En la segunda mitad del siglo XIX, el gran penalista italiano Francisco Carrara, cuya monumental obra es presumiblemente conocida de estudiantes y juristas, expresó el siguiente pensamiento: “Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale huyendo por la ventana”.
El Poder Judicial chileno —que no dejará de ser tal en el sentir de la ciudadanía, ilustrada y no ilustrada, pese al infantilismo del cambio de nombre, copiado sin más de alguna legislación foránea— no debe huir, debe defender con fuerza la vigencia irrestricta de los principios capitales de imparcialidad, independencia, autonomía, estricta sujeción de los tribunales a la ley, igualdad de todos los individuos ante ella, destacados recientemente en su valioso discurso por el señor presidente de la Corte Suprema, alocución que debería servir de guía y elemento unificador a todos los jueces de la República, que, como tales jueces —y abogados—, han de ser defensores del Estado democrático de Derecho.
El connotado procesalista argentino Julio Maier, gran maestro, lamentablemente desaparecido, pero muy estudiado por todos los magistrados latinoamericanos, nos dice que la palabra “juez” no se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el calificativo de “imparcial”. De otro modo, el adjetivo “imparcial” integra hoy, desde un punto de vista material, el concepto “juez” cuando se lo refiere a la descripción de la actividad concreta que le es encomendada a quien juzga. Nos recuerda que todas las convenciones sobre derechos humanos reconocen la trascendencia del adjetivo, ya que conceden a todo imputado el derecho a un juicio ante un tribunal “imparcial” (“Derecho Procesal Penal”, T. I, Fundamentos, 2002, p. 739).
El Diccionario de la RAE confirma que el concepto “imparcial” va unido indisolublemente a la función de juzgar: “Que juzga o procede con imparcialidad. Juez imparcial”.
Numerosos especialistas nacionales, verdaderamente conocedores —no solo por doctrina, sino por experiencia— de los temas vinculados a la judicatura y su estructura y organización, han expuesto muy claramente los peligros concretos que, para los valores destacados por el ministro señor Fuentes, representan la intervención y control político a que, “por la puerta”, se pretende someter al Poder Judicial, “para que huya”, con perjuicio final para los derechos de los habitantes de la República, cuyo refugio es y será una judicatura autónoma, igualitaria e imparcial. (El Mercurio-Cartas)
Carlos Künsemüller
Abogado
