El rubro salmonero vuelve a encender las alarmas por el futuro de la actividad. Tal como ocurrió hace un año, en plena discusión con la ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), en esta ocasión la preocupación es por la votación que se realizará el próximo 29 de febrero.
Ese día la Comisión Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC) se pronunciará sobre las solicitudes de dos Espacios Costeros Marítimos de Pueblos Originarios (ECMPO), lo que, a juicio de distintos actores salmoneros, pondría en riesgo a la industria.
Las solicitudes de las ECMPO que se evaluarán son «Cisnes» e «Islas Huichas», permitidas a través de la ley N°20.249, conocida como Ley Lafkenche, para preservar usos y costumbres indígenas.
En la industria señalan que, en conjunto, se podría otorgar la administración de más de 600 mil hectáreas de mar a un grupo «reducido» de 38 personas.
Según Tomás Monge, director territorial de SalmonChile, estas ECMPO «comprenderían el área donde hoy se ubican más de 300 concesiones (acuícolas), que representan el 45% de las existentes en Aysén y, aproximadamente, el 25% de la capacidad nacional de engorda de salmones.
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