Senado aprobó este lunes la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Con una votación transversal, la Cámara Alta ratificó el libelo acusatorio que responsabiliza al juez por irregularidades en fallos judiciales y vínculos con abogados imputados por corrupción.
El primer capítulo del libelo, referente al litigio entre Codelco y el consorcio Belaz Movitec, fue aprobado por unanimidad con 43 votos a favor. En este caso, la estatal debió pagar 12 mil millones de pesos tras un fallo redactado por Simpertigue, quien mantenía vínculos personales con los abogados de la contraparte.
El tercer capítulo, vinculado al «Caso Fundamenta», también fue visado por los senadores con 33 votos a favor. Se cuestionó que el magistrado no se inhabilitara en una causa que favoreció a los mismos abogados con quienes, posteriormente, realizó un viaje de lujo por el Mediterráneo.
Durante la deliberación, parlamentarios de diversos sectores enfatizaron que el Poder Judicial no puede operar con «zonas grises». El senador Karim Bianchi señaló que este tipo de conductas representan una «traición a la fe pública», mientras que el diputado Daniel Manouchehri advirtió que el daño a la legitimidad de la justicia es sistémico.
Por su parte, la defensa de Simpertigue, liderada por el abogado Juan Carlos Manríquez, acusó que el proceso estaba viciado por errores en la tramitación inicial en la Cámara de Diputados. Pese a que el exjuez solicitó «justicia» antes de la votación, los argumentos no lograron convencer a la mayoría de los legisladores.
Simpertigue se convierte en el quinto magistrado en ser removido de sus funciones en los últimos dos años, en medio de la crisis de probidad que afecta al sistema judicial chileno. Se suma a los casos de los supremos Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, quienes también salieron del máximo tribunal tras cuestionamientos éticos.
La resolución del Senado ya fue comunicada oficialmente, haciendo efectiva la destitución y la prohibición de desempeñar funciones públicas hasta el año 2030. Dos senadores, Pedro Araya y Francisco Chahuán, optaron por inhabilitarse de la votación por razones de prudencia procesal. (NP-Gemini-La Tercera)
