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Tasas de créditos hipotecarios caen a mínimos desde inicios de año

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios volvieron a caer en la última semana de septiembre, según datos publicados este miércoles por el Banco Central.

De acuerdo con las cifras del instituto emisor, el promedio del cobro que realizan los bancos por otorgar este tipo de préstamo llegó a 2,27% (UF) entre los días 24 y 30 de septiembre, lo que significa una baja desde el 2,41% registrado entre el 16 y 23 de ese mismo mes. 

De esta forma, la media de la tasa de interés de los créditos para la vivienda llegó a mínimos desde la primera semana de enero, cuando el dato fue de 2,26%. 

Como referencia, la cifra más baja desde que hay registro se anotó en la primera semana de noviembre de 2019. En esa ocasión, el promedio fue de 1,91%.

SEMANA PROMEDIO TASA DE INTERÉS (%)
24 – 31 DE AGOSTO 2,59%
1 – 7 DE SEPTIEMBRE 2,55%
8 – 15 DE SEPTIEMBRE 2,48%
16 – 23 DE SEPTIEMBRE 2,41%
24 – 30 DE SEPTIEMBRE 2,27%

Las tasas de interés de los créditos hipotecarios no fueron las únicas que cayeron, ya que también bajaron las de consumo. Entre los días 24 y 30 de septiembre, el cobro promedio por este tipo de préstamo fue de 14,21% nominal (anual), versus un 16,73% registrado la semana anterior. 

Así, el dato se encuentra en mínimos desde la última semana de abril, cuando la media fue de 13,79%.

Por su parte, la tasa de interés de los créditos comerciales continúan en su nivel más bajo desde que hay registro, al bajar desde 3,87% entre el 16 y 23 de septiembre a un 3,48% en la última semana de ese mes. (DF)

Dos semanas decisivas

Las próximas dos semanas son para abrir muy bien los ojos; y los oídos; y el entendimiento.

Inmersos hace ya un buen tiempo en la vorágine de múltiples acontecimientos públicos, la aceleración de los hechos exige ahora total concentración. Eso, si a usted y a mí nos importan Chile y su destino. Si no, por favor deje la lectura de inmediato. Gracias.

¿A qué hay que prestarle atención?

A la violencia. Sube de nuevo a la superficie desde las profundidades de los corazones a los que ha llegado inducida por cabezas malévolas. Pasa por manos y bocas. Subsiste la duda de si el espasmo está perfectamente coordinado por los partidos aquellos o solamente son sus descolgados —en alianza con los muy bajos fondos— quienes vuelven a escupir esa quemante lava.

A las encuestas. Vamos a guardarlas, todas, una por una; y a pasarles la cuenta después, ya que por la reiteración de sus fracasos, algunas facturas debieran convertirse, más bien, en órdenes de clausura.

A las pillerías. ¿Cuántas originales proposiciones nos harán sobre la eventual página en blanco, que en realidad —dicen algunos— ya viene escrita con tinta indeleble, mientras otros afirman que la dichosa asamblea podría decidir que se escriban primeras letras, incluso borrando el 15 de noviembre? Pillerías las unas, pillerías las otras.

Al Gobierno, al Presidente, cuya declarada neutralidad frente al plebiscito se parece más a la de un observador extranjero que a lo que le corresponde como conductor del Estado, elegido por una mayoría que ni de lejos quería una nueva Constitución.

A la Derecha de verdad, clara promotora del Rechazo; a la Derecha boutique, que declara libertad de acción frente a esta encrucijada decisiva, y a la Derecha desbordada, sí, la que convive con la izquierda moderada, la que a su vez la engaña con las izquierdas insurreccionales.

Al candidato presidencial socialdemócrata (que en realidad es candidato a alcalde y nunca ha sido socialdemócrata) y al candidato presidencial comunista (que sí es candidato presidencial y sí es comunista): todo lo que digan y hagan será usado en su contra.

A los medios de comunicación. Si día a día ellos lo juzgan todo, ha llegado el momento crucial de hacerles un juicio popular (sin esos paredones que algunos promueven, eso sí) para aprobar a los que informen (¡vaya exigencia extraña!) y denunciar a los que solo se hayan sumado a la campaña de sus pasiones, reeditando su penosa puesta en escena de hace un año.

A la oposición moderada, porque o recupera esa característica suya tan concertacional, o arriesga sumarse definitivamente a una nueva minoría que la terminará desgarrando. Así ha sido su triste actuación en los meses de la pandemia, preguntándole siempre a su hermano menor: ¿qué hacer… me aceptas en tu nicho?

A las dichosas redes, donde el negacionismo del respeto y de la dignidad humana casi nunca tienen sanción. Pero en estos días, qué gran ocasión para convertirlas en instancias de educación ciudadana y de diálogo político, así como en oportunidades de descalificación razonada… del que odia.

