El gobierno anunció el envío de un proyecto de ley para reformar el sistema notarial chileno. Sin dudas se trata de una excelente noticia, pues no debe haber otro tema dentro de nuestra institucionalidad donde exista mayor consenso sobre la necesidad de cambios. Los ciudadanos comúnmente tenemos que estar realizando trámites notariales y por lo general quedamos no solo con la sensación de haber perdido mucho de nuestro tiempo, así como haber recibido un mal servicio, sino también con la de haber pagado por algo cuya utilidad no nos queda clara. El estudio que recientemente entregó la Fiscalía Nacional Económica es bastante expresivo en tal sentido.
Lo más novedoso del nuevo proyecto es la creación de la figura de los fedatarios, quienes masificarán los servicios de ministros de fe a lo largo del país. Esta medida, unida a la “desnotarización” de muchos de los trámites para los que hoy, inexplicablemente, se exige una autorización notarial, debieran terminar con la verdadera pesadilla que hoy significa autorizar un documento. ¿Se pondrá así en riesgo la fe pública como han advertido los notarios? No lo creo. Por lo pronto, porque en los hechos los fedatarios ya existen en el país y en las propias notarías. Quienes hayan concurrido alguna vez a realizar alguna de las actuaciones que ahora pasarán a los fedatarios podrá atestiguar que con toda probabilidad no tuvo contacto alguno con el notario, pues quien realmente realizó las acciones para acreditar su identidad fue un funcionario de la notaría, el que luego simplemente le fue a “sacar la firma” al notario. ¿Qué diferencia hay entre lo que hace ese funcionario y lo que hará en el futuro un fedatario? Realmente, ninguna. Además, acreditar la identidad de una persona es hoy algo bastante más fácil de hacer, estando ya muy extendido el uso de sistemas de reconocimiento de huellas dactilares que permiten realizar esta tarea con gran seguridad.
La reforma mantendrá para los notarios sus otras competencias, como las relativas a las escrituras públicas, aunque introduciendo una más estricta regulación de su nombramiento y mejorando su supervisión. Se genera así una excelente oportunidad para transitar hacia un real notariado latino, donde ese funcionario no solo certifique sino también asesore a las partes y redacte los instrumentos, agregando así valor a su intervención. En la medida que ellos brinden ese tipo de servicios tendrá sentido que sean seleccionados en función de sus conocimientos jurídicos y se justificará entregarles el monopolio de esta función.
Por último, también abreviará tiempo y dinero contar con plataformas digitales donde acceder a los instrumentos públicos, así como un archivo centralizado de poderes y el folio real de inmuebles.
Esperemos que los intereses de unos pocos no se impongan al de la mayoría de nuestros ciudadanos y se logre aprobar en breve tiempo esta urgente modificación legal. (La Tercera)
Juan Enrique Vargas
