Que el problema de las bajas pensiones no puede esperar lo sabemos hace años. No obstante, los pensionados siguen esperando. A veces esperar permite que haya más información. La información que hoy se ratifica, discurso tras discurso, es la incapacidad de pensar pragmáticamente y debatir bien los temas de fondo.
El acto de pragmatismo del Gobierno —abrirse a un ente estatal que gestione el 4%, que denominaremos el “ente ahorrador”— es paradójico. Si este ente hará lo mismo que una AFP, entonces que lo siga haciendo esa industria con más competencia. Si hay que darle un rol al Estado, es paradójico dárselo en la gestión financiera, menos si el entorno regulatorio es desconocido: ¿Es una AGF, una AFP, un hedgefund estatal? Si será una AFP estatal, entonces que también pueda gestionar el 10%. Es una mala idea.
Centrar la discusión sobre el “ente ahorrador” distrae la atención del problema principal del sistema previsional chileno: es mayoritariamente un instrumento de ahorro y poco de seguro.
Un buen sistema de pensiones tiene que tener tres características. Primero, solvencia financiera. Esto se puede lograr mediante ahorro o seguros. Dos, debe mezclar lógicas distintas porque los riesgos del problema previsional son de diversa naturaleza. Tercero, debe remover elementos de incertidumbre para que los pensionados, que están en la etapa pasiva de la vida, puedan desarrollarla con tranquilidad.
La reforma actual no avanza en esta dirección. Aumenta el capital al asignar el 4% a las cuentas individuales, pero eso les sirve de poco a los millones de afiliados que jubilarán los próximos 10 años con pensiones demasiado bajas. No complementa la lógica del ahorro, dominante actualmente en el sistema chileno, sino que la fortalece.
No solo no quita riesgos del sistema, sino que en cierta forma los aumenta. Hoy los beneficios del Pilar Solidario llegan al 0,8% del PIB y la reforma los sube al 2,0% hacia 2030. Aproximadamente el 80% de los pensionados recibirá alguna forma de transferencia estatal para vivir. En un mundo de populismo rampante, el potencial de manipulación no hay que menospreciarlo.
Adicionalmente, está el problema fiscal. Hacienda debe explicar creíblemente cómo este gasto en pensiones se condice con un déficit fiscal cíclicamente ajustado que ya cumplió 10 años y que no se avizora que baje del 1,5% del PIB. El Consejo Fiscal Autónomo recientemente aprobado debiera mirar con atención esta situación. Fiscalmente, ya no somos lo que fuimos. En los años próximos habrá presión por hacer un ajuste fiscal y el Pilar Solidario estará entre los candidatos a recortar. La reforma de 2008 prometía subir el Pilar Solidario hasta 1,2% del PIB. Hoy está en 0,8%. El Gobierno ha señalado que el crecimiento del Pilar Solidario se puede financiar con las holguras que generará el crecimiento económico. Esto es un mero supuesto de trabajo. Nada garantiza que ahora sí se usen los recursos para pensiones, cuando en el pasado reciente se ha priorizado gastar en educación y a la vez existen urgencias importantes en salud. Cada ley de presupuesto puede erosionar los supuestos originales de la reforma. La propuesta actual es una forma de pay-as-you-go: los pensionados vivirán sujetos a la suerte de la recaudación tributaria, las urgencias coyunturales de cada año y las estrategias para alcanzar la sustentabilidad fiscal.
Una solución alternativa es estructurar el 4% como un seguro. El naipe se ordena solo. Primero, agregamos un elemento nuevo al sistema: un seguro de longevidad. Segundo, la naturaleza del ente se clarifica: es una compañía de seguros de vida, regulada por una agencia estatal conocida, la CMF, y con una ley de estándares internacionales. Tercero, los recursos para pagar las pensiones están capitalizados en las reservas técnicas. Cuarto, las políticas de inversión podrían ser muy distintas de las de las AFP. Quinto, los beneficios pueden comenzar a darse desde el inicio, lo que reduce la necesidad de gasto público y colabora con una política fiscal más responsable.
El precio que hay que pagar es juntar los riesgos en la misma masa: todos debiéramos pagar la prima a la misma entidad para que la diversificación sea máxima. El “ente asegurador” puede licitar la gestión de las reservas técnicas para minimizar una concentración excesiva de riesgos.
El debate de pensiones va en la dirección incorrecta. En esas condiciones, necesitamos hacer una pausa y evaluar con “ardiente paciencia” las mejores alternativas. Los pensionados no pueden esperar, pero imagino que tampoco quieren que les cuenten cuentos de hadas. (El Mercurio)
Guillermo Larraín