A usted y a mí, porque la decisión del 25 de octubre la vamos a trabajar en el día a día de estas dos semanas, desde la conciencia, la palabra y los actos. Con total convicción, yo voto Rechazo. Usted verá.

¿Y podremos olvidar al convidado de piedra? No.

Habrá que estar muy atentos también a la situación del coronavirus, porque el bicho este resulta ser mucho más democrático que tantos de nuestros políticos, y podría imponerse por paliza estadística, antes o después del plebiscito.

La paliza, por supuesto, la merecerían primero los que se han empeñado en ponernos a todos en un riesgo aún mayor que el del pasado abril. (El Mercurio)

Gonzalo Rojas

Argentinización de la minería chilena-Francisco Orrego

Las aguas -y hielos- del mundo medioambiental chileno están revueltas. Recientemente el Primer Tribunal Ambiental, con sede en Antofagasta, puso la lápida definitiva al emblemático proyecto minero Pascua Lama, de la empresa canadiense Barrick Gold, en Atacama. Con ello, este proyecto minero que se encontraba acogido al Tratado de Integración y Complementación Minera entre Chile y Argentina, de 1997, no podrá seguir desarrollándose por el lado chileno (Pascua), quedando a salvo la parte transandina (Lama). Un buen ejemplo de la robustez de nuestra joven institucionalidad ambiental.

Casi en simultáneo, el Ejecutivo, a través de los ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, daba a conocer la decisión oficial del Gobierno de Chile de no suscribir el Acuerdo de Escazú, convenio regional ambiental, por considerar que era inconveniente para los intereses del país, lo que generó críticas injustificadas desde algunos sectores políticos y de la sociedad civil, ambientalistas incluidos, los que fijaron rápidamente la vista en el sector minero como uno de los responsables de tal decisión. La mejor respuesta que dichos sectores activistas encontraron fue acelerar y retomar la tramitación legislativa del proyecto de ley sobre glaciares. El olor a revancha no se lo quita nadie.

La minería chilena es mucho más que Pascua Lama. Este proyecto, a diferencia de la gran mayoría los proyectos mineros que se realizan en el país, partió con el pie izquierdo. Desde un comienzo experimentó dificultades técnicas y regulatorias, que nunca pudieron ser resueltas en forma oportuna y transparente. En cambio, la minería chilena es, en general, una actividad que cumple altos estándares medioambientales y recoge las mejores prácticas mundiales. De ahí que extender los efectos del caso de Pascua Lama al resto del sector minero, no solo es injusto sino que inadecuado.

¿Qué hacemos, entonces, para compatibilizar el desarrollo de la minería y la protección del medioambiente en nuestro país? ¿Es el proyecto de glaciares la mejor respuesta para desarrollar una minería sustentable? ¿Cómo evitamos que consideraciones de orden populista prevalezcan sobre consideraciones técnicas y científicas en la tramitación de este proyecto? ¿El populismo -en este caso medioambiental- se apoderará nuevamente de nuestros parlamentarios, quienes optarán por el “me gusta” fácil de las redes sociales?

Aunque Chile tiene las mayores reservas de cobre del mundo (20,5%) y es el principal productor de este mineral (28%), ello nunca ha servido como excusa para que el sector minero, público y privado, eluda su compromiso con el medioambiente y la sustentabilidad, siendo un activo protagonista, junto a académicos, gremios, científicos, sociedad civil, entre otros, en el desarrollo de la institucionalidad medioambiental en Chile. Por otra parte, nuestro país se encuentra entre los 10 principales lugares del mundo, junto a Estados Unidos, Canadá, China, Rusia, entre otros, con presencia de masa glacial, la que, en nuestro caso, se encuentra mayormente protegida a través de reservas o parques nacionales.

Pocos saben el origen, objetivo e inspiración de este proyecto, pero no se sorprenderán. Se trata de una moción de los senadores de izquierda Girardi, Allende y Órdenes, que busca prohibir toda actividad económica en los glaciares, en el ambiente periglaciar y en el permafrost o suelo helado, ya sea que tenga o no hielo. Establece que los glaciares son bienes nacionales de uso público, inapropiables y excluidos del uso o aprovechamiento industrial. Sanciona la afección dolosa o culpable de glaciares con penas y multas. El proyecto, además, establece una norma transitoria que afecta retroactivamente las actividades que ya están operando cerca de glaciares.

Más allá de los problemas conceptuales, constitucionales y legales que afectan al proyecto, de las graves consecuencias para la economía nacional y del contundente sustento y evidencia técnica y científica existente, de por sí suficientes para rechazar el proyecto en su estado actual, lo más grave es la inspiración conservacionista de sus autores. En lugar de buscar un enfoque de desarrollo sustentable, que permita armonizar todos los intereses involucrados, el proyecto establece una prohibición absoluta y ex ante para desarrollar toda clase de proyectos y actividades de inversión -no solo mineros- en zonas cercanas a glaciares.

