Después de que la denominada «toma VIP» fuera desalojada y demolida, predominó el silencio entre las directivas regionales y nacionales del Partido Socialista.
Y en medio de esa reserva, se dio a conocer la resolución del tribunal supremo de la tienda socialista de suspender la militancia de Jacqueline Santander, dirigente involucrada en la ocupación ilegal del terreno fiscal en la playa Huáscar, al sur de Antofagasta.
El Mercurio de Antofagasta informó que las críticas transversales que generó el caso, sumada a la detención por parte de Carabineros que sufrió Santander durante el desalojo fueron en parte las razones que el tribunal consideró para adoptar la medida.
REACCIONES EN EL PS
Desde la presidenta nacional del partido, Paulina Vodanovic, hasta el presidente regional, Orlando González, y la presidenta comunal Virginia Reyes, decidieron guardar silencio, al menos durante el tiempo que duren las investigaciones.
Solo la militante y ex presidenta regional del PS, Andrea Merino, se refirió a la situación, aludiendo a que ninguna figura política, ni militante, está por sobre la ley ni la historia del partido.
«Todos y todas quienes cometan acciones que contravienen gravemente los principios del partido serán separados de la militancia. Este es un partido con más de 80 años de historia de luchas por una sociedad más justa, incluyendo hombres y mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas por esta causa (…) la solución a esta situación no es abandonar el barco, sino conducirlo a buen puerto. Las malas prácticas individuales no nos distraerán de eso. Porque como es de público conocimiento nadie está por encima de la ley, y creo que eso quedó bastante claro y demostrado con hechos» comentó.
Por su parte, la concejala Norma Leiva Escalona, militante del Partido Socialista que suspendió temporalmente su militancia (esperando que todos los involucrados en la polémica sean sancionados), también abordó al tema, realizando un análisis crítico del momento que vive actualmente el partido, además de referirse a la suspensión de Santander, como militante.
«Se abrió una investigación y se decidió suspenderla mientras se resuelve la investigación (…) es un hecho lamentable, pero inevitable; a la luz de los hechos era impensable otro desenlace, ya que la toma en cuestión era ilegal. Entiendo que las autoridades se vieron obligadas a tener que derribar, tras realizar diferentes notificaciones», precisó.
VISIÓN DE GOBIERNO
Sobre el punto, la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, explicó que «es muy distinto una toma que corresponde a una necesidad habitacional en el contexto de una emergencia, que de una ocupación que no tiene nada que ver con esa necesidad».
«A necesidades distintas, tenemos que dar soluciones distintas, enfatizando que no legitimamos ni promovemos ningún tipo de ocupación (…) cuando hablamos de ocupaciones que no tienen esta justificación (de emergencia), nos importa mucho actuar rápidamente y evitar que estas se consoliden», evidenció la ministra a Radio Cooperativa. (Emol-Cooperativa)
