Tras un intenso debate en Sala, finalmente la Cámara de Diputados aprobó esta tarde por 74 votos a favor, 71 en contra y una abstención, la acusación constitucional contra el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, quien desde hoy queda suspendido de sus funciones.
De este modo, el libelo impulsado por la oposición pasa ahora a la Cámara Alta, donde serán los senadores quienes deberán evaluar si tiene méritos suficientes para ser respaldado, implicando con ello la destitución de la actual autoridad regional y su imposibilidad de ejercer cargos públicos por 5 años.
Cabe recordar que es la primera vez que esta acción contra un intendente escala al Senado, siendo en este caso Guevara cuestionado por la forma en que ha enfrentado las manifestaciones durante la crisis social y particularmente por impulsar la estrategia de «copamiento» en la Plaza Italia.
RECHAZO A LA CUESTIÓN PREVIA
Pero la jornada en Valparaíso partió a eso de las 10:00 horas, con la revisión de la cuestión previa de la acusación constitucional, a la cual la defensa del intendente apeló, esperando que la acusación no prosperada.
Durante ese tiempo, el intendente hizo uso de la palabra, ocasión en que defendió su actuar en materia de defensa del orden público, al mismo tiempo que llamó a terminar «la aberración de usar un instrumento jurídico para castigar a las autoridades en un instrumento político, ¿qué es eso? ¿Vamos a usar esto porque una mayoría circunstancias de la Cámara no está de acuerdo con un intendente, con un ministro? (…). Creo que no corresponde y pudo respeto por esta herramienta».
Mientras que su abogado, Cristián Muga, quien apeló a la falta de argumentos del libelo, afirmando que el intendente «no dispuso la actividad o la decisión operativa de Carabineros de copamiento proventivo» y que «aún habiéndola dispuesto, este copamiento no infringió el derecho a reunión ni a la libertad de expresión».
Mientras que desde la comisión revisa, el diputado Diego Ibáñez (CS), replicó: «Creemos que tiene fundamentación, es atingente y por cierto cuando los mínimos civilizatorios están en cuestión (…) actualizar nuestro criterio es lo que requiere una democracia saludable. Si no hay protesta social, si no hay derecho a la resistencia, si no hay derechos fundamentales, no hay otro Chile posible».
Así, la primera parte de la sesión terminó con el rechazo de la cuestión previa con 70 votos a favor, 78 en contra y una abstención, la del diputado Pablo Lorenzini (DC).
REVISIÓN DEL FONDO
Pasas las 15:00 horas, se retomó la sesión con la revisión del fondo del libelo. Al respecto, la diputada Alejandra Sepúlveda, presidenta de la comisión que revisó la acusación, manifestó que «la vulneración a los Derechos Humanos es innegable ¿Tiene el intendente responsabilidad política e institucional? Para nosotros hay solo una respuesta: sí».
Luego, fue el turno del abogado del intendente, Rodrigo Ávila, quien expresó que «lo que esta defensa sostiene es que acá no ha existido de parte del intendente acto formal administrativo alguno en orden a instruir, ordenar, impartir ni ningún otro sinónimo a Carabineros de Chile tendiente a impedir un derecho de reunirse y consecuencialmente la libertad de manifestación y expresión».
Pese a los argumentos de la defensa, los diputados aprobaron la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, significando de paso un duro golpe para el Ejecutivo.
TEMORES DEL GOBIERNO
Pese a que aseguraban haber hecho todos los esfuerzos para revertir este escenario, incluso intensificando las negociaciones hasta último minutos, desde el Gobierno siempre reconocieron que la situación de Guevara era difícil y que su paso al Senado complejizaría más su futuro.
Además, en La Moneda creen que la destitución de Guevara podría establecer un mal precedente para que los intendentes pudieran ejercer sus funciones del control del orden público con normalidad.
Asimismo, preocupa al oficialismo la posibilidad de que la oposición replique la ofensiva contra otras autoridades regionales. Por ejemplo, en zonas donde el control del orden público también es un tema, como puede ser en Antofagasta, Valparaíso, El Maule, Concepción y Valdivia.
Y si bien expresan que la intención es seguir defendiendo al intendente hasta el final, consideran que él mismo deberá decidir si quiere seguir adelante o dar un paso al costado para evitar –en caso de que se apruebe la acusación-, quedar inhabilitado de ocupar cargos públicos por 5 años.
