El sector público de salud chileno enfrenta una investigación sin precedentes por el mal uso de licencias médicas, detonada por los informes de la Contraloría General de la República. El Ministerio de Salud (Minsal), la segunda cartera con más casos bajo la lupa después del Mineduc, registra un total de 12.186 funcionarios actualmente investigados en las instituciones del sector, incluyendo la Subsecretaría de Redes Asistenciales, la Subsecretaría de Salud Pública, Fonasa, la Superintendencia de Salud y el Instituto de Salud Pública.
SUMARIOS Y PRIMERAS DESTITUCIONES
La jefa de la División de Gestión y Desarrollo de las Personas de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Verónica Bustos, destacó la magnitud de la investigación, señalando que «no tenemos registro de que haya sucedido antes una investigación tan masiva a nivel de la administración pública».
A pesar de la complejidad del sector, el avance en las investigaciones es significativo:
De los más de 12 mil casos, ya se han instruido 9.022 sumarios administrativos, lo que representa un 74% de la información recibida de Contraloría. Hasta ahora, 124 funcionarios cuentan con una resolución del jefe de servicio. De ellos, 68 ya tienen una resolución tramitada por la Contraloría.
Los resultados concretos ya se están aplicando: 38 funcionarios han sido destituidos, lo que implica la terminación de su relación laboral y la prohibición de reingresar a la administración pública por cinco años. Siete funcionarios han sido multados (descuentos de 5% a 20% de su remuneración). Tres funcionarios han sido suspendidos temporalmente, con rebajas salariales de 50% a 70% por un periodo de hasta tres meses.
TIPOS DE FRAUDES
La investigación abarca diversas modalidades de mal uso de licencias: 6.826 casos: Funcionarios que habrían asistido a casinos mientras estaban con licencia médica. 4.362 casos: Funcionarios que habrían salido del país durante un período de reposo. 610 casos: Funcionarios que obtuvieron licencias emitidas por médicos investigados por fraude. 388 casos: Funcionarios (médicos) que habrían atendido partos en el sistema privado mientras estaban con licencia.
En paralelo a la aplicación de sanciones, el Gobierno ha impulsado medidas legislativas para reforzar la fiscalización: En mayo se promulgó una nueva ley que endurece las sanciones por la emisión irregular de licencias, estableciendo multas de hasta 600 UTM y, en casos de reincidencia múltiple, la suspensión perpetua de la facultad para emitir licencias. El Gobierno también presentó una iniciativa que busca desincentivar el uso prolongado de estos permisos, estableciendo que los funcionarios públicos dejarán de recibir automáticamente el 100% de su sueldo durante las licencias, homologando el sistema con el sector privado. (NP-Gemini-La Tercera)
