Una serie de denuncias se han registrado estos últimos días por parte de vecinos y de los propios ciudadanos venezolanos quienes se han apostado en las calles aledañas a la embajada de Venezuela, en la comuna de Providencia.
Lo anterior, porque según denuncian los vecinos a través de aplicaciones como Sosafe, es que se han registrado ruidos molestos, basura en la vía pública e incluso olor a orina en las calles. Otros apuntan a que las largas filas alrededor del inmueble han provocado el bloqueo de entradas de vehículo.
En tanto, los ciudadanos de dicha nacionalidad acusan que no tienen condiciones sanitarias adecuadas frente al llamado que ha hecho la propia cancillería venezolana, de entrega masiva de pasaportes y prórrogas, entre el martes 6 de diciembre y el 18 del mismo mes.
Ante las denuncias, la Municipalidad de Providencia emitió esta tarde un comunicado donde aclaró que no cuenta con atribuciones legales para intervenir ante los hechos denunciados, sin embargo, afirmaron estar estudiando acciones legales ante organismos internacionales y de Derechos Humanos.
En el texto señalan que la faculta de intervención «le corresponde al Gobierno de Chile», aunque sin perjuicio de aquello, «personal de oficinas municipales como Fiscalización, Aseo, Seguridad y Dideco, se despliegan en el sector para atender los distintos requerimientos generados por la gran cantidad de personas que acuden a realizar los trámites».
Agregan que mantienen canales de contacto directo con los vecinos del sector, «quienes se ven afectados por una serie de externalidades negativas producto de las aglomeraciones».
El texto sostiene además que «de manera reiterada, la Municipalidad de Providencia ha hecho ver los problemas que se generan para quienes residen en las calles aledañas a la Embajada de Venezuela, con el fin de promover la búsqueda de soluciones que permitan aminorar las molestias a vecinos y otorgar una atención digna para quienes acuden a realizar trámites».
Lo anterior, afirman, es una situación que «no ocurre» y «es un problema de larga data por parte del Gobierno Venezolano, quien no entrega respuesta a los vecinos del sector y a quien no se le puede cursar infracciones, puesto que el recinto goza de inmunidad diplomática».
Por último, y pese a no contar con las atribuciones legales, «el Municipio de Providencia está estudiando acciones legales ante organismos nacionales y de Derechos Humanos. Esto con el fin de poder colaborar con la situación humanitaria que se vive en el lugar y velar por los vecinos del sector», puntualizan. (Emol)