«HA PRIMADO LA INSENSATEZ»
«Esta es una acusación tremendamente injusta», esas fueron las primeras palabras del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, tras aprobarse este jueves la acusación constitucional en su contra, la que ahora pasará al Senado.
«Una acusación constitucional se refiere a un hecho en particular que se me pueda adjudicar, cosa que no se da en este caso, ha primado la insensatez, no se han escuchado los argumentos», agregó el intendente.
Sobre sus expectativas ante el Senado, Guevara señaló que «vamos a trabajar y estoy seguro que los honorables senadores van a tener la sabiduría de poder apreciar las pruebas, los argumentos que vamos a desarrollar en el Senado de la República».
«En el Senado vamos a ir paso a paso, primero dedujimos la cuestión previa, contestamos la acusación, ahora trajimos nosotros argumentos a la Cámara de Diputados, y ya habrá tiempo para resolver la estrategia que vamos a desarrollar, donde mi impresión es que va a haber una mayor disposición para escuchar las pruebas, ponderar los argumentos y fallar en conciencia, como dice la ley», añadió el intendente.
Asimismo despejó las dudas sobre si dejaría el cargo antes de que en la Cámara Alta se discuta el libelo, y sostuvo que «no he pensado en renunciar, creo que debe renunciar aquella persona que tiene algo que temer o algo que esconder, y yo no tengo nada que esconder(…) No veo porqué razón tendría yo que hacer una cosa como esa».
Respecto al poco tiempo que lleva en el cargo, Guevara indicó que «efectivamente llevo muy pocas semanas como intendente, he hecho todo lo posible por devolverle la ciudad a los vecinos, que fue el encargo que me hizo tanto el Presidente de la República como el ministro del Interior».
Según el intendente esto lo ha cumplido, ya que «hemos estado abriendo estaciones de metro y los recorridos del transporte público han vuelto a circular, en fin». «En ese esfuerzo he estado, en devolverle la ciudad a los vecinos, aquí hay mucha gente que ha sufrido por los hechos de violencia que todos conocen, y vamos a seguir trabajando muy duro para que eso siga ocurriendo», concluyó Guevara.
BLUMEL: «SE CAUSARÁ GRAVE DAÑO A LA SEGURIDAD»
Desde el Gobierno lamentaron la aprobación a la acusación constitucional que hoy se dio en la Cámara de Diputados en contra del intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
Según aseguraron los ministros de Interior, Gonzalo Blumel, y Segpres, Felipe Ward, si esta acción logra pasar la barrera en el Senado, significaría «un riesgo» para la seguridad y orden público, ya que a su juicio podría inhibir a que otras autoridades actúen ante la posibilidad de una acusación constitucional (que tiene como consecuencia el ser destituido del cargo y la imposibilidad de ejercer cargos públicos por cinco años).
«Se ha cometido una injusticia, se ha tomado una decisión muy equivocada. La defensa ha sido muy contundente y categórica en demostrar que el intendente Felipe Guevara no ha cometido ninguna infracción constitucional. No solo eso, el intendente ha estado permanentemente haciendo su máximo esfuerzo por recuperar los espacios públicos, por recuperar la ciudad y por devolverle el derecho a vivir una vida tranquila a todos los ciudadanos de la Región Metropolitana, especialmente a quienes viven en el entorno de Plaza Italia. Por eso es lamentable esta decisión, no solo es una injusticia, sino que es una decisión muy equivocada», planteó el titular de Interior.
En ese sentido aseguró que «si esta acusación constitucional prospera, lo que se va a hacer es que se va a causar un grave daño a todas las autoridades que tienen la obligación de cautelar el orden público».
Blumel planteó que «¿cómo usted le va a pedir a los intendentes de todo el país que tomen decisiones en materia de orden público, si por esas decisiones en definitiva, se les acusa constitucionalmente y sin ningún fundamento?».
Así el ministro dijo tener la «confianza y convicción» de que en el Senado, cuando la acción se vote el próximo 3 de febrero, la situación se revierta y advirtió que «si esta acusación prospera, y lo quiero decir como ministro del Interior y Seguridad Pública, se le causa un grave golpe a la capacidad de nuestras autoridades que tienen un mandato constitucional y legal para resguardar el orden público. Eso es lo que está en juego: la posibilidades que lo intendentes y autoridades que tienen responsabilidades puedan resguardar el orden público y defender los derechos de todos los ciudadanos».