Si usted cree que los senadores de izquierda inventaron la rueda con este proyecto, se equivoca; se equivoca profundamente. Lo que hicieron fue un “cortar y pegar” de la ley argentina, que es el único país del mundo (otro nefasto récord a su haber) que tiene una ley de ley de protección de glaciares (2010). Ni siquiera en Canadá, Estados Unidos y Europa, que son los países más desarrollados y ambientalmente conscientes del mundo, existe una ley especial. ¿Y qué modelo tuvimos que mirar? ¡El argentino, por la flauta! Y para rematar, ¿sabe usted en qué gobierno argentino se aprobó esa ley? En el de Cristina Fernández. No más preguntas, señoría.

Los glaciares, por sus características y aportes al ecosistema, requieren de protección. Qué duda cabe. Pero no puede hacerse a costa del desarrollo y progreso de todos los chilenos, prohibiendo actividades legítimas, ni menos copiando el modelo kirchnerista. Ya no solo se trata de un tema científico o técnico, sino que de simple sentido común. Tenemos una oportunidad única de desarrollar un modelo innovador y sustentable de protección de glaciares, que -en el marco de la actual institucionalidad ambiental- sea respetado y admirado en el mundo, donde se compatibilice la protección del medioambiente y el desarrollo de actividades económicas. No debemos desaprovecharla. Solo pido que no sigamos mirando a nuestros vecinos, en ésta ni en otras materias. Lo que faltaba es que el kirchnerismo legisle en Chile. (El Líbero)

Francisco Orrego

Valparaíso: Directora de Educación dice que Sharp la usa de «chivo expiatorio»

La directora de Educación de la Cormuval (Corporación Municipal de Valparaíso), Silvana Sáez, se negó a dejar el cargo luego de la solicitud del alcalde de esa ciudad, Jorge Sharp. Esto, luego que un informe de la Contraloría General de la República detectara una serie de irregularidades.

Dichas irregularidades dicen relación con un supuesto mal uso de la Subvención Escolar Preferencial (por $931 millones), dineros que fueron destinados a la compra de distintos elementos para dos liceos de la comuna: María Luis Bombal y Técnico de Valparaíso.

En el informe también se señala que alumnos de dos establecimientos habrían sido utilizados para «para trabajar como garzones y cocineros, siendo menores de edad y sin autorización expresa para efectuar esa actividad».

Un comunicado de Sáez -quien está desde 2017 en el cargo- asegura que ha mantenido siempre un «compromiso con la probidad y la transparencia en la gestión».

Allí también explica que decidió no renunciar según le fue solicitado, argumentando que «las razones tienen que ver con ni la Contraloría ni ningún otro órgano fiscalizador ha determinado que las situaciones expuestas en el informe final de Contraloría sean de mi responsabilidad administrativa».

«La decisión del Alcalde se trata más bien de una medida política apresurada , en la cual se me utiliza como chivo expiatorio para dar respuesta a la presión política que desde distintos campos se ha puestos sobre él», complementa Sáez.

Asimismo, expuso que «mi decisión de no renunciar fue comunicada al director de la Cormuval inmediatamente después de que me fuera solicitada la renuncia, sin embargo posteriormente el alcalde anunció mediante una transmisión en redes sociales que en los próximos días anunciará a un nuevo director del área de Educación, sin hacer mención alguna a eventuales responsabilidades de otros funcionarios o funcionarias de Cormuval, como el como el propio gerente, la ex directora de Finanzas o el director del Área Jurídica».

«Junto a esto he decidido tomar las acciones legales que correspondan tanto para defender mis derechos laborales, soy trabajadora de la Cormuval de hace 17 años, mucho antes de ser Director del área de Educación, como para esclarecer mi responsabilidad en los hechos evidenciados por la Contraloría», finalizó.

El Gobierno señaló que «son hechos graves que tienen que ser investigados», mientras que desde el Frente Amplio ya condicionaron el apoyo a los resultados de la justicia respecto a la indagatoria.

Alondra Arellano, presidenta de la excolectividad de Sharp, Convergencia Social, quien sostuvo que, «como Frente Amplio tenemos la responsabilidad de ser coherentes con nuestros principios éticos, por lo tanto, vamos a esperar los descargos del municipio y si la justicia determina que existe responsabilidad de la alcaldía, claramente no podremos apoyar su candidatura», según consigna hoy El Mercurio. (Emol)

Exfuncionaria de Epidemiología del Minsal acusa manipulación de datos

“Recuerdo con mucha claridad un día que nos piden que cambiemos la información. El ministro informaba con un sistema desconocido para nosotros, paralelo, que primero eran llamados telefónicos, luego un código de acceso que ponían los totales. Informaba estas cifras en la mañana, previo a que publicaremos los informes. El 24 de abril, porque previamente el valor absoluto reportado desde Epidemiología era siempre inferior a lo reportado por el ministro, ese día pasó que la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por Mañalich. Así que cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar, porque si bien podía haber diferencias, la información de Epivigila no podía exceder lo informado por el ministro. Nosotros no lo hicimos”.

