A medida que se aproxima el cambio de gobierno y la renovación del Congreso, la agenda legislativa entra en una fase particularmente delicada. Es habitual que, en la recta final, se intente acelerar la tramitación de ciertos proyectos de ley. El problema surge cuando, además de impulsarse proyectos necesarios y valiosos, se aceleran aquellos que sólo buscan cumplir compromisos programáticos, obtener réditos políticos o dejar instaladas definiciones que condicionen a las autoridades entrantes, con independencia de sus deficiencias o riesgos.
Entre los proyectos que están por salir del Congreso, se encuentra el que crea un Sistema Nacional de Cuidados. La iniciativa, que pretende ser uno de los legados del actual gobierno, propone una reestructuración a la forma en que la sociedad aborda el cuidado, otorgando al Estado un rol central. Sin embargo, crea una nueva y compleja burocracia y debilita la participación de actores privados que hoy cumplen un rol relevante. Más aún, introduce criterios de priorización ideológicos, dejando en segundo plano la variable socioeconómica, que debiera ser el eje de cualquier política pública eficaz y focalizada. Aunque bien intencionado, puede abrir un frente de muchos riesgos.
Algo similar ocurre con el FES. El nuevo sistema de financiamiento de educación superior propuesto por el gobierno -que viene a reemplazar al CAE-, genera riesgos significativos para los estudiantes y las instituciones universitarias, aumentando su dependencia del Estado. Además, está completamente en duda su sostenibilidad fiscal, cuestión que ha recalcado el Consejo Fiscal Autónomo. Pese a ser una de las principales promesas del actual gobierno, es necesaria su reformulación.
En cambio, existen proyectos que representan avances necesarios y que se están impulsando. La reforma al sistema político del Ejecutivo propone medidas adecuadas para enfrentar la fragmentación partidaria. Por su parte, la reforma al Poder Judicial responde a una demanda transversal por mayor independencia, meritocracia y transparencia en los nombramientos, avanzando hacia una separación más clara entre funciones jurisdiccionales y administrativas. Ambos proyectos, con algunos ajustes, podrían ser legados valiosos en caso de aprobarse. Lo mismo ocurre con la necesaria reforma al Sistema de Inteligencia del Estado.
Finalmente, hay iniciativas que, aunque no han sido priorizadas, son clave para una mejor gestión del Estado. La reforma a las licencias médicas, la creación de una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas y los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental apuntan a corregir distorsiones, mejorar la eficiencia del gasto y reducir la incertidumbre regulatoria, cuestiones indispensables para recuperar crecimiento y confianza.
En esta recta final, es de esperar que el gobierno y los parlamentarios prioricen aquellas iniciativas que a todas luces constituyen una mejora. (La Tercera)
Pilar Hazbun
Coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo
