El Poder Judicial acaba de realizar un importante avance en la profundización de la transparencia, la prevención de irregularidades y de la corrupción.
La Corte Suprema aprobó una serie de medidas de ese orden, sugeridas por su Comité de Modernización, que se venían trabajando desde hace tiempo y cuya proposición se aceleró por la situación que afecta a la Corte de Rancagua.
La principal medida es la imposición de una agenda pública de sus actividades —incluidas las visitas que reciban— a todos los jueces: de la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, las Cortes Marciales, los Tribunales Especiales, los Juzgados de Garantía y Orales, los jueces Civiles, de Familia y Laborales, todos los secretarios de esos tribunales, los administradores de tribunales reformados y consejeros técnicos de los de Familia, además de los jueces de Policía Local. Se espera con ello transparentar especialmente las audiencias concedidas por estos funcionarios y el motivo de ellas, lo que contribuirá a frenar las peticiones indebidas o sospechosas.
Las otras medidas, también importantes y necesarias, son: que pasa a ser obligatorio —lo que era hasta ahora voluntario— que las Cortes de Apelaciones realicen audiencia pública para escuchar a los postulantes a determinados nombramientos; que toda información del Poder Judicial sea pública, salvo aquella que la Constitución y las leyes declaren reservadas; que se publiquen en el sitio web del Poder Judicial todas las decisiones importantes adoptadas por los presidentes de tribunales colegiados y por los jueces, así como por los administradores de tribunales reformados; que se difunda el acta diaria de instalación de las salas de los tribunales colegiados y con indicación de los jueces que las integran y los motivos de las ausencias, si las hubiere. Con ello el público, y en especial los abogados, contarán con elementos adicionales de control de la labor de los tribunales, tanto jurisdiccional como administrativa, lo que mejorará la relación del Poder Judicial con la comunidad.
Por su parte, el Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial —organismo encargado de la administración de los bienes y recursos del Poder Judicial— ha dispuesto también medidas de transparencia y prevención de la corrupción, entre las que destaca la apertura de un canal de denuncias de cualquier situación irregular o delictiva, que cubrirá también las informaciones y consultas. Además, confeccionará un manual y protocolos de prevención de esas situaciones, a la vez que reforzará la capacitación de los funcionarios y la difusión de estas medidas.
Todo lo dicho se suma a la gran cantidad de actividades de apertura a la comunidad que realiza todo el Poder Judicial desde Arica a Magallanes. Entre ellas se puede señalar: la recepción en visitas guiadas a grupos de escolares en los tribunales; la acomodación de mostradores e instalaciones para la atención de personas discapacitadas; el uso de lengua de señas para todas las actividades oficiales y en los sistemas computacionales para consultas, al igual que una aplicación para uso de personas ciegas; la realización de seminarios sobre acceso a la justicia de personas vulnerables (discapacitados, pueblos originarios, niños, niñas y adolescentes, mujeres maltratadas); el estímulo para utilizar lenguaje claro en las resoluciones judiciales; y la mayor publicidad de todas sus actuaciones.
Como se ve, se quiere funcionar a puertas abiertas y perseverar en ese empeño. Solo se necesita la colaboración de los abogados, del público y de la prensa, no para que sean indulgentes, sino exigentes del derecho que la normativa les reconoce y que el Poder Judicial, además, difunde con mucha fuerza. (El Mercurio)
Lamberto Cisternas
