Destacando la «honestidad» del presidente Gabriel Boric, instando a que se deje a la justicia investigar con independencia, pero también apuntando contra la Fiscalía. Así abordaron desde el oficialismo los nuevos antecedentes conocidos en el marco del caso ProCultura, que tienen relación con el Mandatario. En concreto, la Fiscalía concluyó que dineros de ProCultura «derivaron en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente».
«Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República (Gabriel Boric). La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en el antecedente anterior, es decir la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Presidente de la República», se lee en la solicitud que el fiscal regional de Coquimbo Patricio Cooper, quien encabeza el caso ProCultura, cuando insistió en la fallida interceptación al teléfono del Mandatario.
Tras ello, diversos personeros políticos de oposición salieron a cuestionar al Gobierno y al jefe de Estado, y pidieron explicaciones. Algunos, como José Antonio Kast (Partido Republicano), aseguraron que, incluso, el Mandatario debería volver de su gira en Asia, considerando la «gravedad» de la situación.
Con todo, los presidenciables oficialistas y otras figuras del sector, entregaron sus posturas frente a los últimas antecedentes conocidos. Carolina Tohá, candidata presidencial del Socialismo Democrático, dijo que «es natural que la ciudadanía demande respuestas ante casos como el de ProCultura».
Sin embargo, «lo responsable es dejar que la justicia investigue con independencia, sin presiones ni especulaciones de actores políticos de ningún sector. Y que ojalá lo haga rápido». «Esta es una tarea de la justicia. La interferencia política no solo no ayuda, sino que muchas veces nubla la búsqueda de esa verdad y desde acá no vamos a contribuir a eso. Más bien el llamado que vamos a hacer es a que todos apoyemos que la justicia investigue y respetemos un proceso judicial sin interferencia», remarcó.
Jeannette Jara, carta presidencial del PC y AH, sostuvo por su parte que «algunos sectores de la oposición son capaces de todo por algunos cálculos políticos, como es tergiversar la información para tratar de dañar al Gobierno. Al Presidente no se le ha imputado delito alguno, la justicia ha rechazado dos veces intervenir su teléfono, porque no está justificado, sembrar dudas infundadas es completamente irresponsable. Conozco al Presidente, no tengo duda alguna de su honestidad y transparencia».
Poco antes, en un punto de prensa, enfatizó también que «el Presidente Boric es una persona honesta. Yo confío en él. Creo además que han habido aquí filtraciones que me llaman mucho la atención que ninguna de ellas ha provenido del sector de la derecha, todo lo que se sabe es de este sector político y de Andrés Chadwick nadie sabe nada, ninguna filtración, pero quiero ser bien clara, ninguno de nosotros está por sobre la ley, y como el propio Presidente lo ha dicho, las instituciones acá tienen que funcionar, así que seguramente se van a llevar adelante todas las investigaciones que se requieran».
En diálogo con Mesa Central de T13, el abanderado del FRVS, Jaime Mulet, expuso que «creo que está crujiendo la estantería con lo que estamos viendo en los últimos días. Es realmente grave, porque aquí estamos hablando de recursos públicos mal utilizados».
Consultado por si cree que hubo financiamiento irregular para el Frente Amplio, indicó que «yo no lo sé, pero eso es lo que tiene que investigar el Ministerio Público, y como dijo el Presidente, seguir hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Los recursos públicos deben siempre cuidarse como mejor padre de familia, de la mejor manera posible, como dice el Derecho. ¿Por qué? Porque son de la gente».
También en medio de un punto de prensa, durante la jornada del sábado abordó el tema el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter: «Por responsabilidad y como abogado también lo debo decir: estamos hablando de filtraciones ilegales de conversaciones que fueron obtenidas de manera ilegal. En segundo lugar, creo que estas conversaciones, más allá de provocar titulares sensacionalistas, no nos está entregando ninguna información nueva y en ningún caso muestran relación alguna con la comisión de un delito, todo lo contrario».
En la misma línea, agregó que el propio fiscal Cooper plantea en el texto que «creo que podría haber un delito en esta materia, y dos tribunales de la República le dicen ‘¿sabe qué? Habiendo revisado sus argumentos, vemos que no hay potenciales delitos en esto».
«Yo también invitaría a la sociedad chilena a que así como estamos cubriendo la noticia de la pregunta del fiscal Cooper, también cubramos la respuesta que le dan los tribunales de justicia, porque le respondieron con claridad que ‘no creemos que haya un delito en esta materia'», subrayó.