Esta es parte de la declaración de la exjefa de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud (Minsal), Andrea Albagli Iruretagoyena, entregada el 30 de septiembre al Ministerio Público. La testigo de la fiscalía es psicóloga de la Universidad Católica, magíster en Salud Pública en Toronto, magíster UC en Epidemiología y actualmente cursa un doctorado en la Universidad de Toronto. Antes de renunciar al Minsal el 15 de septiembre, pasó a trabajar en el equipo liderado por Rodrigo Fuentes, quien es el jefe de la Oficina de Vigilancia de Enfermedades Transmisibles. También es cercana a Revolución Democrática, partido del Frente Amplio.

Su testimonio -de 21 carillas- lo dio en el marco de una investigación por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia, en la que están querellados el Presidente Sebastián Piñera, el exministro de Salud Jaime Mañalich, además de otras autoridades de la cartera de Estado, entre ellas, la subsecretaría Paula Daza. La diligencia se realizó a través de Zoom por los fiscales Ximena Chong y Marcelo Carrasco.

Albagli dijo que renunció a la entidad porque empezó a hacer un doctorado y debido a que “me sentía éticamente muy incómoda con la forma en que se manejaba la pandemia”.

Indicó que su jefe directo fue inicialmente Johanna Acevedo, exjefa de Epidemiología. “Luego, a mediados de abril, Johanna es ascendida a ser jefa de división, por lo que pasó a ser Rodrigo Fuentes jefe de departamento, un mes y medio. Después es reemplazado por el actual jefe que es Rafael Araos».

En relación al día que -según dijo- les pidieron calzar las cifras, señaló que “esta solicitud la realiza mi jefatura directa, pero a nombre del gabinete. Ese día el Gap eran 30 casos, era pequeño. Eran 30 casos de contagio no más. Me piden del gabinete del ministro que vuelva a hacerlo para que se ajuste, entre comillas, el valor sin superar a lo informado por el ministro”.

Y siguió: “Para mí fue muy evidente que eso era impropio, que no lo podíamos hacer. Esta indicación la recibimos a las 11.30 o a las 12.00. El informe (epidemiológoco) lo teníamos listo y lo estábamos terminando, antes de su publicación en la tarde, ahí fue cuando nos pidieron que modificáramos el informe y la base de datos a lo que el ministro había dicho. Fue verbal pero hay más testigos. Estaban todos los de la oficina, Pía Álvarez, Silvina Alvarado, Patricia Cerda, Rocío Martínez, Fabio Paredes, Mario Soto. Todos compartíamos el mismo espacio, excepto dos que estaban ahí circunstancialmente. Estábamos en dependencias del ministerio”.

Dijo que “con la base de datos me refiero a lo que se extrae de Epivigila, lo que se descarga. Lo que ocurrió fue que rechacé la solicitud, porque manipular la base de datos es una irregularidad. Se mantuvo la orden del ministro, que no era admisible, por lo que se pidió que cambiaran el punto de corte de la base, que si era descargada a las 22.00, por ejemplo, se descargaba antes, no recuerdo bien pero el corte se corrió para las 18.00. Adelantaron el punto de corte hasta que hubiera un valor igual o inferior a lo informado por el ministro”.

Consultada por los fiscales respecto a cómo fue la reacción el 24 de abril ante esto, la sicóloga dijo que “sé que había acuerdo entre mis pares, pero solo yo lo verbalicé. Rodrigo Fuentes me responde que era correcto, que era una irregularidad y luego volvió con una segunda propuesta”.

Después le preguntaron si hubo alguna preocupación por las diferencias, a lo que Albagli respondió que “solo en una ocasión, verbalmente, Johanna Acevedo manifestó que estaba preocupada y buscando que esto fuera reparado por el ministro (…) Enviaré los correos que tengo al respecto y una imagen del sistema paralelo creado por el ministro (…) Me llegó y lo guardé para tener registro. Ninguno de los dos eran un sistema avalado por el Departamento de Epidemiología”.

Señaló que en junio dejó de ir al ministerio presencialmente, para iniciar la modalidad teletrabajo, y dejó de trabajar en los informes epidemiológicos.

De improviso, Albagli quiso agregar un punto por si después lo olvidaba. Indicó que “si bien es distante a nuestro procedimiento, en conversaciones diversos profesionales nos comunicaron que también informaban directamente al ministro las lesiones del estallido social de manera paralela. Esto lo supe porque participaron en una mesa de riesgo y gestión de información. En un momento hicimos una propuesta de hacer seguimiento a las lesiones del estallido social, formalmente por correo, pero nos respondieron que no debiésemos hacerlo nosotros porque lo hacía el gabinete del ministro directamente”.

