Suele olvidarse que el próximo plebiscito y la nueva Constitución que de él resultará nacieron como una alternativa pacífica, democrática, frente a la violencia desatada en las calles el año pasado que empujaba hacia una rebelión popular y una ruptura del orden democrático.

De hecho, el acuerdo del 15 de noviembre afirma en su primer punto: “Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”. Y en seguida agrega “Se impulsará un Plebiscito en el mes de abril de 2020 (luego postergado hasta octubre por efecto de la Pandemia) que resuelva dos preguntas: a) ¿Quiere usted una nueva Constitución?, b) ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva Constitución?”

Ni el PC ni el FA concurrieron a este acuerdo, alegando circunstancias formales y de procedimiento, pero sin ocultar su disgusto frente a ese acuerdo que restaba viabilidad a cualquiera estrategia rupturista movilizada por la violencia en las calles. Percibían, además, que ese golpe de timón —logrado por las fuerzas políticas y dirigentes del arco democrático— volvía a poner el conflicto dentro del cauce institucional, el cual en los días anteriores estuvo a punto de desbordarse. Daba una tregua al gobierno y al propio presidente —que los grupos radicalizados pretendían voltear— y confirmaban al Congreso Nacional como el centro de las negociaciones por venir.

Si la posición del PC y de la mayoría del FA fue ambigua frente a la violencia desatada a partir del 18-O, los grupos que se auto califican más a la izquierda (ultra izquierda) en sus  variadas expresiones entendieron el pacto del 15 de noviembre como una maniobra espuria destinada, justamente, a frenar el proceso de ruptura que debía conducir hacia una “auténtica” asamblea constituyente, capaz de cambiar de raíz el poder constituido.

Según señala un académico, “el ‘Acuerdo por la paz Social y nueva Constitución’, urdido y presentado —literalmente— ‘entre gallos y medianoche’ por representantes de la mayoría de los partidos parlamentarios en las primeras horas del 15 de noviembre de 2019 pretende, junto con desmovilizar y reducir la intensidad de la rebelión popular, evitar que el poder constituyente originario —que, es preciso reiterarlo, radica exclusivamente en la ciudadanía— se ejerza mediante una Asamblea Constituyente. […] Solo una poderosa fuerza constituyente de raigambre esencialmente popular podrá provocar una ruptura democrática con el actual orden de cosas, una superación de la institucionalidad heredada de la dictadura que obligue a la casta política parlamentaria a ceder y entregar la cuota de legitimidad institucional para la convocatoria a elecciones de una Asamblea Constituyente. La actual rebelión del pueblo chileno nos ofrece una gran oportunidad de avanzar en esa dirección” (Chile Despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre, Universidad de Chile, diciembre de 2019, pp. 13-19).

Más directo y claro, el Partido de Trabajadores Revolucionarios planteó retrospectivamente, en mayo pasado, que “en la rebelión del 18 de octubre estaba planteada la caída de Piñera y la conquista de una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Vimos la potencialidad de la fuerza de la clase trabajadora, en alianza con la juventud y el pueblo, en lo que fue la jornada histórica del paro nacional del 12 de noviembre, el más grande en los últimos 30 años. […] Pero luego del 12 de noviembre, los partidos del régimen, desde la derecha, la ex Concertación y sectores del Frente Amplio corrieron a firmar el ‘Acuerdo por la paz y la Nueva Constitución’ para salvar a Piñera y sacarnos de las calles mediante un tramposo ‘proceso constituyente’, limitado y controlado por ellos mismos, para no tocar las herencias de la dictadura. Paralelamente los dirigentes de la CUT y la Mesa de Unidad Social decidieron no continuar con las jornadas de huelga para pedir una ‘negociación’ con el gobierno, ciego y sordo ante nuestros reclamos”.

II

De manera que el clivaje abierto en torno al estallido del 18-O y el eje institucionalidad/ruptura (reforma/rebelión; pacto constitucional/asamblea popular), se instaló en la esfera política y ha estado latente bajo la superficie de la pandemia desde entonces. La violencia ha vuelto a las calles con toda su carga anti sistémica y desprecio por las formas democráticas y también por sus modos de convivencia, valores y prácticas. La amenazante rutina de los días viernes —donde cada semana se juega la posibilidad de que el proceso se descarrile— es un vivo recuerdo de que el 18-O puede volver a ocurrir en cualquier momento.

Por lo mismo es tan importante la actitud que adopten las fuerzas políticas de izquierda frente al renacer de la violencia.

