Con la candidez de siempre, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, nos notifica, una vez más, que su partido no está disponible para ponerle freno a la violencia que lentamente se vuelve a tomar las calles del país. Para algunos, esto es una sorpresa; para muchos de nosotros, esto es la confirmación de lo que ya sabíamos.

El comunismo, por esencia, requiere de la violencia para subsistir. Está en sus definiciones teóricas y también en su experiencia práctica. La revolución, violenta y antidemocrática, es la única forma que han empleado siempre para poder conseguir el poder y, una vez que lo tienen, usan la violencia sistemática para mantenerlo.

La única novedad en Chile es que quien lidera las preferencias presidenciales de la izquierda es Daniel Jadue, un alcalde comunista. Hábilmente, como lobo vestido de oveja, Jadue ha logrado camuflar sus posturas detrás del populismo municipal y ha logrado mantenerse al margen de la dirigencia comunista, con el objeto de ser visto como un líder apolítico y así conseguir el favor de una mayoría que lo lleve a La Moneda. Pero pierdan cuidado, si el destino de Chile permitiera que Jadue llegara a la presidencia, no hay duda que a su lado estarán Teillier, Gutiérrez y compañía, dirigiendo el camino de Chile hacia la próxima revolución comunista.

Por tanto, la verdadera pregunta que tenemos que hacernos hoy no es quien está del lado de la violencia, porque lo sabemos, si no quien está dispuesto a condenarla de verdad. Algunos pretenden decir que los símbolos, las opiniones y hasta la forma de hablar o escribir es violenta, buscando igualarlo a las piedras, palos y molotovs que lanzan los agresores de Carabineros. No es así: no permitamos que el falso empate logre poner en grado de igualdad aquello que no es igualable.

La violencia es clara y nítida y tenemos que condenarla con toda nuestra fuerza. En democracia no hay espacio para disensos frente a la violencia y sólo los demócratas son aquellos que eligen el lado que la condena. De nada sirven las cartas de los conglomerados o las declaraciones de indignación a través de redes sociales. Lo que se requiere es hacer lo que se dice y ser consecuente con ello a través del tiempo.

Por eso, el mensaje para la izquierda menos radical es evidente. Si ellos se ponen del lado del Partido Comunista, también serán cómplices de la violencia y serán igual de antidemocráticos que ellos. No sería la primera vez, pues hace 50 años ya lo hicieron, dándole el gobierno a la izquierda extrema que estuvo a punto de destruir a Chile.

Por el bien de nuestro país y el futuro de nuestra Patria, espero que los verdaderos demócratas tengan la capacidad y el coraje de rechazar la violencia y de aislar a aquellos que buscan el caos y la destrucción del país. Los chilenos hoy necesitan un gobierno firme y que esté centrado en las urgencias sociales que la crisis social, económica y política nos obliga a resolver. De lo contrario, tendremos el grave riesgo de seguir prolongando esta crisis y el grave peligro, de retroceder hacia el infierno comunista que algunos nos quieren imponer. (El Líbero)

José Antonio Kast

Numerosas veces he ocupado esta columna para contar lo que he escuchado de periodistas y analistas extranjeros, cuya opinión acerca de Chile es a veces bastante más optimista que la que circula entre nosotros. Nadie me ha creído. Todos suponen que son historias que invento para pasar de contrabando mi propia visión, teñida por una porfiada complacencia. Esta vez cuento con pruebas incontestables. Se trata del informe firmado por Mario Castro, estratega del banco BBVA en Nueva York, del que dio cuenta este periódico. Es probable, se lee en el reporte, “que el país migre hacia una Constitución de Estado de bienestar, en la que el gobierno garantiza el acceso a servicios públicos clave, como educación, salud y pensiones, y también proporciona mecanismos para reclamar tales derechos si es necesario”. Y agrega: “más allá del alcance probable de la nueva Constitución chilena, no esperamos ver ningún cambio en los fundamentos de una economía de mercado, como la propiedad privada o un Banco Central independiente”.

¿Por qué Castro llega a esa conclusión? Quizás porque, más allá de las turbulencias que aún persisten (como la indignante vandalización de espacios públicos por jóvenes de la periferia que buscan con la violencia arrancar de su invisibilidad y frustración), Chile ha conseguido encauzar el grave desborde que experimentan sus instituciones democráticas a través del proceso constituyente. Él quedó de manifiesto en octubre pasado, pero venía de antes y se extiende hasta el presente, como se apreció en la martingala que condujo al retiro del diez por ciento y en la decisión del Gobierno de no impugnarla. En palabras del alcalde Lavín, “llevamos demasiado tiempo vistiendo un traje que ya no nos queda”; ya es hora de diseñar un “traje nuevo” que responda a un Chile que tiene nuevos dilemas, desafíos y protagonistas.

Es un fenómeno global, radicalizado por una pandemia que ha removido certezas, redefinido prioridades y redistribuido el poder y la influencia. Cuanto más rápido un país se haga cargo de este ajuste estructural, mayores serán sus posibilidades de ofrecer bienestar a sus habitantes. El proceso constituyente —debe pensar Castro, con razón— es una oportunidad antes que una fatalidad.