MUERTES Y SITUACIÓN ECONÓMICA

En otra parte del interrogatorio, la profesional dijo que “hicimos un análisis sobre el riesgo de morir por Covid en diferentes personas, se dio que los adscritos a Fonasa tenían mayor probabilidad de morir que aquellos que estaban en Isapre. Me pareció información relevante y lo informo a las jefaturas. Hace unos días el ministro Paris dice que hay información que descarta la relación entre letalidad y pobreza, eso falta a la verdad, ya que si bien son modelos complejos sujetos a mejora, al menos hay información relevante que lo sugiere, así que cuando está descartada, no existe información que pueda descartar esta información. Ese correo lo envié el 22 de junio”.

También indicó que cuando se empezó a hablar de meseta, nueva normalidad y retorno seguro, estas fueron recomendaciones que vinieron del “gabiente del ministro o subsecretaría, nunca vinieron de Epidemiología, es más, mi jefatura, Johanna Acevedo, nunca estuvo de acuerdo, no estábamos en una meseta, no se podía hablar de meseta”.

Añadió que “la primera cifra de recuperados tampoco pasó por Epidemiología, fue de gabinete. Nos pidieron publicarlas pero yo señalé que no era ético responder a solicitudes del ministro siendo que lo único que se hacía era publicar el mismo número de personas contagiadas hace dos semanas, pero a nivel internacional no había ningún instrumento que dijera que eso era correcto”.

Después volvió a retomar lo ocurrido el 24 de abril y dijo que renunció, en parte, por ese episodio. “Cuando nos piden manipular la base de datos, que aunque no se haya hecho, se tomó una decisión que si bien no es falta administrativa, sigue siendo reprochable por una decisión de no informar todo lo que se podía informar”, declaró. Y agregó que no renunció antes porque “intentó hacer cambios internos” y que trató de hacer la base de Epivigila pública, pero no resultó.

CORREO ENVIADO

Casi al final del interrogatorio, los fiscales le preguntaron por un correo que ella envió el 10 de abril a su jefe Rodrigo Fuente y al funcionario del Minsal Mario Soto.

“Perfecto. Entendido. Debo reiterar sin embargo, mis reparos al respecto: La definición de ‘casos activos’ se construye desde la definición de ‘recuperados’ que se ha adoptado en este ministerio. Dicha definición no se apega a ninguna indicación de organismos internacionales y sus implicancias no son inocuas: estamos comunicando erróneamente que todas las personas que han sido diagnosticadas hace dos semanas ya no son contagiantes y por ende no son ‘casos activos’ y, al no ser precisa esta definición, contribuimos a la propagación del virus en aquellas personas que siguen contagiando luego del período de 14 días”, escribió Albagli en el e-mail.

Y agregó: “Creo firmemente que no podemos publicar cifras irreflexivamente, por lo cual comunico también que si la incidencia actual o ‘casos activos’ (que se construye en base a un supuesto de recuperación que sabemos es equivocado) será desde ahora en adelante obligatorio para incluir en el informe, este es el último informe en el que participaré en su redacción. Haré el traspaso de esta tarea el lunes a quien Uds. consideren del equipo como responsable de darle seguimiento”.

Ante esto, la exfuncionaria indicó que “lo que decía es que la decisión del ministro no tenía sustento, se insistió y por eso escribí ese correo manifestando mi desacuerdo”.

ZUÑIGA: «CONMIGO NO HUBO MANIPULACIÓN DE DATOS»

Esta mañana, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, se refirió en Radio Duna acerca de las declaraciones de la ex funcionaria de Epidemiología, Andrea Albagli Iruretagoyena, quien declaró como testigo el 30 de septiembre pasado en la investigación de la fiscalía por presunta diseminación imprudente de gérmenes patógenos en medio de la pandemia.

En cuanto a este último punto, y según la declaración de Albagli, el 24 de abril fue el día que se le pidió alterar la base de datos, ya que ese día la información que estaba en Epivigila sobrepasó lo informado por el entonces ministro de Salud, Jaime Mañalich: “Cuando ya había recibido la base de datos, mi jefatura directa, Rodrigo Fuentes, me indica que por pedido del ministro hay que borrar los últimos registros para hacerlo calzar”, sostuvo.

Sobre esta declaración, Zúñiga indicó que no conocía a Albagli y los antecedentes que manejaba para hacer tal declaración.

Desconozco a esta persona, no sé quien es, nunca estuve en una oportunidad de estar con ella, por lo tanto no me puedo pronunciar acerca de lo que dice esa persona”, indicó, agregando que era un área que no le correspondía.

“No sé qué antecedentes tendrá para respaldar su aseveración, pero no puedo opinar de un departamento que no depende de mi directamente y que no tengo antecedentes de que eso haya ocurrido”, agregó.

Conmigo nunca se realizó una manipulación de datos, eso nunca lo vi y eso es lo que siempre hemos afirmado, que cada vez que se entregó información fue para poder entregarlo de la forma más oportuna posible contando con todas las dificultades que requiere el manejo de una pandemia para poder entregar los datos de una manera oportuna”.

