En Chile, la participación laboral femenina ha mostrado avances, pero sigue lejos de alcanzar la de los hombres: 52,8% frente a 71,2%. En 2010 apenas llegaba al 45,2%, en 2018 subió a 48,8% y en 2020 —golpeada por la pandemia— retrocedió a 41,3%. Hoy, con 52,8%, podemos hablar de progreso, pero todavía insuficiente.
La principal explicación es conocida: la sobrecarga de cuidados no compartidos, que obliga a más de un millón de mujeres en edad de trabajar a permanecer fuera del mercado laboral. Según la Encuesta Nacional de Empleo (2025), la primera razón que ellas mismas declaran para no trabajar son las responsabilidades familiares permanentes. Esto atraviesa a mujeres de todas las edades y niveles educativos. Incluso entre quienes completaron estudios superiores, la tasa de desempleo femenino (8,6%) supera a la masculina (7,1%).
En este escenario, urge eliminar una discriminación de base que castiga la contratación femenina. Hoy la ley obliga a las empresas con 20 o más trabajadoras a costear sala cuna, lo que ha derivado en un sesgo: algunas empresas optan por no contratar más de 19 mujeres, mientras que las grandes solo financian el cuidado para ellas, no para los padres trabajadores. Así, lo que debiera ser un derecho se transforma en una barrera de acceso al empleo formal.
El proyecto de ley Sala Cuna para Chile, actualmente en primer trámite en el Senado, corrige este problema. Elimina el mínimo de 20 trabajadoras y amplía el derecho también a los hombres, distribuyendo de manera más equitativa los costos mediante un Fondo Solidario financiado con una cotización del 0,2% a cargo de los empleadores. En la práctica, significa que cualquier trabajador o trabajadora con hijos menores de dos años podrá acceder al beneficio, sin importar el tamaño de la empresa.
Esto no es un gasto, es una inversión en el presente y futuro de Chile. La experiencia internacional demuestra que cuando existe acceso a cuidado infantil de calidad, más mujeres participan en el mercado laboral, se eleva la productividad y crece la economía. Estimaciones del PNUD indican que por cada 1% adicional de inserción femenina formal, el PIB puede crecer en 0,4%, y que cerrar la brecha de género en el empleo podría aumentar el producto en hasta 12%. No se trata solo de cifras: es la oportunidad de construir un país más justo, con más mujeres trabajando, más recaudación fiscal y hogares con mejores ingresos. Mantener el modelo actual significa seguir perdiendo talento, competitividad y, sobre todo, la posibilidad de avanzar hacia un desarrollo inclusivo que haga de la igualdad de género una política de Estado.
La agenda Sala Cuna para Chile es un paso decisivo hacia un Sistema Nacional de Cuidados que distribuya las responsabilidades entre mujeres y hombres y reconozca el rol del Estado. Es una medida de justicia y corresponsabilidad, pero también una apuesta por el desarrollo. Porque cuando las mujeres trabajan, no solo ganan autonomía: gana Chile entero. Por eso, llamamos a las y los parlamentarios de todos los colores políticos a que continuemos con el diálogo que permita que este proyecto que moderniza nuestra legislación y abre camino a un país más inclusivo, productivo y justo sea pronto realidad.
Antonia Orellana Guarello
Ministra de la Mujer y Equidad de Género
Giorgio Boccardo Bosoni
Ministro del Trabajo y Previsión Social
