Este miércoles se vivió una jornada clave para el proyecto que propone un indulto general por razones humanitarias a detenidos en el marco del estallido social. Esto, porque hoy la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la iniciativa que se encuentra aún en su primer trámite constitucional.
Esta semana -y tras ocho sesiones donde expusieron más de una decena de juristas, familiares de los detenidos, representantes del Ejecutivo, del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública y del Poder Judicial- se dio por finalizada la ronda de audiencias para analizar el proyecto y se dio paso así a la votación de la idea de legislar.
La iniciativa contó con los votos favorables de Alfonso de Urresti (PS), Francisco Huenchumilla (DC) y del presidente de la instancia, Pedro Araya (Ind.) y el rechazo de los parlamentarios de Chile Vamos, Luz Ebensperguer (UDI) y Rodrigo Galilea (RN). Ahora pasará a Sala para su votación en las próximas sesiones.
Tras esta votación, los parlamentarios comenzaron a ver el quórum de la votación para la Sala.
El proyecto de ley -originado en una moción de los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Isabel Allende (PS), Adriana Muñoz (PPD), Yasna Provoste (DC) y Alejandro Navarro (PRO)- ya había sido respaldado en las comisiones de Derechos Humanos y de Seguridad de la Cámara Alta.
Su tramitación no ha estado exenta de tensiones. Durante el último mes su avance legislativo cobró relevancia luego de que la Convención Constitucional aprobara una declaración -el pasado 8 de julio-donde demandaron la “máxima celeridad” a la tramitación de la iniciativa. En dicho texto también se solicitó abarcar en el indulto a los presos por el conflicto de La Araucanía desde el 2001.
Desde el gobierno, en tanto, han dejado en claro su postura contraria a la iniciativa, asegurando que genera “impunidad”.
“Hablar de presos políticos o justificar un indulto porque habrían personas que habrían actuado motivadas por razones de carácter político es ocultar la voluntad que algunos quieren simplemente declarar a esas personas, por empatía, por solidaridad con la causa, declararlos impunes, lo cual está ciertamente fundamentando algo que es quizás más grave, que es validad de esta manera la violencia como un modo de actuar en política”, sostuvo el ministro Hernán Larraín cuando participó de la Comisión.
Mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado aseguró que “este es un mal proyecto, porque genera impunidad (…) que avala la violencia”.
En tanto, el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló en una de las sesiones que el proyecto “tiene conceptos absolutamente indeterminados que hacen imposible establecer cuáles son las personas que se encuentran en esta situación” y que había dificultad para determinar el universo de personas que se verían beneficiadas por el indulto.
Justamente, el número de personas en prisión preventiva o formalizadas por hechos vinculados al estallido social fue uno de los puntos que se tomó el debate. Así como también, generó discusión el tema de si en Chile habían o no presos políticos.
El proyecto también generó repercusiones en el ámbito presidencial. La presidenta del Senado, Yasna Provoste, una de las autoras del proyecto, sufrió una protesta de familiares de detenidos en el estallido durante el lanzamiento de su campaña presidencial en Vallenar.
Más reciente fue el hecho que afectó al candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien recibió un golpe de puño durante su visita a la Cárcel Santiago 1 para reunirse con detenidos en el marco de la crisis social, donde se le cuestionó el rol que jugó en el marco de la tramitación de diversas leyes ligadas a la seguridad.
La primera en intervenir fue la senadora UDI, Luz Ebensperger, quien aseguró que “la violencia no puede ser validada como forma de actuar en política (…). Tampoco es bueno confundir acá cuáles son las víctimas”.
“No son delitos políticos, sino que delitos comunes. Se confunde el estallido social, que nace de un descontento político, con delitos comunes que cometieron aprovechándose de este estallido social, pero de que, desde mi modo de ver y la definición que la mayoría de la doctrina hace, no son delitos políticos (…). No se reúnen las condiciones para dictar una ley de indulto general o de amnistía”, complementó.
Mientras que De Urresti, quien apoyó el proyecto, justificó su postura debido a que “la falta de objetividad, el uso abusivo y extendido de la prisión preventiva, el uso indiscriminado de querellas genéricas por parte del Ministerio del Interior, nos lleva a una situación de una serie de casos, de decenas de casos a lo largo de Chile, en la cual la situación es insostenible y se está afectando la liberad y al condición de decenas de personas que participando en un proceso de una revuelta popular frente a un sistema que provocó el inicio de un proceso constituyente (…) no podemos soslayar esa situación”.