RESPALDO DE LA MONEDA A MAÑALICH

Tras conocerse la publicación, el Presidente Sebastián Piñera y el ministro del Interior, Víctor Pérez, cerraron filas con el ex titular de la cartera, quien enfrenta una querella -también dirigida al Mandatario y a los subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga- y una posible acusación constitucional.

«Yo tengo una certeza, yo he visto al (ex) ministro Mañalich y también al ministro Paris hacer todos los esfuerzos, entregar lo mejor de sí mismos, para proteger la salud y la vida de los chilenos. Ese es el rol que cumplen los ministros de Salud y muy especialmente en estos tiempos de adversidad y pandemia que afectan al mundo entero», manifestó.

Agregó que «proteger la salud y proteger la vida de nuestros compatriotas ha sido la primera prioridad de este Gobierno, de este Presidente, del (ex) ministro Mañalich, del ministro Paris y de todos los funcionarios de la salud, a quienes una vez más aprecio y agradezco su compromiso, entrega y vocación».

Las palabras de Mandatario llegaron en un acto en La Moneda, donde, acompañado por los ministros Jaime Bellolio (Segegob), Enrique Paris (Salud) y Cristián Monckeberg (Segpres), lanzó la campaña del Gobierno para promover la participación ciudadana en el Plebiscito constitucional.

Antes fue el turno del el titular de Interior y Seguridad Pública, quien dijo que «en una investigación todos los dichos hay que probarlos, por lo tanto, cualquier persona tiene derecho a expresar una denuncia y sin duda será la investigación la que tendrá que probar eso».

«Yo quiero reiterar la confianza que el Gobierno tiene en la gestión que realizó el (ex) ministro Mañalich que, frente a una situación tan grave y tan difícil como es la pandemia, vuelvo a decir, nos coloca en una condición, si bien difícil, mejor a la que tiene otros países del mundo», agregó.

Finalmente Pérez expresó: «Vuelvo a decir, en Chile nunca existió la posibilidad de que el Estado no pudiera entregarle atención médica a una persona, como sucedió en otros países muy desarrollados. Por lo tanto, esa acción del ministro Mañalich, de todo el Gobierno y de todos los funcionarios de la salud, salvó vidas». (La Tercera)

Fiscalía contra Mañalich: naufragio judicial-José Miguel Aldunate

La persecución penal contra Jaime Mañalich por cuasidelito de homicidio no tiene pies ni cabeza. Por una parte, al momento de los hechos nadie sabía ni podía saber qué había que hacer con la pandemia, haciendo imposible determinar la imprudencia de la conducta. De hecho, los que entonces exigían cuarentena nacional, hoy se tragan sus palabras al ver la situación sanitaria de Argentina. Por otra parte, la vinculación entre los actos del ex ministro de Salud y cada una de las muertes por Covid-19 está tan diluida entre miles de otros factores, que resulta imposible cumplir con ningún estándar penal en materia de causalidad.

Esto lo sabe cualquier abogado. También lo sabe, sospecho, Daniel Jadue, quien no obstante vio una oportunidad más de aprovechamiento político a costa de la justicia. Y lo sabe, porque tiene que saberlo, el Ministerio Público. Tanto por experiencia como por formación profesional, los fiscales tienen perfectamente claro que este proceso no puede prosperar judicialmente.

Entonces, ¿por qué la Fiscalía le presta tan rápido el cuerpo a la causa? Si un hecho puede revestir carácter de delito ─responden siempre los fiscales─ nuestro deber es investigarlo. Pero a quienes nos han entrado a robar a la casa, sabemos que no todos los delitos son iguales. Algunos delitos reciben mucha dedicación del Ministerio Público. En cambio, las víctimas de otros delitos podemos estar seguros de que pronto recibiremos una notificación de archivo provisional por falta de antecedentes.

En realidad, es normal que así sea. El Ministerio Público tiene recursos limitados y, de hecho, los fiscales viven quejándose del exceso de trabajo. No queda más que priorizar. Incluso, la ley autoriza al fiscal para abstenerse de toda investigación cuando los hechos relatados no son constitutivos de delito, como debiera ser este caso.

Habrá que concluir que la Fiscalía aprovechó la situación para ver si pilla alguna otra cosilla con qué incriminar al ex ministro. Para colmo de males, la investigación ha dado ocasión para que los fiscales a cargo enjuicien la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud, como si fueran epidemiólogos y expertos en políticas públicas en vez de penalistas.

Todo esto aumenta las sospechas de que muchos fiscales actúan por afán de figuración y motivaciones políticas. Aunque el Ministerio Público tiene instructivos que debieran guiar la política criminal, en la práctica a los ciudadanos nos queda poco claro cómo y en base a qué criterios se decide qué y a quiénes investigar.

En este sentido, poco importa la invocación de la autonomía del Ministerio Público. Al igual que con la independencia judicial, la autonomía no blinda a los fiscales de la crítica. Cuando, más encima, el órgano persecutor avala el comportamiento de los llamados “fiscales mediáticos”, la opinión pública queda doblemente autorizada para emitir juicios sobre sus actuaciones.

