Durante la semana hemos conocido distintas reacciones frente a un documento que los estados de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay y Chile presentaron conjuntamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Buena parte de ellas se han caracterizado por su virulencia y suposición de intenciones.
Hemos escuchado afirmaciones tales como que Chile quiere destruir el sistema interamericano, socavar sus instituciones o, derechamente, encontrar espacios libres de control para infringir derechos humanos. Ninguna de ellas se ajusta a la realidad ni al propósito del documento que es objeto de tan inmoderada crítica.
Efectivamente, el documento presentado no hace sino buscar abrir nuevas instancias de diálogo acerca del funcionamiento del sistema interamericano. De hecho, la presentación valora y reconoce el papel representado por los órganos del sistema en la promoción y protección de los derechos durante estos años. Sin embargo, el sistema y sus órganos, como toda obra humana, están abiertos a perfeccionamientos. Esto último no tiene nada de extraño.
El propio sistema europeo de derechos humanos —el más robusto del mundo a nivel regional— experimentó también desafíos similares, los que fueron asumidos en su momento por los estados que participan del sistema del mismo modo que el que propician estas naciones latinoamericanas. Declaraciones con un contenido equivalente al del documento presentado ante la CIDH fueron formuladas por los estados europeos en 2010, 2011, 2012 y 2018. Dichas declaraciones abrieron paso a un proceso de mejora del sistema europeo que hoy rinde sus frutos y nadie cuestionó ni supuso propósitos espurios en ese proceso. Es lo que se quiere lograr para el sistema interamericano.
En el contexto descrito, la declaración plantea ciertos desafíos que hoy confronta el sistema interamericano. Nadie, de buena fe, puede negar que han existido situaciones en las que la CIDH ha conocido casos sin que se hayan agotado totalmente las instancias internas, como lo exige el principio de subsidiariedad.
Nadie puede desconocer que la CIDH ha declarado admisible el análisis de materias propias de definiciones internas, referidas a políticas públicas, que corresponde resolver a los organismos democráticos internos de un país.
Nadie puede señalar que algunas de las últimas sanciones incluyen indemnizaciones de un elevado costo económico para los países involucrados.
Nadie puede ignorar problemas dramáticos de atraso procesal que parecen derivarse de haber asumido competencias adicionales. 6.963 denuncias presentadas ante la Comisión hoy se encuentran pendientes de estudio; existen casos en que víctimas chilenas han litigado entre 14 y 21 años solo en la Comisión; el nivel de cumplimiento total de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bajo: de 227 sentencias en materias contenciosas pronunciadas a 2017, 193 de ellas no se han cumplido en su integridad. Pedir un diálogo sobre estas inquietudes, ¿puede considerarse como un retroceso en temas de derechos humanos?
La declaración asume estos problemas y plantea abordajes generales para solucionarlos. Es posible estar o no de acuerdo con el planteamiento efectuado, ello es parte del legítimo disenso que caracteriza a una democracia. Pero ello no puede impedir apreciar un problema real al interior del sistema interamericano en el que parece conveniente y necesario debatir, precisamente, para fortalecer la protección a los derechos humanos en la región.
Muchas de las reacciones frente a la declaración contrastan fuertemente con la actitud positiva que el documento produjo en la propia Comisión. Una vez recibida la presentación, la CIDH manifestó que “valora(ba) la postura constructiva de los Estados” que trabajaron en la redacción del documento. Ello porque su propósito no fue otro sino “hacer sugerencias para mejorar (la) eficacia (del sistema interamericano de derechos humanos)”. Es la invitación que se les formula a quienes han criticado sin debido fundamento esta actuación: trabajemos en forma colaborativa para mejorar aún más el debido resguardo a los derechos fundamentales de las personas, principio irrenunciable para nuestro gobierno.
En conclusión: la declaración no busca socavar, sino robustecer nuestro sistema regional de protección de derechos humanos. La declaración procura abrir un proceso de diálogo abierto, público y transparente que permita fortalecer la institucionalidad del sistema. Como lo manifestara hace unos días, por las páginas de este mismo diario, el profesor Jorge Contesse, la declaración debe abrir paso a una “reflexión de quienes debemos hacer de los sistemas de protección de derechos organismos fuertes”.
Hernán Larraín/El Mercurio