Tras los sucesos del viernes pasado en Plaza Italia, los partidos de la Convergencia Progresista (PS, PPD, PR) hicieron público su repudio, señalando que la legítima movilización pacífica “no puede prestarse para abusos de grupos minoritarios, que, aprovechando estos escenarios de protesta, realizan actos de violencia y destrucción de la propiedad pública y privada”. Agregan que “esto va en contra de la demanda social, generando desconfianza en la ciudadanía. Es necesario esclarecer quiénes han perpetrado estos actos y cuáles son sus verdaderas intenciones”. Acusan que estas expresiones de violencia “son funcionales a la derecha y a los partidarios del rechazo para generar temor infundado respecto del proceso constituyente”. Hoy, en cambio, “el desafío es lograr un amplio triunfo en el plebiscito constitucional, y generar las condiciones para que la gente concurra a votar sin miedo, sin violencia”.

Distinta ha sido la reacción del PC frente a los mismos hechos, según pone en evidencia su presidente en una entrevista publicada el día 11 de octubre. Vuelve allí a la ambigüedad que, más bien, es una indefinición intencional, buscada, para mantener una posición flexible en cuanto a los métodos de lucha, donde parecería dar lo mismo la palabra o la pedrada, la institucionalidad o la calle, la reforma o la rebelión.

Consultado el presidente del PC si a la luz del  retorno de las protestas tendría sentido manifestarse tan cerca del plebiscito, responde: “Eso depende de voluntades de millones que salen a las calles [nota: la realidad es que hablamos de cientos]. Decir que alguien se propone siniestramente ir violentamente a la calle, creo que eso no existe. Se producen las confrontaciones entre el deseo de manifestarse y la represión. ¿Cree que me gusta que se produzcan incendios en supermercados, en estaciones de Metro? No, pero esas cosas se dan”. Más adelante el periodista pregunta al dirigente comunista: ¿condena la violencia que ha ocurrido en Plaza Italia?  Responde él: “Es bien rara esa violencia. Aquí se quiere connotar un estado de violencia que no creo que exista. Entonces, cómo voy a condenar una cosa que fue tan menor. Me dicen ‘mire los destrozos que hicieron algunos’, pero digo: fíjese, Ponce Lerou le rebajaron como 60 millones de dólares la multa. Esos sí que son destrozos. Antes de ponerse a condenar así como así digamos todas las causas de las cosas”.

Es un discurso propio de la mistificación, donde al final la violencia sale impune y la responsabilidad sobre ella queda en manos de carabineros, el gobierno, el Estado, la derecha, los contradictores en el plebiscito y, cómo no, Ponce Lerou.

Más contundente, y sin ambigüedades, es la visión sobre estos asuntos de los grupos de ultra izquierda, como Convergencia 2 de abril, que buscan acompañar el momento constituyente con uno destituyente, según proclama una declaración emitida por este grupo en septiembre pasado. Se indica allí que “el momento destituyente/constituyente en curso debe abordarse desde distintas aristas o momentos”.

Primero, “un momento inmediato, que se materializa en el Plebiscito. Se requiere que todas las fuerzas de izquierda llamen sin titubeos a Aprobar y optar una convención constitucional, pero, a la vez, en el mismo proceso instalar la necesidad de elaboración programática. En ello somos claros y claras: El proceso constituyente de la institucionalidad burguesa, resultante del acuerdo de paz y nueva Constitución nace limitado, con una verdadera camisa de fuerza para mantener el status quo. Deber o tarea entonces del pueblo organizado será asediarlo y desbordarlo, para instalar en la Convención los avances programáticos adoptados por nuestro Pueblo; en ello la movilización popular será la herramienta principal, frente a las intentonas del bloque en el poder de solo modificar las correlaciones de poder entre los actuales integrantes del Parlamento, sin modificar de raíz las condiciones de su modelo reproductor de la explotación y opresión”.

Segundo, un momento de “Asamblea Popular Constituyente (APC), en donde las expresiones de la clase organizada discuta y vaya tejiendo su propio programa y pensando la sociedad que queremos, con el fin de trazar una hoja de ruta propia que permita disputar todos los momentos de este proceso destituyente/constituyente. […] Aclaramos que la APC no la entendemos como un espacio paralelo, sino como un espacio central, de “preparación”, para el asedio y desborde de la Convención Constitucional”.

Tercero, un momento de preparación de más largo aliento, “no para uno o dos años de ejercicio político, sino pensar esto como un momento de quiebre histórico que brinda opciones tanto como desafíos históricos para la izquierda. Por lo mismo, […] hay que pensar en clave de diseño de programa económico que sustente las pretensiones de transformación radical de la sociedad, la organización de Partido Revolucionario, al mismo tiempo que pensamos las formas colectivas de organización y defensa de este programa”.

