En la columna de ayer “PGU: una extravagancia infundada”, se esgrimen algunos argumentos de por qué la iniciativa debiese ser rechazada.
El primero se refiere a una supuesta regresividad de la medida. Al respecto, es importante recordar que el sistema de pensiones solidarias fue creado para entregar una pensión mínima a los pensionados más pobres del país. Su objetivo era aliviar la pobreza en la vejez, y tuvo excelentes resultados en este sentido. Ejemplo de lo anterior es que la pobreza en la población de 60 años o más disminuyó de un 22,8% en 2006 a un 4,5% durante 2017 (Fuente: Casen, 2017).
Nuestro gobierno ha continuado la obra iniciada por el Pilar Solidario durante 2008, y la ha fortalecido. De esta manera, en diciembre de 2019 se incrementó el valor de la Pensión Básica Solidaria en 50%, y del Aporte Previsional Solidario en promedio 70%, aumentando considerablemente el valor de los beneficios solidarios que entrega el Pilar Solidario a los pensionados más vulnerables.
Al inicio de este período presidencial, la Pensión Básica Solidaria tenía un valor de $104.646, y la Pensión Garantizada Universal propone un valor de $185.000, lo que representa un aumento del 77% respecto del monto inicial. Así, habiéndose cumplido en gran parte los objetivos inicialmente planteados por el Pilar Solidario, es evidente que hoy los desafíos para nuestro sistema de pensiones son otros.
El principal desafío es el incremento de la suficiencia de las prestaciones del sistema de pensiones, ya que la baja tasa de cotización y la poca frecuencia de contribuciones, relacionada con la alta informalidad y menor participación laboral en el caso de las mujeres, tienen como consecuencia que las tasas de reemplazo de quienes están fuera del Pilar Solidario actualmente son insuficientes. Esto los ha obligado a ajustar drásticamente su nivel de vida, lo que ha generado altos niveles de malestar. Lo anterior ha sido agravado por los tres retiros de fondos previsionales que fueron aprobados durante la pandemia. En este sentido, la Pensión Garantizada Universal constituye una base sobre la cual construir, y recuperar el daño previsional provocado por los retiros de fondos de pensiones, sumándose al ahorro previsional individual.
El segundo desafío, el cual se relaciona directamente con el anterior, es avanzar en cobertura respecto del Pilar Solidario, especialmente para la clase media, grupo que ha sido fuertemente postergado debido a la falta de acuerdos durante las últimas dos administraciones para reformar integralmente el pilar contributivo de pensiones. Este grupo no puede seguir esperando y requiere una solución inmediata, que es a lo que apunta el proyecto de Pensión Garantizada Universal actual. El incremento de la cobertura del sistema no contributivo de pensiones responde a la necesidad de mejorar la suficiencia de las prestaciones.
La Pensión Garantizada Universal responde, por tanto, a dos de los principales desafíos de nuestro sistema de pensiones, que son el aumento de cobertura de los beneficios estatales y la consecuencial mejora en la suficiencia de las prestaciones. El argumento esgrimido respecto de la supuesta regresividad de la medida es parcial, en primer lugar, porque esta política pública se debe visualizar como una continuación de los avances realizados para fortalecer el Pilar Solidario de vejez, y no de manera aislada. En segundo lugar, porque al tener un monto constante para el grueso de beneficiarios, el beneficio es proporcionalmente mayor para la población más vulnerable. La PGU es proporcionalmente mucho más significativa para quienes se encuentran en los quintiles más bajos. Sin embargo, al mismo tiempo, entrega un muy necesario piso de alivio a las familias de clase media, cuyas pensiones actuales las obligan a ajustarse el cinturón fuertemente al llegar a la vejez. El total de quienes se verán beneficiados con este proyecto para 2022 es de 2,1 millones de personas.
Respecto del gasto, se debe destacar que, sumando el incremento propuesto por la Pensión Garantizada Universal, el gasto total del Estado en pensiones sería aproximadamente un 4% del PIB, lo que equivale a cerca de la mitad de lo que gastan en promedio los países de la OCDE. Esta medida, por tanto, avanza en reconocer el trabajo y en asignarles el valor necesario a quienes han contribuido a construir el país que Chile es hoy.
Patricio Melero A.
Ministro del Trabajo y Previsión Social