El naufragio judicial de la causa es probable. Cuando ello ocurra, quizás sea el momento para que la sociedad reflexione, de una buena vez, sobre las debilidades institucionales del Ministerio Público. (DF)

José Miguel Aldunate

Real participación ciudadana

En las últimas semanas se ha sostenido un intenso debate en estas páginas sobre el modo en que funcionará la futura Convención. De modo esperado, el debate se ha centrado en el quórum de aprobación de las normas en dicho órgano colegiado.

Quisiera llamar la atención de otros dos aspectos que son cruciales para su adecuado funcionamiento y que dependerán del reglamento que se apruebe. El primero dice relación con los mecanismos de participación ciudadana que se establezcan y que debiesen incluir audiencias públicas, trabajo de la Convención en regiones, cabildos propositivos a nivel local, normas de rendición de cuentas de los y las convencionales, mecanismos de consulta online, entre otros. El segundo tiene que ver con las normas de transparencia de la deliberación y votaciones para asegurar una Convención Abierta.

El éxito del proceso constituyente dependerá tanto de la capacidad de los actores de generar un acuerdo amplio como del involucramiento proactivo de la ciudadanía durante todo el proceso. Así, se requerirá generar dispositivos eficientes y efectivos de participación ciudadana más allá de la deseable participación ciudadana en las urnas.

Claudio Fuentes S.
Cientista político, Universidad Diego Portales

Chile y Europa: doblar la apuesta

Chile exhibe una relación estratégica con la Unión Europea (UE) que hoy adquiere más valor estratégico que nunca. En las últimas dos décadas no solo se han producido cambios revolucionarios en la economía, demografía y equilibrios geopolíticos, sino que en la propia pandemia Europa ha jugado un rol de relevancia en el contexto del paquete de medidas de reactivación financiera que los 27 países de la EU acordaron en un hito de mancomunidad histórica que mutualiza una deuda para enfrentar la pandemia de una forma solidaria y contributiva. Esto nos lleva a la conclusión de que Europa jugará un rol en el nuevo orden global que permitirá entregar nuevos patrones de equilibrio para el desarrollo de la humanidad y que hoy son más necesarios que nunca.

En aquello es clave afirmar que nuestra apuesta por Europa es una apuesta comercial pero, antes que eso, política. Chile fue el primer país de Sudamérica en firmar un acuerdo con la UE y el segundo de América Latina. Fuimos precursores en integrar nuestro comercio con Europa, más allá de las fronteras inmediatas, como también lo hicimos en su oportunidad con el Asia Pacífico.

Europa nos ha enseñado, además, que es posible avanzar más allá de los ciclos individuales de los estados miembros y los arrestos de populismos de ciertos momentos políticos. Porque al margen de algunos desvíos en el camino, Europa ha sido capaz de estar a la altura del desafío histórico enfrentando la crisis del Covid con una mirada equilibrada y madura que permite también mayores equilibrios geopolíticos a la hora de apostar por consensos globales.

Así las cosas, Chile enfrenta hoy un proceso de modernización del Acuerdo con la UE que nos permitirá maximizar los beneficios de la cooperación científica y vincular nuestro desarrollo al conjunto de economías que suman el tercer socio comercial de Chile en el mundo y el primer inversionista extranjero en nuestro país.

La apuesta por la UE es también una política exterior responsable por mantener ciertos equilibrios en la relación con las potencias mundiales que hoy tienden a concentrar parte de la tensión política y comercial como es el caso de China y EE.UU. Además, es un ejemplo de liderazgo para el resto de los países de la América Latina, a veces no siempre dispuestos a negociar con Europa considerando sus asimetrías regulatorias y un cierto desfase cultural que les hace más complejo ordenar negociaciones y prioridades para cumplir con los estándares europeos. Las dificultades de permanencia de la Cumbres CELAC -UE han dado cuenta de ello y de la confianza con que la UE responde a socios de valor político y consistencia multilateral como Chile.

Como hace 17 años, cuando firmamos el Acuerdo con la UE, el tiempo nos da buenas razones para renovar confianzas y doblar la apuesta con Europa, conscientes en que de esta crisis saldremos solo creyendo más en el derecho internacional, un comercio global responsable y un nuevo entendimiento para la cooperación solidaria entre los estados. (La Tercera)

Soledad Alvear

Adultos mayores y judicialización de conflictos-Herman Chadwick

Tras décadas de intensa actividad y de múltiples responsabilidades, la vida del adulto mayor debería ser un período de paz y con pocos sobresaltos; una etapa con tiempo para leer, meditar y, por qué no, recrearse. Sin embargo, no siempre es así, pues son muchas las personas que, luego de jubilarse, se ven obligadas a seguir trabajando para poder subsistir.