III

En suma, igual como ocurrió el 18-O pasado, las izquierdas aparecen nuevamente divididas frente a la violencia que vuelve a las calles, dificultando con ello la expresión de un frente unificado de todas las fuerzas que comparten el camino institucional para renovar el orden democrático.

En efecto, una parte de ellas, más allá de las izquierdas representadas en el Congreso, percibe la violencia como un eficaz complemento estratégico para apurar el desborde del proceso constituyente y arribar por fin a un punto de ruptura.

Por su lado, el PC, y de seguro también varios componentes del FA o desprendidos de él, aguardan expectantes qué ocurrirá el 18-O y durante la semana siguiente, prefiriendo mantener todas sus opciones abiertas. Estarán atentos a las condiciones objetivas de la lucha política y a las condiciones subjetivas de las masas en la calle antes de decidir si se inclinan por el camino constituyente o por su desborde en favor de la rebelión popular.

Por último, el progresismo —proveniente de la tradición democrática de la Concertación y la Nueva Mayoría, forjada en la lucha contra la dictadura y contra las tesis de rebelión popular armada y todas las formas de lucha de aquel entonces— apuesta claramente por la vía democrática hacia una nueva Constitución construida en base a la deliberación y los acuerdos. Su consistencia interna y capacidad de maniobra frente a la izquierda ambigua serán factores decisivos para el balance de fuerzas en los días previos al plebiscito, durante éste y luego hasta finalizar el año.

Por esto mismo es importante que todas las fuerzas políticas que concurrieron el año pasado al acuerdo por la paz, contra la violencia y en pro de una nueva Constitución, sean capaces —en las semanas y meses que vienen—de preservar el camino institucional, denunciar la violencia destituyente y poner presión sobre el PC y los sectores del FA para que abandonen las ambigüedades del discurso mistificador de la violencia. (El Líbero)

José Joaquín Brunner

De acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores 2017-2020, solo un 13% de las personas en Chile cree que se puede confiar en el resto, lo que nos ubica en el tercio inferior de los 77 países de la muestra y en la mitad de lo que era en 1990. En las naciones anglosajonas los que confían superan el 50% de la población, y en las nórdicas el 70%. Además, diversos estudios recientes sugieren que menos del 5% de los ciudadanos tendría alta confianza en el Congreso, en los tribunales de justicia o en los partidos políticos. No extraña entonces que nuestro modelo político y económico parezca fracturado.

En las sociedades modernas predomina la incertidumbre, y el intercambio ocurre, mayoritariamente, entre desconocidos. Sin suficiente confianza, por lo tanto, las interacciones interpersonales y comerciales se encarecen, porque exigen altos niveles de control y monitoreo, que restringen la libertad y aletargan la economía. Pero cuando la confianza prevalece es posible transitar desde relaciones familiares acotadas hacia instituciones profesionales de gran escala, y establecer arreglos organizacionales flexibles, que estimulan el emprendimiento, la innovación y la eficiencia agregada, clave para crecer sustentablemente. Así, la confianza configura el capital social que hace posible, en lo económico, la producción y el intercambio, y en lo político, el buen funcionamiento del Estado, la estabilidad institucional y la consolidación de la democracia.

La degradación reciente de la confianza en el mundo no es casual. Al menos dos hechos emergen: la crisis subprime desnudó la poca profundidad de muchos mercados y nos recordó el persistente peligro de la captura regulatoria; y el desarrollo y diseminación de tecnologías que facilitan el acceso y control de una enorme cantidad de datos conforman un reto colosal. Porque este avance en lo digital, que a priori parece solo positivo, está limitando la exposición a fuentes de información diversas y, exacerbado por sesgos cognitivos, promueve la diseminación de noticias falsas. En este contexto, la lógica técnica que exige el proceso de diseño e implementación de reformas ha sido en parte reemplazada por la emocionalidad y la casuística cotidiana, favoreciendo el populismo. Con todo, la desconfianza en la intelectualidad ha trasladado la discusión desde las instituciones que deben procurar su elaboración racional hacia las redes sociales, fijando frecuentemente la agenda de políticos que privilegian incorporar lo popular en sus propuestas, incluso sin importar su factibilidad.

En Chile, esta crisis global se exacerba, porque pese a todo lo avanzado, carecemos de la competitividad y meritocracia de las naciones más avanzadas y de un Estado capaz de actuar pronto y bien, lo que permite que la política y las empresas sean instrumentos de privilegio para las élites. Y se alimenta la deslegitimidad del Estado y del mercado.

