Tarde llegó el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en medio del año electoral. Si se implementa, Gabriel Boric habrá tenido resultados concretos con la creación de una comisión ad hoc para el asunto mapuche, lo cual han hecho todos sus antecesores, casi siempre sin avances. Pero antes, la propuesta de los ocho comisionados debe pasar por el cedazo del Congreso (crea más de siete órganos nuevos) y debe someterse a consulta indígena. Eso puede tomar mucho tiempo…
El informe final ha recibido muchos elogios como un “camino positivo”, porque mejora cuestiones de la actual ley indígena y hace propuestas novedosas en materia de tierra. Además, por primera vez se propone indemnizar a las víctimas mapuches y no mapuches que han sufrido atentados o pérdidas desde el 1º de diciembre de 1997.
El punto es, si esta oferta va a terminar con las reclamaciones de tierra. Algunos dicen que sí, pero otros que no, porque en cuatro años más, el nuevo Tribunal de Reparación podrá abrir nuevamente la compra a particulares, las forestales o donaciones si considera que lo adquirido es insuficiente para satisfacer la demanda que actualmente alcanza a las 377 mil hectáreas. Es cierto que el informe define quiénes podrán ser beneficiarios de tierra y el nuevo tipo de reparaciones como viviendas o créditos, pero también reconoce derechos a comunidades que, aunque constituidas, no cuentan con títulos válidos para reclamar hoy. Y también es cierto que en Chile todas las reparaciones se van extendiendo con nuevos llamados. Será cuestión de legislar antes de una elección para continuar con el listado sin fin de personas que viven a costa de los contribuyentes.
Varias recomendaciones del informe están más cerca del Apruebo que del Rechazo, puesto en términos del plebiscito del 4 de septiembre del 2022. También es efectivo que el informe no habla de la plurinacionalidad, sistemas judiciales diferenciados o territorios autónomos, lo cual rechazó el 62% de los chilenos, pero propone “reconocer” sus autoridades, asociaciones y el principio de la “autogobernanza” de los mismos 11 pueblos originarios que enlistaron antes los convencionales.
Eso, a pesar de que las comunas con más alto porcentaje de mapuches son las que tuvieron un mayor rechazo al borrador indigenista. Las recomendaciones del informe para establecer su “representación política” por ley (¿con escaños reservados?) y hasta crear un Instituto Mapuche para el fortalecimiento de su lengua y cosmovisión, parecen estar lejos de lo que arrojó la encuesta del CEP un mes antes del fallido plebiscito: que el 77% se considera chileno o chileno-mapuche y un 62% cree que los recursos debieran destinarse a educación, capacitación o salud y sólo un 16% a restitución de tierras (a lo cual la comisión asigna nada menos que US$4 mil millones).
Pero el problema más acuciante en las cuatro regiones del sur son los atentados terroristas y asesinatos de la CAM, la WAM, la RML y las otras orgánicas en armas que quieren expulsar a las forestales y a los “huincas” y que han mezclado la “liberación del Wallmapu”, apoyada antes por Boric y su ministra del Interior, con el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, como aseguran los fiscales.
Y por lo que hemos visto hasta ayer, estos insurgentes no están muy motivados con las propuestas para la paz. Las indemnizaciones les quedan cortas para sus pretensiones de continuar cerrándole el paso al Estado chileno a los territorios donados por ese mismo Estado como reparación, en el caso de Temucuicui, o usurpados, en el caso de Pidenco. Héctor Llaitul, desde la cárcel de Biobío, y Víctor Queipul, Lonko de Pidenco, fueron bien claros estos días y el aumento reciente de los atentados terminó de clarificar que no están ni ahí con la paz, sino que buscan la rendición total del Estado de Chile.
¿Estas recomendaciones van a terminar con los baleos al personal del Cesfam en Ercilla, el sexto esta semana, o los disparos a los buses escolares o el asesinato y quema en el acto de tres carabineros hace un año? ¿Podrán fin a los agricultores durmiendo con una pistola bajo la almohada? ¿O se avanzará por el lado reparatorio, mientras La Moneda continúa convirtiendo en permanente una medida de excepción que usa a los militares como mentholatum para aliviar los síntomas, pero sin posibilidades de poner fin al terror y al crimen organizado en la zona?
Eso será el peor de los mundos. Que mientras las cuatro regiones continúan empobreciéndose por la violencia y la inseguridad, el Estado continúe con la entrega de tierra que ha generado expectativas sin fin, y nadie impida que vastos predios, con prófugos y narcotráfico, continúen quedando fuera del brazo de la ley.
Si desde el Gobierno se avanza en las medidas reparatorias y no se actúa con valentía y decisión para restablecer el orden público en Biobío, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, habría que, por decencia, sacarle el sustantivo “paz” al informe. Porque, aunque terminar con la violencia en la zona no fuera su objetivo, sí ofreció “paz y entendimiento”. (El Líbero)
Pilar Molina
