No hay sorpresa. El Gobierno de Chile siempre tuvo a la vista, como una hipótesis plausible para explicar el crimen, una operación de los servicios de inteligencia de esa dictadura.
Al día siguiente de que el país conociera la siniestra imagen de un hombre arrastrado por matones en un edificio de Independencia, algunos medios chilenos filtraban ya las tres líneas investigativas que manejaba La Moneda: ajuste de cuentas del crimen organizado, autosecuestro o una operación de agentes de inteligencia de Venezuela.
Por tanto, no puede reprochárseles al Gobierno y a la Fiscalía ingenuidad. Desde el primer momento consideraron lo que era evidente: militar en retiro, activista opositor a Maduro, encarcelado por el régimen y residente en nuestro país en calidad de refugiado. Con todo, se entiende la prudencia mientras no se tuvieran más que hipótesis.
Respecto de lo que sí debe responder el Gobierno, porque hay muchas y amenazantes dudas, es sobre el real alcance del viaje a Caracas en enero de 2024 del entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve y el extenso convenio que llevaba bajo el brazo para, entre otros, intercambiar “información biométrica y decadactilar, con finalidades investigativas”.
¿Se firmó o no ese compromiso? ¿Hubo intercambio de información? Si la hubo, ¿pudo haberse filtrado la ubicación de Ojeda, asesinado justo un mes después?
Y, por favor, pasó la hora de reaccionar ofendidos ante las dudas. Si se confirma que fue una operación encargada por Diosdado Cabello, entonces Chile es hoy más vulnerable de lo que pensábamos. Ya normalizamos que extranjeros crucen nuestras fronteras sin dejar registro, otra cosa es que lo hagan para secuestrar y matar por encargo de un gobierno.
Incluso si el famoso convenio nunca se materializó, hay una responsabilidad política implícita: concederle crédito al gobierno de Maduro. Primero reinstalando a un embajador en Caracas en octubre de 2023, es decir, reanudando relaciones al más alto nivel. Luego, planificando la entrega de información sensible a una dictadura de trayectoria criminal, ampliamente conocida en el mundo varios años antes que el Presidente Boric descubriera que es un régimen fraudulento.
Un párrafo aparte merece la actitud del Partido Comunista, no porque sorprenda, sino por la tolerancia de La Moneda.
El mismo día en que se planteaba la posibilidad de un móvil político, un indignado Lautaro Carmona acusaba que esa hipótesis era “afectar la relación que pueda tener en la reposición el gobierno de Venezuela con Chile”. Su preocupación, claro, era no molestar a los compañeros caribeños.
Por esas mismas fechas la oposición cuestionaba la permanencia de Juan Andrés Lagos, emblemático PC, como asesor del Ministerio del Interior. En su relación laboral tenía acceso a antecedentes calificados y sospechar de su implicancia no era de locos, cuando señalaba como “especulaciones terribles” el asunto del móvil político; y cuando su partido se declara hasta hoy como amigo de la dictadura.
El mismo día en que era encontrado el cuerpo de Ojeda, el Presidente Boric optaba no por enviarle condolencias a su familia y algo de tranquilidad al país, sino por defender al PC, en un post en X que pasará a la historia. El mandatario denunciaba el “anticomunismo visceral de algunos sectores políticos y sus medios afines en nuestro país…”.
Veremos cómo sigue el caso y la celeridad y competencia con las que el Gobierno recurre al Tribunal Penal Internacional, cuando se reúnan las pruebas suficientes. (El Mercurio)
