Con un discurso con fuertes críticas a la corrupción, la presidenta del Consejo de Defensa del Estado (CDE), María Eugenia Manaud, entregó su última cuenta pública en el cargo que asumió en 2017.
Ante distintas autoridades, entre ellas el Presidente Sebastián Piñera, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el fiscal nacional, Jorge Abbott, y los ministros Hernán Larraín, Jaime Mañalich y Alberto Espina, abordó los resultados obtenidos en 2019. También, la crisis social.
«El denominado estallido social impuso al CDE tareas apremiantes de defensa de la institucionalidad vigente, a través de actuaciones en acciones constitucionales de diverso tipo, en defensas de derechos humanos de ciudadanos que vieron vulneradas sus garantías constitucionales, y, en querellas y acciones civiles para salvaguardar el patrimonio material, histórico y cultural», detalló.
En cuanto a cifras, señaló que el año pasado el organismo participó en casi 13 mil juicios, y que se logró evitar el 91% de lo demandado en los juicios civiles contra el Fisco e instituciones públicas, lo que implicó un ahorro de $445 mil millones, «lo que equivalente al doble del costo de la reparación de las estaciones de Metro incendiadas».
CORRUPCIÓN
Entrando de lleno a la corrupción, Manaud recordó casos mediáticos en que el CDE ha intervenido, específicamente el megafraude a Carabineros, la Operación Huracán y la muerte de Camilo Catrillanca, en donde todos la mayoría de los imputados son carabineros.
Especial mención dedicó a las indagatorias contra los ex ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta y Marcelo Vásquez, señalando que próximamente se presentará querella por este último.
También se detuvo en la situación penal del fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, quien fue formalizado a raíz de la denuncia que hizo el persecutor Sergio Moya. «Me parece evidente que hechos como estos afectan a los organismos a los que pertenecen los imputados, minando su prestigio y la confiabilidad de la ciudadanía, pero el mejor antídoto, creo, frente al daño que estas personas causan a sus instituciones y se causan a sí mismos, es la reacción rápida y decidida de perseguir administrativa y penalmente la sanción que corresponda«, zanjó.
Aseguró que esta persecución es «la única forma de demostrar que no existe tolerancia a la corrupción, aun cuando provenga de los propios miembros de una institución o de pares de las respectivas superioridades». «No podemos olvidar que uno de los diversos factores invocados en las protestas populares confluyen en lo mismo, pues guarda relación con la pérdida del respeto y confianza en las instituciones«, recalcó.
Y añadió: «Es más, quiero decir que en mi opinión existe más corrupción de la que se puede suponer según los índices internacionales y que, aunque no estemos en niveles demasiado elevados como otros países de América, esta ha aumentado o es superior a lo que creíamos años atrás y lo he podido apreciar por mi trabajo en el CDE».
Detalló que el país ha desplegado diversas iniciativas que buscan abordar la situación, pero que «a juzgar por los acontecimientos que hemos sido testigos desde entonces, los avances realizados en su cumplimiento han sido claramente insuficientes».
«Un mínimo sentido de autocrítica basta para admitir que, como país, estamos en deuda ante el mundo; pero, antes que él, ante nuestra propia conciencia cívica y moral; y también que la corrupción ha sido y sigue siendo en nuestro país un asunto serio y preocupante, que exige más prevención que la realizada y necesita sanciones más disuasivas de las que hoy tenemos», acotó.
Manaud concluyó su discurso distinguiendo «dos grandes desafíos» por delante: «buscar sanciones para los responsables de excesos y delitos cometidos por funcionarios públicos, especialmente Carabineros»; y «defender las potestades de la Administración en el cumplimiento de su deber de resguardar el orden público». (Emol)
