Fue una diligencia manejada con hermetismo -estuvo con reserva por más de 40 días- y ordenada a siete meses de hacerse pública la negativa del Senado a entregar los informes de respaldo por trabajos de asesorías a congresistas, que habían sido solicitados por la fiscalía en la indagatoria por eventual fraude al fisco abierta de oficio en 2017.
En septiembre de ese año, una publicación de prensa reveló que asesorías realizadas por Omar Beltrán al senador Alejandro Guillier incluían informes con párrafos similares a los que se encuentran en la página web del Congreso.
La Brigada de Delitos Funcionarios (Bridef) de la PDI -instruida por la fiscalía- interroga y solicita desde mayo dichos reportes directamente a los asesores externos que prestaron servicios a senadores y diputados entre 2011 y 2017.
Ya a fines del año pasado, el fiscal metropolitano Oriente, Manuel Guerra, había calificado de «incompleta» la información que le había remitido la Cámara Alta, luego de que le pidiera el envío de los contratos e informes de sus asesorías. La corporación solo hizo entonces entrega de la nómina de sus asesores y remuneraciones.
Tras ello, escaló la polémica, e incluso en el Ministerio Público no se descartó obtener la información mediante una orden judicial.
SEIS CENTROS DE ESTUDIO
En la instrucción entregada a funcionarios de la PDI se pidió solicitar información -como contratos, informes, boletas de honorarios y facturas- a seis centros de estudio: la Fundación Jaime Guzmán, Instituto Igualdad, Instituto de Ciencias Alejandro Lipschultz (Ical) , Instituto Libertad, Centro de Estudios del Desarrollo (CED) y el Centro de Estudios Legislativos, Administrativos, Políticos y Económicos (Celap).
Dichos nombres se obtuvieron de la remisión de antecedentes que realizaron ambas cámaras cuando fueron oficiadas por la fiscalía. De esos estudios se tomará declaración como testigos a quienes elaboraron los reportes.
LISTADO DE ASESORES CON MAYORES PAGOS
La diligencia también incluyó a prestadores particulares que figuraban recibiendo los mayores montos desde el Congreso durante el período investigado. Se pide respecto de ellos que sean interrogados en calidad de testigos y el Ministerio Público también requirió el alzamiento voluntario de sus cuentas bancarias.
Respecto de todos ellos y en paralelo, la fiscalía ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) pedir información tributaria para determinar el giro de sus servicios.
Según conocedores de la nueva diligencia -que se encuentra en la etapa de recopilación de antecedentes-, el cambio de estrategia de la fiscalía busca obtener con celeridad la información. Y advierten, que más allá de determinar si existió o no el copypaste , se busca verificar si la asesoría se prestó y, con eso, determinar la trazabilidad de los dineros, para establecer si hubo retornos a las cuentas de los parlamentarios que encargaron los trabajos.
No hay plazo de entrega de los antecedentes; sin embargo, de no accederse a ellos de manera voluntaria, la fiscalía podría solicitar una medida intrusiva. (El Mercurio)