REEMPLAZANTES
Con él coincidió el titular de la cartera de Segpres, Felipe Ward, quien cuestionó que se «juzgue» a las autoridades por lo que él considera es «cumplir con su función y contribuir para que los vecinos recuperen la paz ciudadana»
«Cuando una autoridad está llamada a defenderlos (a los vecinos), los defiende y luego es acusada y eventualmente separada de su cargo por cumplir con la Ley, bueno, creo que la lista de reemplazantes no va a ser muy larga», sostuvo.
Según el ministro la acción se aprobó hoy en la Cámara por que «faltó que (los diputados) comprendieran y leyeran el contenido de la acusación. Lo digo con mucho respeto. No hay causas en virtud de lo que establece la Consitución para poder acusar en justicia al intendente; cumplió con la ley, tomó una determinación de apoyar a los ciudadanos, de jugársela por su gente. Eso fue lo que hizo el intendente, que se le acusa de cumplir con algo que están pidiendo a todas las autoridades, todos los chilenos en distintas ciudades».
«SE PROTEGE LA MANIFESTACIÓN PACÍFICA»
En tanto, el diputado Diego Ibáñez (CS), quien es uno de los impulsores del libelo, integró la comisión encargada de revisarlo y ahora será además uno de los diputados encargados de presentar la acción ante el Senado, apuntó a la administración del Presidente Sebastián Piñera asegurando que lo ocurrido «constata que lamentablemente este Gobierno no está escuchando a las mayorías».
«Cuando se aprueban leyes sobre el antisaqueo, que la verdad son leyes antiprotestas, parece que el Gobierno ve en los problemas sociales la manifestación pública y no el sistema de AFP, el sistema de salud y no la desigualdad. Si sigue con es objetivo entre los ojos, lamentablemente va a terminar la profundización del problema de gobernabilidad», indicó el frenteamplista.
Asimismo la diputada Alejandra Sepúlveda (FRVS), quien cumplirá el mismo rol que Ibáñez, insistió en la crítica a la estrategia de copamiento realizada por Carabineros bajo la administración de Guevara en la Región Metropolitana, y dijo lamentar el análisis del Gobierno respecto a la procedencia de la acusación.
«Lamento las palabras del ministro Blumel, yo creo que no ha entendido lo que nosotros hemos querido decir. Aquí lo que existe es un derecho fundamental de poder reunirse, de protestar pacíficamente. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con la violencia que está alrededor o que pueda nacer de una manifestación pacífica no corresponde, y ahí sin duda puede haber delito, no corresponde que sean en forma violenta», declaró.
GOBIERNO DESIGNA A ENRIQUE BELTRÁN
La ministra Vocera de Gobierno, Karla Rubilar, se mostró dolida con la decisión de los diputados, que según ella no sintonizan con lo que pide la gente, que serían «acuerdos y no política de trincheras ni acusaciones que debilitan la democracia».
Por otro lado respecto de la suspención de Guevara, la ministra sostuvo que el delegado provincial de Santiago, Enrique Beltrán, será quien lo reemplazará. Beltrán «me subrrogó en algunas oportunidades como intendenta, es un hombre que tiene mucha experiencia», aseguró Rubilar.
Pero señaló que espera «que en la sesión del Senado el intendente pueda volver a ocupar su cargo, que es finalmente lo que corresponde». «Él (Guevara) queda en calidad de suspendido, así es el procedimiento constitucional, y obviamente tiene que ser reemplazado por una suplencia hasta que él enfrente al jurado del Senado», explicó la secretaria de Estado.
Respecto a la decisión de la Cámara Alta, sostuvo que «tenemos mucha esperanza y mucha convicción de que el Senado va a revertir esta injusta decisión de la Cámara de Diputados». «Nosotros estamos convencidos de que el intendente Guevara solamente ha cumplido su mandato constitucional, y en ese entendido, esperamos de verdad y llamamos al Senado a que revise los antecedentes, que esté dispuesto a escuchar, a ratos sentimos que acá en la Cámara no hubo ganas de escuchar argumentos jurídicos», apuntó la Vocera.(Emol)
