El portal independiente Confidencial reveló recientemente que el gobierno de Nicaragua ha firmado múltiples acuerdos de financiamiento con empresas chinas en condiciones considerablemente desventajosas: tasas elevadas, comisiones complejas y montos efectivamente desembolsados muy inferiores a los anunciados. A pesar de ello, los acuerdos avanzaron sin mayores resistencias. La pregunta que persiste es: ¿quién se beneficia realmente?
Cuando el problema no es la ignorancia
En el caso de Nicaragua, se pactaron préstamos por varios miles de millones de dólares, pero el desembolso real no alcanza ni el 10% de lo comprometido. Aun así, el país ya ha pagado más de 64 millones de dólares en intereses y gastos asociados. Es improbable que se trate de un error técnico. Más bien, todo indica una decisión política consciente: aceptar condiciones onerosas que pueden parecer negativas para el país, pero ventajosas para determinados actores.
Riesgo público, incentivos privados
El modelo chino de financiamiento tiende a estar vinculado directamente a empresas del propio país, lo que reduce la transparencia, elimina procesos de licitación abiertos y debilita los controles institucionales. En contextos con marcos de fiscalización frágiles, los proyectos de infraestructura se transforman en espacios donde los beneficios se concentran en círculos reducidos, mientras que la deuda es asumida colectivamente. Cuando los incentivos privados se imponen sobre la responsabilidad pública, no hace falta una condena judicial para identificar un problema estructural.
El precedente ecuatoriano
No se trata de una hipótesis. El caso de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en Ecuador lo demuestra con claridad. La obra, ejecutada por una empresa estatal china, terminó involucrando presuntos sobornos por más de 76 millones de dólares. El expresidente Lenín Moreno y varios allegados fueron imputados por la Fiscalía. Hoy la deuda sigue vigente, pero el rédito político que justificó la obra ya se ha diluido, dejando un pesado lastre fiscal.
Colombia: señales de advertencia
En Colombia, proyectos como el metro de Bogotá o ciertos contratos energéticos adjudicados a consorcios con participación china han comenzado a generar interrogantes. Aunque no existen denuncias formales, sectores académicos y periodísticos ya alertan sobre la opacidad de los procesos y la dificultad de fiscalización ciudadana. Si las decisiones estratégicas de infraestructura comienzan a confundirse con agendas personales de poder, el país corre el riesgo de repetir patrones ya observados en la región.
Promesas que no se concretan
China enfrenta hoy una desaceleración económica que ha afectado la materialización de muchas de sus promesas de cooperación internacional. Donaciones anunciadas con entusiasmo en el pasado muchas veces no se ejecutan, mientras que los préstamos, más costosos y con plazos más exigentes, sí se activan con rapidez. En ese escenario, lo que parecía cooperación estratégica termina reduciéndose a deuda sin desarrollo.
Conclusión
El verdadero riesgo no radica solamente en las condiciones del préstamo, sino en que estas se vuelvan normales dentro de sistemas institucionales que no exigen rendición de cuentas. Cuando un gobierno puede transformar deuda pública en rentabilidad política de corto plazo, y dejar los costos a futuras generaciones, no estamos ante un error financiero, sino frente a una falla de gobernanza. Si el futuro fiscal de un país puede convertirse en moneda de cambio para beneficios inmediatos, la responsabilidad no es solo externa. El verdadero dilema no es con quién se firman los acuerdos, sino si el país cuenta con los frenos institucionales para resistir lo que no debería firmarse en absoluto.
Andrés Liang
Analista en política internacional y relaciones Asia-Latinoamérica
