Crece el temor ante un eventual cierre de la siderúrgica Huachipato. Autoridades estiman que cerca de 20 mil puestos de trabajo estarían en riesgo si es que se pone fin a la fábrica, donde se verían afectados proveedores de la empresa e industrias derivadas de la producción de acero.
El gerente general de la compañía, César Garrido, reconoció una situación «crítica» y lo vinculó a la «competencia desleal» a causa del acero chino.
En ese complejo escenario, privados y autoridades han emplazado al Gobierno a tomar medidas y evitar un descalabro en Talcahuano. Una de las medidas que más se repite es que intervenga la Comisión Antidistorsiones, para poner una sobre cuota arancelaria a las empresas Chinas, propuesta que se votará en las próximas semanas en la Cámara de Diputados como una acuerdo de resolución dirigido al Presidente de la República Gabriel Boric.
El diputado y miembro de la comisión de minería Álvaro Carter (UDI) planteó que «la situación en el mercado del acero en China contrasta significativamente con lo que ocurre en Chile, especialmente con respecto a la situación de la empresa de acero CAP. Esta compañía no cuenta con el respaldo ni las condiciones de desarrollo que el Gobierno Chino proporciona a los productores de acero. La falta de estos incentivos está teniendo un impacto negativo en la industria siderúrgica local, poniendo en riesgo miles de empleos y la economía de una ciudad que depende en gran medida de su producción».
En esa línea, dijo que «el Gobierno debe debe intervenir pensando en lo que significa Acero CAP para miles familias» y anunció que oficiará al Ministerio de Economía para solicitar un estudio a la Comisión para el Mercado Financiero «para investigar posibles distorsiones en el mercado que están perjudicando gravemente la actividad siderúrgica local».
El diputado socialista, Nelson Venegas, aseguró que «evidentemente el Estado de Chile tiene que asumir con mucha más preocupación la situación que se está viviendo en Huachipato».
En esa línea, sostuvo que «Chile ha perdido durante mucho tiempo todo lo que tiene que ver con su vocación industrializadora y no puede ser que estemos siempre sujetos a la economía basada simplemente en el extractivismo o en las materias primas, y en ese sentido es necesario empezar a generar condiciones para que el Estado asuma un rol mucho más activo ya sea directamente o a través del fomento, el hecho de que en Chile tenga vocación industrializadora que genere empleo y que permita otorgar mayor valor agregado a los productos, muchas veces el Estado financia o subsidia cuestiones de carácter financiero básicamente».
«Yo creo que aquí es un rol que se debe desempeñar en lo que tiene que ver con subsidiar también el desarrollo de la industria nacional porque genera empleo pero aparte de eso es un empleo que no está sujeto a los vaivenes de los cambios internacionales», agregó.
La presidenta de la comisión de Minería de la Cámara, Yovana Ahumada (IND), indicó que al situación es «sumamente preocupante».
«Creo que aquí, como Estado y como Gobierno, debe haber apoyo a empresas nacionales, no sólo por lo que significa esta competencia desleal y donde se deben entregar recursos y herramientas para poder competir de igual a igual, sino que también pensando en lo que afectaría en un tema de cesantía a las familias que están involucradas en esta empresa».
«La Comisión de Minería y Energía siempre ha estado para resolver estos problemas que afectan a los trabajadores y a las empresas y por supuesto esperamos que a la brevedad el Ejecutivo tome acciones y podamos proteger a los trabajadores y también a la competencia en igualdad de condiciones, protegiendo a nuestras empresas nacionales», agregó. (Emol)