Entonces, ¿cómo resolver este entuerto? Contra la creencia habitual, la evidencia enseña que un aumento en la libertad económica es positiva para la confianza institucional y, a partir de cierto punto, también lo es para la confianza interpersonal (ver Balmaceda et al., 2020). Para la crisis actual, por consiguiente, el antídoto sería la profundización del modelo, más que su reemplazo, entendido este como una democracia liberal, apoyada en la desconcentración del poder y las ventajas del mercado global. Y, para ello, es imperativo aumentar la intensidad de la competencia y transparencia en todos los sectores, eliminar la corrupción y modernizar el Estado, de modo que, mediante políticas eficaces, mejoren las oportunidades y termine el desperdicio de recursos públicos. Lo anterior, sumado a un aumento de la calidad —más que de la cantidad— de la educación, es instrumental para acabar con las desigualdades no explicadas por el mérito, fortalecer la democracia y generar mayor prosperidad individual y social.

Felipe Balmaceda
Raphael Bergoeing
Universidad Diego Portales

El 23 de septiembre se cumplieron tres años desde la entrada en vigor de la Ley 21.030, que despenalizó el aborto en tres causales. Aunque los pronósticos sobre la cantidad de mujeres que requerirían el procedimiento están lejos de haberse cumplido, más de mil vidas de individuos humanos fueron segadas en el vientre materno. Según el Ministerio de Salud, en los dos primeros años (2017-2019) hubo un total de 1.117 IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo), mientras que entre enero y junio de 2020 se practicaron 228, o sea, en tres años la ley ha implicado la muerte de más de 1.300 no nacidos. Y a estas víctimas deben añadirse las madres que, ante la falta de apoyo del padre y un sistema machista que, con la excusa de la autonomía reproductiva, las abandona, consintieron que un médico diera muerte a su propio hijo, infiriéndose una herida que quedará gravada a fuego por el resto de sus días.

Pero esto no lo ve el feminismo radical, como tampoco que al menos la mitad de los no nacidos son mujeres que no podrán llegar a gozar de la equidad de género que se reclama para las mujeres ya nacidas.

Es más, en una nota de La Tercera se da cuenta de que por la pandemia los abortos habrían disminuido en comparación con el primer semestre del año anterior. Los expertos entrevistados, en lugar de alegrarse por que haya una disminución de pérdida de vidas, se muestran preocupados y llaman a facilitar el acceso a estos procedimientos.

Lo más decepcionante es que el masivo y versátil movimiento a favor de la vida que se generó para impedir la aprobación de la ley, una vez que esta fue publicada, se desvaneció. Esto ratifica que los sectores que defienden los valores humanos son más legalistas que los de la izquierda progresista; y que cuando pierden la batalla contra una ley inicua y esta sale publicada en el Diario Oficial piensan que ya no hay nada que hacer y asumen que es inamovible.

En esto debiéramos aprender del “iusnaturalismo” de los sectores de izquierda: si les parece que algo es justo luchan tenazmente, aunque se apruebe una ley en contra, y no descansan hasta derogarla o restringir su alcance. Y si la ley aprueba su causa parcialmente, siguen insistiendo para que se extienda. No extraña así que los únicos proyectos de ley presentados después de la Ley 21.030 tengan por objeto facilitar la “interrupción del embarazo”. En cambio, ninguno se ha presentado para derogar esa ley, restringir su eficacia o añadir más exigencias. Las más de 1.300 muertes prenatales, que implican más de 1.300 mujeres que cargarán con el trauma del aborto, son consideradas un frío número estadístico: víctimas olvidadas que nadie quiere ver.

Ni siquiera ha habido alguna evaluación objetiva sobre cómo se están aplicando las causales, sobre todo las de patología congénita y violación. Invocando esta última, en tres años se han hecho más de 200 abortos y no se sabe de denuncias o querellas ni condenas contra el agresor. El violador queda impune mientras se aplica una pena de muerte a la criatura inocente. El abortado podría decir, parafraseando a Segismundo en “La vida es sueño”, que su único delito fue ser concebido.

La Contraloría, así como ha comenzado a fiscalizar a los altos mandos de Carabineros, debiera auditar cómo se está aplicando la ley y verificar si las causales esgrimidas son reales. Porque si no se cumplen los requisitos exigidos no rige la despenalización y habrá aborto punible.

La sociedad civil debe volver a organizarse para defender de manera creativa y sin agresividad la vida y dignidad de todo ser humano. Se dará así una base de apoyo a los parlamentarios y ministros del Gobierno para que se animen a presentar, a lo menos, proyectos de ley que ayuden a las mujeres con embarazos difíciles, que les permitan evitar la lacerante decisión de abortar.

Ese movimiento debiera servir también para que en la discusión constitucional que se avecina —sea que gane el Apruebo o el Rechazo—, se establezca en la Constitución una más clara y categórica defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. ¿O es que los derechos sociales universales de los que tanto se habla serán solo para los y las que hayan logrado nacer? (El Mercurio)

Hernán Corral