“Es bastante claro -dudo que alguien piense distinto- que independiente que el proyecto se denomine de indulto, la verdad es que estamos frente a un proyecto que busca provocar los efectos de una amnistía. Lo dice la Corte Suprema, lo dicen varios tratadistas”, dijo Galilea, quien agregó luego que “la manifestación es un derecho, pero tiene límites, y el límite es que sea pacífica y sin armas. Pedir lo que se quiera pedir es legítimo, pero no por medio de la violencia atacando personas y propiedad pública o privada. Es una línea que no se puede dejar pasar, menos en una sociedad en democracia”.
Por su parte, el senador Huenchumilla aseveró que “me parece que hay una justificación política, histórica y jurídica para que nuevamente el Estado haga lo que ha hecho a lo largo de la historia, para extinguir la responsabilidad penal y buscar un bien superior como lo hizo a lo largo de la historia de Chile”.
GALLI EMPLAZA A SENADORES A DAR CUENTA ANTE VÍCTIMAS
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, manifestó este miércoles su rechazo ante la decisión de la Comisión de Constitución del Senado de aprobar la idea de legislar sobre un proyecto de ley que instala un indulto que beneficiaría a quienes resultaron presos por estar vinculados a hechos de violencia tras el 18-O.
Luego de conocer la determinación, que fue aprobada por tres votos a favor de los senadores Pedro Araya (ind/PPD), Alfonso De Urresti (PS) y Francisco Huenchumilla (DC) y dos en contra de Luz Ebensperger (UDI) y Rodrigo Galilea (RN), la autoridad emplazó a quienes lo apoyaron a dar cuenta ante las víctimas de esos hechos.
Al respecto, Galli señaló que «cómo Gobierno hemos sido reiterativos en esta materia. No corresponde Inmiscuirse en las facultades que son propias de los tribunales de justicia de investigar y esclarecer los hechos de violencia acaecidos luego del 18 de octubre«.
«Por eso, nos resulta inexplicable que senadores hayan apoyado este proyecto de ley que busca la impunidad de quienes cometieron delitos graves, como el lanzamiento de bombas molotov en contra de personas», enfatizó.
En ese contexto, la autoridad sostuvo que «es más, esos senadores tendrán que explicarles a las víctimas del centro de Santiago, del centro de Concepción y Valparaíso, a esas carabineras a las que les quemaron la cara, por qué esos delitos van a quedar impunes».
Cabe recordar que la iniciativa también contó con la aprobación en general en las comisiones de Seguridad y Derechos Humanos y ahora deberá pasar a la Sala para su discusión. De aprobarse ahí, se iniciaría su trámite en particular.
La comisión también definió el quórum que le recomendará al Pleno para su votación. En ese sentido, se determinó que respecto a los artículos generales se debe aprobar por 22 votos (quórum calificado), mientras que los artículos 4to y 5to deben contar con 4/7 de los votos de la Sala, es decir 25 votos.
MULTIGREMIAL RECHAZA APROBACIÓN
La Multigremial Nacional de Emprendedores emitió un comunicado en el que rechaza la aprobación.
“Rechazamos lo que acaba de aprobar la Comisión de Constitución del Senado, ya que una vez más un grupo de parlamentarios legitima la violencia y buscan indultar a delincuentes que terminaron afectando a 15 mil MiPymes en todo el país”, remarcó la organización.
Añadieron que “creemos que esta es una decisión ideológica que pasa por encima del Estado de Derecho y que vuelve a dividir a Chile, justo en momentos en donde miles de emprendedores necesitan reactivar la economía y los miles de puestos de trabajo que se han perdido durante la pandemia”.
“Esperamos que ahora, en la Sala del Senado, prime el sentido común y se piense en todas las familias inocentes que han sido víctimas de actos vandálicos, de daño psicológico y pérdidas materiales irreparables en las distintas zonas cero”, añadieron.
“Finalmente, en esta decisión veremos si los senadores están con las MiPymes y emprendedores o privilegiarán a los delincuentes. Los parlamentarios verán a quien eligen en su votación”, concluyeron. (La Tercera-Emol- La Nación)
