Los propietarios del extenso terreno donde se ubica la toma más grande de Chile, en el cerro Centinela de San Antonio, han solicitado nuevamente a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que establezca una fecha concreta para el desalojo de las casi 4.000 familias que usurpan el predio.
La Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A., dueña de las 260 hectáreas desde 1997, acusó al Gobierno de solo «buscar ganar tiempo» y no generar las condiciones para un «acuerdo justo» a pesar de haber participado en mesas técnicas durante seis meses. La empresa lamentó que no se cumplieran las tres condiciones clave del protocolo de la mesa: financiamiento, garantía y un acuerdo de precio total del terreno.
La inmobiliaria señaló que el Ejecutivo buscó que la empresa «financiara con su patrimonio una mala política pública» al proponer un acuerdo basado en cooperativas. Ante el fracaso de las negociaciones, la empresa insiste en que el Estado debe «cumplir con su deber constitucional» y acatar el fallo judicial que ordena la devolución de la propiedad.
El viernes 3 de octubre, la inmobiliaria solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso que «fije un plazo para el desalojo». Esto se debe a que, si bien la Corte ya ratificó el cúmplase de la medida, diversos organismos públicos han informado en escritos que «no están las condiciones» para implementar la resolución judicial.
Los dueños del terreno, que han sido víctimas de usurpación por seis años, consideran pertinente que la justicia establezca una fecha específica y aperciba a las carteras ministeriales involucradas para evitar más dilaciones. Aunque destacaron la disposición del ministro de Seguridad, Luis Cordero, y de la Subsecretaría del Interior para acatar el fallo, recalcaron la urgencia de una fecha para que se habilite con prontitud los albergues necesarios para los cerca de 10.000 residentes. (NP-Gemini-La Tercera)
