En tribunales terminará resolviéndose la disputa que llevan la alcaldía de Valparaíso de Jorge Sharp, y la empresa Inmobiliaria del Puerto, de propiedad del empresario Nicolás Ibáñez.
La autoridad porteña anuló el permiso de construcción del proyecto inmobiliario, dejando en stand by las obras por 80 millones de dólares, y que considera la construcción de 22 edificios en terrenos del ex Jardín Suizo.
La polémica -que tiene a los ex alcaldes de Valparaíso Aldo Cornejo y Jorge Castro en veredas contrarias- ya había iniciado su camino judicial, luego que el pasado 13 de septiembre la Inmobiliaria presentara un recurso de ilegalidad.
El pasado viernes, el grupo que lidera Ibáñez volvió a tribunales y esta vez apuntó en la Corte de Apelaciones un recurso de protección, alegando vulneraciones constitucionales contra la empresa que busca levantar 22 edificios en el emblemático barrio O’Higgins.
Según La Segunda, el texto firmado por Rafael Burmester, gerente general de la inmobiliaria, Sharp habría vulnerado al menos 4 derechos de la empresa consagrados en la constitución: «derecho a la igualdad ante la ley y al derecho de interdicción de todo arbitrariedad; a la garantía que prohíbe ser juzgado por comisiones especiales; el derecho a la libre iniciativa económica; y al derecho de propiedad».
José Luis Lara, abogado de la empresa, agregó a La Segunda que «a pesar de que la Contraloría emitió dos dictámenes a favor del proyecto y la Dirección de Obras Municipales lo respaldara, el alcalde lo deja sin efecto, saliéndose de sus atribuciones».
Hay que consignar que el proyecto ha significado ya la inversión de 4,2 millones de dólares más el valor del terreno, que asciende a 8,8 millones de dólares. El permiso a la inmobiliaria fue entregado el 30 de marzo de 2015, y dos años más tarde, el 8 y 11 de septiembre de 2017, la corporación liderada por Sharp decretó la nulidad.
Según Lara, la ley establece que sólo la DOM puede anular el permiso de edificación y en un plazo de dos años, por lo que en el caso del proyecto Parque Pümpin, «el alcalde excede todas sus atribuciones», agrega el abogado.
Desde el municipio, señalaron a La Segunda que «respetaremos el proceso judicial y esperaremos que sean los tribunales los que se pronuncien respecto al recurso de protección». (Soy Chile)
