¿Qué hay de la modernización del Estado?

¿Qué hay de la modernización del Estado?

Compartir

Modernizar el Estado es un imperativo ético y democrático, ya que del buen funcionamiento del aparato público depende tanto el efectivo ejercicio de los derechos como la correcta traducción de los consensos en políticas públicas. Dicha afirmación se refuerza si aspiramos a que Chile sea un Estado Social de Derecho, administrativa, política y económicamente más descentralizado que el actual. Sin embargo, ya a un año de gobierno el país no ha tenido noticias sobre avances o propuestas en materia de modernización. Recientemente, la ministra del Interior listó varias metas que forman parte del “nuevo relato” de la actual administración, entre las que no estaba la necesidad de elevar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

La postergación de la modernización del Estado tiene consecuencias palpables. A pesar de que el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP) fue creado en 2003, según el Índice de Efectividad del Gobierno (Banco Mundial, 2022) –que captura las percepciones de la calidad del servicio público y servicio civil, el grado de su independencia sobre las presiones políticas, la calidad de la formulación de las políticas y su implementación–, Chile actualmente se encontraría peor que en los últimos veinte años.

Una parte de este deterioro se explica por causas ajenas a la propia modernización del Estado, como lo es el desajuste en el sistema político que produjo la reforma al sistema electoral del 2015 (Ley N°20.840). En efecto, el fin del sistema electoral binominal no solo elevó el número de actores que participan del proceso de formulación de las políticas, sino que también facilitó la representación de grupos polarizados, incrementó el discolaje y debilitó la capacidad del Ejecutivo para controlar la agenda legislativa.

El resto del menoscabo estatal se explica porque nuestra clase política no ha sido capaz de concordar una agenda de modernización integral y de largo plazo. Al respecto, el diagnóstico es repetido: los instrumentos diseñados para evaluar el desempeño de las instituciones, funcionarios y directivos no son eficaces y se han transformado en un mero elemento más de la remuneración; cerca de dos tercios de los funcionarios del gobierno central son a contrata, lo que significa que la regla general de acceso al Estado es la discreción del directivo; las jefaturas dependen altamente del gobierno de turno, por lo que esta asignación de puestos sin filtros meritocráticos eleva el riesgo de amiguismo y patronazgo; los gobiernos locales abusan de la contratación de honorarios y existe una evidente falta de transparencia de las corporaciones municipales.

Es probable que en el debate constitucional se aborden los problemas relacionados con la dimensión electoral del problema señalado, pero la discusión legislativa debería trabajar paralelamente en fortalecer el rol de la Dirección Nacional del Servicio Civil (DNSC). En esta línea, el gobierno de Sebastián Piñera presentó un proyecto de ley a fines del 2021 (Boletín 14.582), actualmente en segundo trámite constitucional, que, entre otros cambios, faculta a la DNSC para proponer al Presidente de la República una Estrategia Nacional de Desarrollo de Personas, con los lineamientos generales destinados a orientar a la administración sobre las prioridades en el mediano plazo para la atracción de talento, el desarrollo y el desempeño de los funcionarios públicos y los procesos de gestión necesarios para implementar la debida modernización del Estado. Sería un importante avance que el actual gobierno diera continuidad a este y otros proyectos de ley ligados a la modernización del Estado. (El Mostrador)

Alfonso España