Quienes imaginan el constituyente como un escenario binario, en el que se enfrentan dos bloques compactos, me temo que lo están mirando con los lentes del siglo 20. La sociedad actual es más diversa, ambivalente, compleja, que la del pasado. Basta ver el Apruebo, en el que coincide un espectro que va desde Longueira a Gutiérrez. Hay una pluralidad de identidades, intereses y agendas, que se preparan para estar presentes en la deliberación que se avecina, sea en las listas de los partidos o como independientes. Todas ellas buscarán que sus demandas se acojan a cambio de concesiones en materias que para su causa son menos relevantes, lo que dará lugar a múltiples y sorprendentes coaliciones. Ningún reglamento podrá bloquear una dinámica que tiene raíces sociales y culturales tan profundas.

No hay que olvidar tampoco una de las magias de la democracia: que la correlación de fuerzas que resulta del voto secreto en una urna es muchas veces diferente de la que se observa entre quienes protestan en las calles o ejercen la violencia. La composición de la Convención Constitucional, más si es enteramente elegida, será más equilibrada de lo que algunos temen o desean. Más aún si se confirma la fragmentación de las corrientes que se definen en oposición al actual gobierno, como lo anticipó hace unos días la inscripción de las listas de candidatos a gobernadores.

Por experiencia acumulada, no aspiro a que los lectores crean en mis pronósticos. Me alienta la ilusión, sin embargo, de que le crean al señor Castro.(El Mercurio)

Eugenio Tironi

La transformación de Carabineros —no una modernización— debe ser prioridad para el Estado de Chile. La policía uniformada, que gozaba de reconocimiento en las Américas, está mostrando hace años problemas similares a otros cuerpos policiales de la región. ¿Qué está ocurriendo? Desde el Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA —institución técnica de la OEA, que sirve a 34 países miembros, incluido Chile— hemos visto los síntomas de un desgaste progresivo que se hace evidente.

Los casos son conocidos: la fabricación de prueba falsa incriminatoria contra dirigentes mapuches; la malversación de caudales públicos por parte de altos oficiales; disparos reiterados de balines, causando ceguera total o parcial a cientos de personas durante las protestas sociales; la investigación criminal de hechos calificados por la Fiscalía como tortura en una comisaría; la investigación contra un carabinero por empujar a un joven desde un puente, calificado como homicidio frustrado por el órgano persecutor; y críticas amplias a los resultados en la prevención, respuesta a la delincuencia y a la calidad de los procedimientos policiales sujetos a control judicial y exclusión probatoria, que en no pocas ocasiones dañan o imposibilitan la prosecución por parte del Ministerio Público.

Los hechos, procedimientos y resultados cuestionados, son en realidad síntomas de un grave desajuste institucional en Carabineros, que obstaculiza el cumplimiento de su misión, atenta contra garantías, dificulta la persecución penal y socava los debidos controles y equilibrios del sistema democrático. Este es el complejísimo escenario que observamos con preocupación desde CEJA.

¿Por qué no simplemente impulsar una modernización? Porque estas no tienen el alcance ni la profundidad requeridos. Han sido muchas las instancias en el pasado que pueden haber cumplido sus objetivos, pero no han solucionado este desajuste. La estructura y cultura institucional de Carabineros, en lo esencial, no han sido alteradas, diluyendo los mejores esfuerzos hacia cambios de fondo.

¿Por qué una transformación profunda? Porque la estructura militar de Carabineros no ha evitado, por ejemplo, la corrupción, una de las supuestas ventajas de su diseño. Además, esta estructura y cultura tienden a suprimir voces de disenso que alertan sobre delitos, procedimientos inadecuados o ilegales, y plantean alternativas institucionales. Todo ello sería muy sano en un ente público con sus potestades. Y, finalmente, la actual estructura y cultura es altamente resistente al cambio: tiene disposición a las modernizaciones, pero tiende a verse como la mejor respuesta frente a la delincuencia y las necesidades de orden público, y actúa en consecuencia —incluso inadvertidamente— cambiando formalmente, sin que su estructura y cultura lo hagan en realidad.

¿Es posible realizar esta transformación? Sí es posible. Otro cuerpo policial chileno —la PDI— ya lo hizo. Durante los primeros años de la democracia se transformó para superar graves desajustes institucionales que la sumían en corrupción, violación de derechos humanos e ineficacia en la investigación criminal. La PDI adoptó una estructura y cultura orientadas al cambio, volviéndola una organización que, con espacio aún para mejoras, es más flexible y adaptable. Este diseño facilitó, por ejemplo, el ajuste de protocolos y actuación a los estándares del sistema de justicia penal.

¿En qué línea puede moverse la transformación? Primero, debe darse paso a un control real, de carácter técnico y político, que lidere el proceso y ponga el foco en una policía preventiva de carácter civil. El proceso debe considerar varias acciones: actualización de perfiles, estructura organizacional, procesos de reclutamiento, formación y trabajo, resolviendo antes incluso la superposición de funciones con la PDI.

En lo inmediato, la discusión del presupuesto del 2021 debiera al menos considerar los objetivos estratégicos y un calendario de esta transformación, que incluya hitos durante el último año de la presente administración, así como los pasos posteriores que deben darse para materializar este cambio. Las autoridades políticas —Gobierno y Congreso— tienen una responsabilidad de Estado frente a la ciudadanía, que espera de ellas una respuesta pronta, razonable y efectiva a sus demandas por respeto de garantías, seguridad, orden público y justicia, todas esenciales en un Estado democrático de Derecho. (El Mercurio)

Jaime Arellano
Director ejecutivo Centro de Estudios de Justicia de las Américas CEJA