A casi tres meses de haber asumido la Presidencia de Perú, Martín Vizcarra, se encuentra ad portas de entablar un enfrentamiento con el Congreso. Esto, luego que el jueves los congresistas aprobaran una controvertida ley que regula y prohíbe publicidad estatal en los medios de comunicación privados.
La “Ley Mulder”, denominada así por su promotor, el congresista Mauricio Mulder, portavoz parlamentario del Partido Aprista Peruano (PAP), obtuvo en el pleno del Parlamento 70 votos a favor, 30 en contra y 7 abstenciones. La norma pasará ahora a manos del Presidente, que calificó la normativa como “ley mordaza” y anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional para pedir su derogatoria.
“Ratificamos nuestro firme desacuerdo con la ley que prohibe la publicidad estatal en medios porque vulnera el deber del Estado de comunicar sus acciones y el derecho de las personas a ser informadas”, tuiteó Vizcarra. “Interpondremos una acción de inconstitucionalidad”, añadió.
La ley regula e impide la contratación de publicidad estatal en medios privados, y establece que el Estado sólo podrá contratar publicidad en esos medios en caso de emergencias provocadas por desastres naturales, y cuando haya procesos electorales.
El argumento utilizado por Mulder es que la publicidad oficial es a menudo utilizada por las instituciones estatales para inclinar a su favor las líneas editoriales de los medios privados y para hacer propaganda en lugar de informar sobre sus acciones.
Los detractores de la norma la han calificado como una “ley mordaza” al limitar la capacidad informativa de las instituciones públicas y empresa del Estado.
Hace dos semanas el presidente del Congreso, Luis Galarreta, respondió con tono amenazante a las preguntas sobre presuntas irregularidades en compras públicas del Parlamento. Así, surgió la tesis de que la “Ley Mulder” sería aprobada para sacar la publicidad de algunos “medios mermeleros”, como se conoce en Perú a los medios que venden su línea editorial.
DISPUTA POLÍTICA
Contra esta ley se pronunciaron en contra tanto la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como el Consejo de la Prensa Peruana (CPP).
“Se trata de una ley que tiene fines políticos. Esta ley constituye una amenaza contra los medios privados en Perú, sino una amenaza al sistema democrático porque no hay democracia sin prensa libre independiente y el objetivo político de esta ley es ahogar financieramente a la prensa libre e independiente del país. Al margen de los preceptos constitucionales que violan la libertad de contratación, la libertad de informarse que tiene el ciudadano, no solo a través de los medios privados, sino que también a través de los medios públicos. No hay que olvidar que en importantes zonas del Perú solo llegan los medios del Estado, entre ellos el canal 7, que es la señal pública”, dijo a La Tercera el abogado constitucionalista, Pedro Cateriano.
Al ser promovida por un congresista del APRA, del expresidente Alan García, y al haber contado con el apoyo del bloque mayoritario -Fuerza Popular, que controla el Congreso y responde a Keiko Fujimori, la norma pone en disputa al Parlamento con el Ejecutivo.
En ese sentido, amenaza con romper la frágil tregua existente entre el fujimorismo y la minoría oficialista de Peruanos Por el Kambio, agrupación del exmandatario Pedro Pablo Kuczynski, por la que postuló Vizcarra a la vicepresidencia en 2016. (La Tercera)