De una u otra manera, todos hemos sido testigos de múltiples casos de adultos mayores abandonados y aquejados por enfermedades, y de tantos que han sido golpeados sin piedad por el coronavirus. Una pandemia histórica que, lamentablemente, sigue cobrando a diario miles de vidas y generando una crisis económica que, consecuencialmente, produce conflictos civiles y comerciales, preocupaciones y costos. Situaciones que son difíciles de sobrellevar, sobre todo en esta etapa de la vida, por lo que hoy queremos ayudar a soportarlas de mejor manera.

Cuando se presenta un conflicto por cobro de deudas, arrendamientos, prestación de servicios, entre otros ejemplos, la vía tradicional para resolverlo es el juicio. Pero, ¿qué significa esto para el adulto mayor? El solo hecho de tener la preocupación de un tema sin resolver conlleva una carga emocional que, en algunos casos, también puede ser económica, y la posibilidad de asumir un riesgo para la salud al tener que acudir al tribunal en alguna etapa del proceso judicial (durante esta pandemia). Y es aquí donde el camino más adecuado resulta ser el diálogo y la mediación. Solo como dato, este año más del 50% de los casos finalizados en el programa de mediaciones gratuitas del CAM Santiago ha culminado con un acuerdo total o parcial.

La mediación se caracteriza por acercar a las partes, apoyadas por un experto, con el objeto de resolver el conflicto en plazos breves, logrando incluso que quienes participan en el proceso construyan la solución a partir del diálogo. El programa online “1.000 mediaciones pro bono”, de carácter gratuito, está disponible en el CAM Santiago y funciona en alianza con el Colegio de Mediadores. Difundirlo entre distintos sectores de la sociedad permite extender sus beneficios y resultados a las personas que hoy enfrentan un conflicto civil o comercial y que, en muchos casos, no tienen acceso a un sistema de resolución. Este año, se ha realizado 100% a distancia, a través del uso del celular, whatsapp y videoconferencias.

A la fecha, hemos firmado una serie de convenios con gremios, y resulta interesante destacar el suscrito recientemente con BancoEstado, a través de su presidente, Sebastián Sichel, y el Senama, mediante su director Octavio Vergara, con el fin de que la primera opción ante un conflicto entre el adulto mayor y la entidad financiera sea la resolución mediante una mediación gratuita (en casos menores a 3.000 UF).

Este mecanismo es más que nunca adecuado para los tiempos que vivimos y requiere transformarse en política pública. Es por eso que también le hemos planteado al Estado, a los legisladores y al Gobierno, la urgencia de que avancemos rápido en una ley de mediación civil, como lo ha hecho la mayoría de los países en el mundo, en un momento en que la tecnología facilita de sobremanera que se implemente como base para su tramitación. (La Tercera)

Herman Chadwick

Caso del puente Pío Nono: Carabineros inicia proceso de expulsión de policía

Carabineros dio a conocer este martes su decisión de iniciar el proceso administrativo para la expulsión del funcionario Sebastián Zamora por una “grave falta administrativa” cometida por el uniformado en el episodio ocurrido el pasado 2 de octubre en el puente Pío Nono, cuando un adolescente de 16 años de edad terminó siendo rescatado por manifestantes desde las aguas del río Mapocho al haber caído siete metros durante una “arremetida” de la Prefectura de Control de Orden Público de Carabineros, ante incidentes en el lugar.

Zamora fue formalizado por el homicidio frustrado del adolescente, de iniciales A. J. A. A., que debió ser hospitalizado en la Clínica Santa María. El 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para el funcionario y fijó 120 días para la investigación.

Según Carabineros, Zamora reveló, por medio de su defensa, a la Fiscalía Centro Norte que el día de los hechos “portaba una cámara personal ajena a la institución y no autorizada”.

La omisión de este hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales. El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo”, expresó la policía uniformada.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Conocida la declaración institucional el Ministerio del Interior y Seguridad Pública emitió a su vez un comunicado en el que señala que “el Gobierno instruyó a Carabineros la entrega al Ministerio Público de todos los antecedentes respecto de los lamentables hechos ocurridos el pasado viernes 2 de octubre en el puente Pío Nono”.

“Conocidos estos nuevos antecedentes, el Gobierno reiteró a Carabineros su obligación de colaborar en la investigación y poner a disposición del Ministerio Público toda la información de que disponga respecto de la materia, así como también la aplicación de las medidas que correspondan”, agregó la cartera.

El ministerio que encabeza Víctor Pérez finalizó su declaración indicando que “para el Gobierno resulta indispensable que todo el actuar policial se realice con transparencia frente a la ciudadanía y con estricto apego a los protocolos y a la ley”.

Carabineros de Chile informa a la comunidad de decisión institucional por grave falta administrativa, en procedimiento de Control de Orden Público, el pasado viernes 02 de octubre en la comuna de Santiago. pic.twitter.com/7udM30IHJh

— Carabineros de Chile (@Carabdechile) October 7, 2020

(La Tercera)