Un aspecto interesante del discurso presidencial el pasado 1 de junio, fue la preocupación por el deterioro institucional, diagnóstico que también han recientemente compartido otros sectores de la sociedad, tanto en el ámbito empresarial como académico. Y aunque todos debemos colaborar en la tarea de revertir este proceso, es evidente que la primera, pero no única responsabilidad, proviene de los protagonistas de nuestro diseño institucional; los que, a partir de tres ejemplos que quiero exponer, no están precisamente colaborando en la solución de este problema.
El primero de estos se refiere a las autoridades económicas del gobierno, pero muy especialmente a nuestro ministro de Hacienda, el que hace unas semanas insistió que este año creceremos al 3,5%. Pocas cosas atentan más contra la confianza pública, como el contumaz voluntarismo para seguir sosteniendo un resultado, cuando toda la evidencia muestra lo contrario. ¡No alcanzaremos esa meta! De hecho, es probable que ni siquiera lleguemos al 3,0%, y es necesario que la más importante autoridad económica del país transmita certezas, aun cuando eso signifique confirmar malas noticias. De lo contrario, los ciudadanos solo pueden percibir dos cosas, y francamente no sé cuál es peor: incompetencia o deshonestidad.
El segundo ejemplo apunta al proceso eleccionario al interior del Partido Socialista. Es cierto que en el último tiempo hemos sido testigos de polémicas votaciones en algunos partidos políticos, recientemente Revolución Democrática y para que decir del bochorno en Ciudadanos. Pero tratándose de una organización con una larga historia y tradición democrática, es francamente incomprensible que a la fecha no tengamos todavía certeza del resultado final del conteo de los sufragios emitidos. Y esta es una cuestión que no solo atañe a los militantes del PS, pues tratándose de un partido político y su financiamiento público, la transparencia de estos procesos o el cómo se utilizan los recursos, es una cuestión que nos concierne a todos y que también afecta a la fe pública.
Y por último, está nuevamente el caso de la Contraloría General de la República. Desconozco los antecedentes de la polémica que se ventila por estos días, pero lo que sí sé con certeza, es que resulta muy dañino para una institución que justamente debe velar por la legalidad de los actos de la administración, el que se transforme en un hábito ventilar los cuestionamientos sobre sus decisiones internas; algunas de las cuales terminaron siendo dirimidas por la propia Corte Suprema. Jorge Bermúdez tiene una indiscutible competencia jurídica, pero es urgente más prudencia, menos personalismos y poner por delante a la institución que dirige.
Jorge Navarrete/La Tercera
