Faltaban pocos días para la elección de 2009 en la que participaba como candidato a diputado cuando, haciendo puerta a puerta, veo un periódico de la campaña de mi contendor democratacristiano cuya portada anunciaba en gigantescos caracteres los resultados de una encuesta que, por supuesto, lo daba ganador y me situaba en cuarto lugar con una escuálida votación, detrás de él, la candidata de la UDI y el diputado Álvaro Escobar. Impreso en 50 mil ejemplares y distribuido en todos los hogares del distrito, en mi comando lo vimos como un arma letal a la que ya no tendríamos tiempo de contrarrestar sus efectos.
Pocos días después fui electo diputado doblando la votación de mi compañero de lista democratacristiano. Esa misma noche, en la celebración, se me acercó una mujer para decirme que en su condición de democratacristiana iba a votar por él, pero cuando leyó en el diario que yo iba a perder, cambió su voto para evitarlo. Como ven, nadie sabe para quién trabaja.
Traigo a colación esta anécdota para mostrar que el efecto de las encuestas no es unívoco, que no influyen de manera unidireccional. Si no, pregúntenle a Jorge Tuto Quiroga, a quien las encuestas en Bolivia dieron ganador los días previos y eso produjo la movilización de electores hacia Rodrigo Paz, que resultó electo presidente por una ventaja considerable.
La intención de voto de cada uno de los candidatos en las diversas encuestas constituye una información valiosa para los electores que es procesada de manera particular por cada votante para confirmar o modificar su preferencia a la hora de votar.
El esfuerzo en la mayoría de los países se ha focalizado en separar tajantemente las encuestas que buscan informar de aquellas que son más bien instrumentos de campaña para intentar reforzar la opción de algún candidato, obligando a las empresas de investigación de opinión pública a acompañar la ficha técnica de sus encuestas, indicando el tamaño de la muestra, la fecha de recolección de los datos, el cuestionario y la metodología utilizada, el margen de error y la publicación de la base de datos en la página web de las entidades responsables.
En algunos países incluso han elaborado un registro formal de las empresas habilitadas para publicar encuestas electorales. Todo ello para evitar que, bajo la cobertura de entidades profesionales, se escondan herramientas de propósitos exclusivamente publicitarios, que se publiciten en los medios de comunicación cifras electorales de empresas que aparecen en la escena pública en la víspera de elecciones y luego desaparecen sin dejar rastro de su existencia y, por tanto, pueden distorsionar la realidad sin ninguna consecuencia, como la que tiene para empresas que continuarán operando en el mercado de la investigación de opinión pública.
Hay un proyecto de ley aprobado en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados presentado por la entonces diputada Marcela Hernando que propone exigencias de este tenor a las empresas encuestadoras, cuyo trámite bien podría retomarse después de esta elección.
También se ha buscado establecer límites temporales a la difusión de resultados de encuestas. Hay países que no establecen prohibición alguna, como Reino Unido y Brasil, hay otros que hacen coincidir la prohibición con el término del periodo de campaña 24, 48 o 72 horas antes de la elección, como Alemania, Francia, Argentina, Uruguay y México.
Hay otros donde se prohiben en la semana previa a la elección, como Perú y Colombia, pero el embargo de 15 días que existe en Chile es francamente excesivo y se traduce en obligar a la ciudadanía a votar sin información sobre la adhesión de las diversas candidaturas en la recta final de las campañas.
Esta veda desproporcionada de difusión de encuestas electorales fue introducida en el trámite legislativo de la Ley para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, iniciativa del gobierno de Bachelet que modificó las reglas de las campañas electorales, el financiamiento de éstas y de los partidos, así como el reforzamiento institucional del Servicio Electoral como organismo autónomo.
Fue en ese contexto en que, por presión parlamentaria, el Ejecutivo propuso una veda de difusión de encuestas de 4 días previos a la elección, lo que fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero posteriormente en el Senado, por indicación del entonces senador Andrés Zaldívar, se extendió a la veda a 15 días establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios.
Presenté en enero de 2022, junto a mis colegas de entonces Cruz-Coke, Meza, Jarpa, Jiles, Macaya y Undurraga, un proyecto de ley que elimina este artículo de la ley, restableciendo el derecho de los electores a conocer la información de las encuestas como uno de los insumos a considerar a la hora de decidir sus preferencias electorales. Porque esta prohibición no sólo es excesiva y antidemocrática, sino perfectamente inútil y distorsionadora. Al prohibir a las empresas responsables informar de sus encuestas, hace que circule por las redes sociales información de resultados sin posibilidad de distinguir la verdadera de la inventada, porque nadie puede hacerse responsable.
En los procesos electorales que hemos tenido desde la prohibición, he decidido usar mi red social (twitter, ahora X) para informar los resultados de encuestas que he recibido directamente de empresas responsables, porque no está prohibido hacer encuestas, sólo difundir sus resultados.
El Servel me ha incoado un procedimiento por eventual infracción a la ley, del que he sido absuelto en todas las ocasiones, pues mi red social no es un medio de comunicación y la información que allí expongo está dirigida a las personas que me siguen, como lo señalo explícitamente cada vez que difundo resultados de encuestas en el periodo de veda.
El embargo de encuestas por dos semanas no sólo es absolutamente excesivo, también es perfectamente inútil en el contexto actual, donde buena parte de la población ya no accede a la información a través de diarios, radio y televisión, sino desde las distintas redes sociales (whatsapp, Instagram, X y muchas otras).
Hace ya varias elecciones que la prohibición de difusión de encuestas no encuentra defensores y, sin embargo, continúa vigente. Esperemos que la próxima legislatura deje de procastinar y retome el trámite legislativo de las iniciativas que apuntan a eliminar el artículo 37 de la Ley de Votaciones y Escrutinios, reemplazándolo por exigencias que permitan distinguir a las empresas que hacen investigación de opinión pública en serio de aquellas que no son otra cosa que instrumentos de campaña electoral. (Ex Ante)
Pepe Auth