«LE CREO AL PRESIDENTE»
El senador Fidel Espinoza (PS) se sumó al blindaje a Boric precisando que «yo le creo al Presidente. Yo no creo que él esté involucrado en un financiamiento ilegal, pero eso hay que dejarlo, obviamente, en manos de la investigación de la justicia, que esperamos sea una investigación objetiva, transparente, que no tenga ribetes de carácter político, sino que se rijan estrictamente por los marcos investigativos que todo ciudadano debe estar sometido».
Ahora, respecto a Procultura en particular, sostuvo que «el señor Larraín, yo considero que este señor es un desvergonzado, que ojalá, así como ha estado preso la gente de Democracia Viva, este señor igual esté preso, por más cercanía que tenga con el Presidente de la República. Larraín debiese devolver cada peso que su fundación le robó a cada uno de los chilenos y chilenas«.
El diputado Juan Santana, jefe de bancada del PS, dijo a Emol que «las investigaciones que ha llevado adelante la Fiscalía han sido desprolijas. Sus conclusiones también. Ya son muchos los ejemplos. El mejor ejemplo es que el Juez de Garantía se negó dos veces a interceptar el teléfono del Presidente Boric y que fue muy crítico de la justificación que entregó el fiscal Cooper para eso. El interceptar el teléfono de una testigo, algo que no estaba autorizado, también es algo muy grave. Se hace cada vez se hace más evidente que el fiscal Cooper está intentando levantar humo donde no lo hay y que esto ha sido frenado adecuadamente por los jueces».
El diputado independiente-PPD y miembro de la comisión investigadora que indagó el caso ProCultura en la Cámara, Jaime Araya, advirtió en tanto que «sin duda, ProCultura fue un mecanismo diseñado para extraer y defraudar los recursos fiscales. Hoy día la hipótesis investigativa del Ministerio Público que habrían transitado dineros públicos hacia financiamiento de campañas políticas es en extremo grave. Por lo tanto, yo esperaría que se aceleren las formalizaciones para conocer a los responsables y los hechos precisos por los cuales se han investigado, para que, de existir responsabilidades, estas personas terminen definitivamente tras las rejas«.
El sábado el Frente Amplio emitió un comunicado en el que descartó vínculos financieros de la tienda con ProCultura, pero además arremetieron contra el fiscal Cooper, acusándolo de replicar una estrategia judicial que buscaría «desprestigiar» al Mandatario.
Hoy, a través de X, la presidenta del partido, Constanza Martínez, expresó que «a pesar de que no hay ningún antecedente contra el Presidente, que dos veces se ha negado judicialmente la intervención del teléfono presidencial, hay quienes insisten en instalar mentiras«. «La ciudadanía merece un debate político basado en ideas y propuestas, no en campañas de desprestigio. Defender la democracia también implica frenar la instrumentalización de las instituciones», agregó.
En un programa de la Radio Nuevo Mundo, el líder del PC, Lautaro Carmona, dijo que «ya estamos superando la barrera» y que «el impacto que tiene el aparato o la actividad judicial en la política es casi un activismo judicial que sabe perfectamente que va trascendiendo a afectar la política».
También afirmó que «el problema está radicado en la iniciativa sin límites y sin sentido de responsabilidad que asume el Poder Judicial en lo que es las fiscalías y a algunos jueces». «Cuando el aparato judicial, que debe ser referencia legal sin observación para nadie, empieza a ser cuestionado y empieza a haber desconfianza, donde se da cuenta que no son tan pulcros, rigurosos o neutros, la gente dice ‘me persigno ante un fiscal’, porque depende de quién me toque«, complementó.
Por último, en la tarde del sábado el parlamentario Diego Ibáñez emitió una declaración pública en la que cuestionó duramente la difusión de conversaciones privadas y defendió su participación en actividades de voluntariado durante 2022, en el contexto de la campaña del Apruebo.
El Ministerio Público estaría revisando conversaciones en las que habrían participado, además del congresista, Pablo Larraín (exjefe de campamentos del Minvu en Biobío), Francisco Fuentes (exfuncionario de la ONG) y el fundador de ProCultura, Alberto Larraín.
Estos intercambios, reunidos en un grupo llamado «La Convergencia Cristiana», incluían referencias al financiamiento de un voluntariado en Santa Juana, donde, según Ibáñez, se aportaron 500 mil pesos desde la exdirectiva de Convergencia Social. «Aportamos al voluntariado que realizaron nuestros compañeros para ayudar a los vecinos afectados por las inundaciones en la zona centro-sur de Chile. Lo anterior no constituye delito alguno, en absoluto», afirmó el diputado, recalcando que los recursos estaban debidamente transparentados y aprobados por el Servel. También aseguró que se trató de un gesto solidario pese a que el partido enfrentaba una fuerte deuda tras la campaña del Apruebo.(Emol)
