Cualquier problema político puede abordarse de dos maneras diferentes: tendiendo puentes, o cavando trincheras. Los puentes requieren el esfuerzo de hacer concesiones, acercarse al rival político, y encontrarse en un lugar que nunca es exactamente la mitad del camino. Quedarse en la trinchera siempre es más sencillo. Refuerza la propia identidad y permite quedarse con todo el crédito de la resolución del problema.
Lamentablemente, ningún problema complejo puede resolverse desde la propia trinchera y nuestra sociedad está cada vez más fragmentada. Como los conglomerados que componen la política formal tienden a representar segmentos cada vez más pequeños de la sociedad, su poder es también cada vez más pequeño. En ausencia de puentes, los problemas complejos son tirados de una pequeña trinchera a otra, en la conocida dinámica del gatopardo. Hay acusaciones, rasgados de vestiduras, pero poca solución de los problemas.
La política de almacenamiento ilustra las virtudes de un buen puente. Chile está bendecido con la mejor radiación solar del mundo, pero para aprovecharla necesitamos incorporar tecnologías que permitan almacenar esa energía y utilizarla en otro momento. La legislación sobre almacenamiento fue elaborada durante el gobierno anterior, pero implementada por el actual gobierno. Ello facilitó que en el último año se movilizaran cerca de US$ 2 mil millones de inversión en almacenamiento, y se espera que otros US$ 6 mil millones más se movilicen durante los próximos años.
El mercado mayorista ya está viendo los resultados de esta revolución tecnológica, hay subestaciones donde la incorporación del almacenamiento ha disminuido los precios promedio de la energía hasta en un 50%. Falta todavía algún tiempo para que este efecto alcance los precios residenciales, que por diseño están protegidos de las variaciones mediante contratos de largo plazo y estables. No obstante, incorporar cambios a ese diseño para adelantar parte de los beneficios del almacenamiento es un debate abierto, y que seguramente se abordará por el siguiente gobierno.
La política de medidores inteligentes, en contraste, muestra los problemas del atrincheramiento. Inicialmente elaborada durante la administración de la expresidenta Bachelet, le correspondió implementarla a Susana Jiménez. Más allá de la discusión que podamos tener sobre los errores iniciales de diseño y comunicación estratégica, la dinámica cambia con la ofensiva de un grupo de diputados de la UDI exigiendo la renuncia de la exministra. Como en un laberinto de fichas de dominó, ello llevó a que la colaboración política con la oposición de la época se volviera imposible, y que los medios de comunicación giraran hacia una narrativa de conflicto.
Casi una década después, nuestras redes de distribución siguen sin incorporar esta tecnología, y la desconfianza por parte de la opinión pública con los medidores pareciera haberse vuelto permanente.
Finalmente, la política de descongelamiento requiere una discusión separada. Nuestro país intentó revertir el congelamiento de precios decretado durante el estallido social en tres oportunidades sucesivas. La tercera vez fue la vencida, y la legislación correspondiente fue aprobada en un comienzo de manera transversal.
La implementación, que me tocó liderar, fue larga, muy difícil para la ciudadanía y tuvo errores estratégicos que de ninguna manera pretendo minimizar. Con todo, la política fue inicialmente exitosa: consiguió volver nuestros precios al equilibrio de mercado, sin afectar negativamente los niveles de morosidad, y estableciendo simultáneamente subsidios para casi dos millones de hogares vulnerables.
Creo que siendo todo tan reciente, es inútil discutir las causas que llevaron a un atrincheramiento en los temas tarifarios. Obviamente me corresponde una parte importante de la responsabilidad, pero también es cierto que hubo mucho aprovechamiento político; y, sobre todo, también es cierto que nuestra sociedad necesita reconstruir los puentes de la colaboración en esta materia. No solamente todavía faltan algunos componentes de la tarifa por descongelar, sino que resulta urgente atajar la creciente desconfianza en nuestras instituciones técnicas.
Corresponderá a las siguientes autoridades decidir cómo enfrentar este problema. Pero es también tarea de la sociedad civil, a la que de ahora en adelante me toca sumarme, exigir más puentes y menos trincheras.
Diego Pardow
