Existen muchas comprensibles, pero injustificadas aspiraciones de que el proceso constituyente lleve a la clase política chilena milagrosamente a cambiar la actitud belicosa que la ha caracterizado en estos últimos 12 meses. La acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez refleja el ambiente especialmente inconducente a la construcción de grandes acuerdos y de amistad cívica que se precisa para lograr sortear con éxito los desafíos que implica redactar una nueva constitución que sea un punto de encuentro para la sociedad.

Es difícil entender la decisión de parte de la oposición de presentar una acusación constitucional contra un ministro de Estado —la novena en lo que va de este gobierno. Es cierto que hay buenas razones para cuestionar el desempeño de Pérez en el Ministerio del Interior. Su trayectoria previa, especialmente su participación como funcionario público de confianza en la dictadura militar, debió haber sido una buena razón para que el Presidente Piñera optara por otra persona —alguien con menos carga histórica— para ese importante cargo. La trayectoria de Pérez como diputado y senador —legitimado por sólidas votaciones en todas las elecciones en que participó— hicieron que su presencia en el Congreso Nacional fuera incuestionablemente democrática y legítima. Pero era evidente que, al ser nombrado ministro del Interior, su trayectoria previa se convirtiera en esqueleto en el closet de este político de la UDI.

Con todo, el Presidente de la República tiene la prerrogativa de nombrar como ministro del Interior a quien estime conveniente. Ni la oposición tiene la potestad de vetar los nombramientos al gabinete ni la opinión pública puede privar al presidente de su derecho de nombrarlo. Por eso, la acusación constitucional genera la sensación de que la oposición quiere doblarle la mano al Presidente, ejerciendo una forma de poder de veto en los nombramiento. Después de todo, los llamados para acusar constitucionalmente a Pérez se comenzaron a escuchar apenas fue nombrado.

El lamentable incidente del viernes pasado, cuando un joven cayó al lecho del río Mapocho después de haber sido aparentemente empujado por un carabinero, constituyó la excusa perfecta para materializar un plan que hace rato estaba preparado. Más allá de los evidentes problemas que ha tenido Carabineros para poder imponer el orden público en las protestas y más allá de los errores que pudo haber cometido Pérez en el desempeño de su cargo, parece claro que la caída del joven al lecho del Mapocho es más una excusa que una causa para iniciar una nueva acusación constitucional contra un ministro del gabinete de Piñera.

Si estuviéramos en circunstancias normales, podríamos pensar que el país ya entró en lógica electoral —siempre caracterizada por aumento en los niveles de polarización político. Pero estas no son circunstancias normales. En 15 días, los chilenos deberán decidir si el país inicia un proceso constituyente que tomará al menos dos años. Para reducir la incertidumbre que inevitablemente existe en este tipo de procesos, la clase política debiera estar enviando señales de unidad y de voluntad de forjar acuerdos. Después de todo, redactar una nueva constitución requiere de voluntad de diálogo y de disponibilidad para aceptar las posturas e ideas de los que piensan distinto.

Pero la oposición ha preferido darse un gustito y enviar una preocupante nueva señal de que las cosas se vienen oscuras para el país. Al optar por impulsar una acusación constitucional contra Víctor Perez, la oposición deja bien en claro que no está con ánimo de diálogo ni de construir consensos. Embriagada por deseos de confrontación y conflicto, la oposición ha optado por una nueva declaración de guerra contra el gobierno cuando, al mismo tiempo, se presenta como dialogante y deliberativa en la campaña a favor del Apruebo en el plebiscito. Esta bipolaridad en el comportamiento demuestra ya sea mala fe o incapacidad para entender la magnitud del desafío que tiene por delante.

En los próximos dos años, el país necesita de una elite política que esté comprometida con la construcción de grandes acuerdos. La única forma de que el país pueda sortear exitosamente los obstáculos que tiene el camino que estamos a punto de emprender es con una clase política que sea capaz de resistir a la tentación de apuntarse mutuamente acusándose de sus evidentes falencias. Lamentablemente, no hay razón para esperar que el comportamiento de la elite política que sea parte de la convención constitucional —en caso de que, como predicen las encuestas, gane el Apruebo en el plebiscito del 25 de octubre— sea distinto a lo que hemos visto en estos doce meses —o para no ir más lejos, esta semana. Aunque muchos se aferren a esperar milagros en el proceso constituyente, la acusación constitucional contra Víctor Pérez nos recuerda que el pronóstico para el futuro de Chile no es bueno. (El Líbero)

Las opciones que se enfrentan en el próximo plebiscito, Rechazo o Apruebo, tienen la misma legitimidad constitucional y cada cual votará de acuerdo a su evaluación de los riesgos y beneficios. Sin embargo, no debemos sufragar en respuesta a ciertas supuestas “verdades incuestionables” que en realidad carecen de sustento.

Una de estas premisas, a mi juicio errónea, es que la actual Carta, que no es la de 1980, sino la del 2005 promulgada por el Presidente Lagos, sería “neoliberal” y habría eliminado el rol del Estado en la república, dejándola librada enteramente a las fuerzas del mercado.

Cabe entonces preguntarse cuán “neoliberal” es en verdad. En primer término, hay que señalar que es cierto que ella, al igual que toda Constitución democrática, garantiza los derechos individuales liberales, incluidas la propiedad, la libertad de enseñanza y la posibilidad de todos para emprender actividades económicas legales. No obstante, el rol del Estado, bajo cualquier parámetro con que se le mida, dista mucho de la caricatura que de este se hace. De partida, los derechos a la educación y a la salud están garantizados constitucionalmente y no son “bienes de consumo”. Más aún, la educación es mayoritariamente pública, pues el Estado financia el 93% de la educación escolar y porcentajes crecientes de la educación superior; incluso fija los aranceles de todos los programas existentes. Es más, regula el 100% del sistema educacional, sus currículums, programas, textos y reglamentos. El 80% de la salud también es pública. Por otra parte, la función social del derecho de propiedad también está garantizada en la actual Carta, y prueba de ello es que este fue —con razones muy legítimas y atendibles— enteramente subordinado a los requerimientos de la pandemia, privando temporalmente de él a propietarios de viviendas, clínicas privadas, empresas y comercios. El Estado, además, ha incrementado progresivamente sus gravámenes y en los últimos años, con un crecimiento económico promedio anual de solo el 3%, ha aumentado en un 50% los impuestos, el gasto público y el número de funcionarios fiscales.

Incomprensiblemente, la mayoría de la Concertación decidió abdicar del logro de sus gobiernos en términos de paz social, estabilidad política y mejoramiento de todos los índices de bienestar, y argumenta que fue obligada, por restricciones constitucionales, a gobernar como lo hizo.

Entonces, la pregunta es: ¿qué medidas no pudieron adoptarse en virtud de limitaciones constitucionales? Pues bien, efectivamente, la Constitución establece que no todos los aspectos de la vida de las personas pueden ser sometidos a la soberanía de las mayorías, y reserva ámbitos de autonomía al individuo. Tampoco permite la expropiación sin debida indemnización y no prohíbe la educación particular pagada, ni la libre elección en salud. Respecto del sistema previsional, autoriza la administración privada de los ahorros individuales, pero puede reformarse sin un quórum muy exigente, con solo la mayoría absoluta. En suma, es una Carta que permite que el sector privado participe en la inversión y la gestión de algunos problemas públicos, pero de ningún modo sustituye al Estado. (El Mercurio)

Lucía Santa Cruz