La tramitación de la Ley de Presupuestos 2025 vuelve a poner en la agenda pública la conversación sobre el escenario fiscal, las proyecciones de ingresos y el gasto público, tanto para el mediano plazo como para el próximo año.
No es novedoso señalar que estamos en un escenario de estrechez fiscal, donde los ingresos son insuficientes para hacer frente a las crecientes urgencias ciudadanas a las que debe responder el Estado. Es justamente este diagnóstico transversal el que motivó al Ministerio de Hacienda a impulsar un pacto fiscal que contempla medidas que, desde distintas aristas, permiten aumentar los ingresos fiscales y eficientar el gasto público para hacer frente al escenario actual.
En este contexto, el Gobierno presentó un presupuesto para 2025 que contempla un crecimiento de un 2,7% respecto del presupuesto del año anterior. Considerando la entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento Tributario y Royalty Minero, este aumento permite proyectar una reducción de déficit estructural, en comparación al de este año, siguiendo la exigente trayectoria comprometida en el decreto de política fiscal.
Sobre ello, en el protocolo de acuerdo del 7 de noviembre se comprometió una reducción preventiva de más de $500 mil millones, lo que finalmente deja un crecimiento del gasto de 2%, menor a la proyección de crecimiento de la economía en su conjunto.
Resulta relevante que exista un monitoreo y revisión detallada de que dicha reducción preventiva no comprometerá la acción del Estado en áreas especialmente sensibles para las familias chilenas. La acción del Estado en temas de seguridad pública, económica y social es fundamental; por ello, resulta importante resguardar que la reducción presupuestaria preventiva no afecte estas áreas. Además, es crucial que exista una revisión pormenorizada de los efectos en cada servicio, teniendo la flexibilidad suficiente para entregar soluciones pertinentes en cada caso.
En la discusión presupuestaria queda de manifiesto que el problema de estrechez fiscal sigue presente y será un problema también en los años venideros si no se toman medidas. Es por ello que resulta trascendente retomar aquellas iniciativas contempladas en el pacto fiscal que permitan hacer frente a este problema. Una de las iniciativas más relevantes en ese sentido, es el proyecto comprometido que reforma el impuesto a la renta.
La importancia de este proyecto no radica solamente en la necesidad de mayores ingresos, sino en que fortalece el carácter redistributivo de nuestra estructura tributaria. Porque si comparamos nuestro sistema tributario con el de los países OCDE veremos que: (1) Nuestra recaudación como porcentaje del PIB es baja —incluso si realizamos la comparación con el momento en que estos países tenían un PIB similar al nuestro—, (2) La proporción de recaudación producto de impuestos a bienes y servicios —en general regresivos— es alta, y la del impuesto a la renta —en general progresivo— es baja, (3) Dado lo anterior, el efecto de impuestos y transferencias en redistribución del ingreso es bajo.
Un proyecto que permita corregir los puntos antes mencionados es urgente, ya que de seguir arrastrando un sistema tributario con dichas falencias, la discusión seguirá permanentemente abierta, generando una incertidumbre que no es sana para la economía.
Dentro de las distintas medidas que se han discutido incluir en este proyecto, uno de los puntos clave es la desintegración del impuesto que pagan las personas naturales respecto del que pagan las empresas de su propiedad, eliminando el crédito tributario que reciben quienes retiran utilidades en base a los impuestos pagados por la empresa. Además de avanzar en la dirección correcta frente a los tres problemas mencionados anteriormente, esta medida sienta un principio de justicia básica en el sistema tributario; que dos personas que reciben los mismos ingresos —y por ende tienen la misma capacidad contributiva— paguen la misma cantidad de impuestos, independientemente de si los ingresos los recibe en base a su trabajo, o a través de utilidades por sus inversiones de capital.
La necesidad de mayores ingresos fiscales y la baja capacidad redistributiva de nuestro sistema tributario son dos problemas que no podemos seguir arrastrando. El diagnóstico es bastante claro y reconocido transversalmente, además de urgente de corregir. Se requiere un Estado con recursos suficientes para hacer frente a las urgencias ciudadanas y, para ello, uno de los puntos clave es el aumento de la recaudación tributaria.
Andrés Couble
Secretario general del FA
