La comisión de Sistema político acaba de dar a conocer el acuerdo que se someterá al pleno. ¿Qué aspectos son los más relevantes que posee y qué razones o ideas generales subyacen en él? Responder esta pregunta es fundamental. Es un deber del diálogo democrático comprender antes de criticar.

Ante todo, hay una prevalencia de la regla de la mayoría. La razón es la que sigue. Para la mayor parte de los convencionales el principal desafío que el diseño institucional debe resolver no es la protección de la minoría, sino lograr que sea la mayoría la que gobierne. El problema de la Carta vigente, según este punto de vista, sería que la minoría está demasiado protegida y la mayoría casi inerme. La voluntad de esta última estaría impedida por un conjunto laberíntico de reglas —desde los quorum supramayoritarios al diseño bicameral con renovación parcial de sus integrantes, todo lo cual se sugiere suprimir— cuyo resultado habría sido la impotencia de la mayoría a la hora de introducir cambios o reformas. Hay un fondo de verdad en este diagnóstico. Pero es fácil comprender que la mayoría requiere también límites. Entonces la pregunta que debiera responderse —es la tarea del pleno— es si acaso el diseño propuesto, junto con evitar que la mayoría sea inerme (que es el objetivo que las reglas propuestas lograrían) desampara o no a la minoría.

Ahora bien, la protección de las minorías (en una democracia se es minoría hoy, pero se deja de serlo mañana y viceversa) tal vez deba ser evaluada a la hora de decidir los derechos fundamentales más que a la hora de discutir el sistema político. Los derechos fundamentales son el coto vedado a la mayoría. Quizá el acento y el cuidado por parte de quienes defienden las bases liberales del sistema deba ponerse aquí. En los derechos fundamentales y el control constitucional que (como lo muestra unánimemente la experiencia comparada) acabará configurándolos.

Un segundo aspecto al que debe atenderse es el relativo a los actores del sistema. ¿Será una democracia de partidos o se sumarán a estos últimos los movimientos sociales? Este es quizá uno de los aspectos más delicados. La democracia de masas requiere partidos fuertes: ellos profesionalizan los liderazgos, moderan el oportunismo y ordenan en torno a un programa las expectativas y orientan el poder. El texto propuesto parece eludir la cuestión (puesto que emplea el término ambiguo de “organizaciones políticas”). Si algo así ocurriera, si las organizaciones sociales pesaran, si los partidos se debilitaran, el corporativismo habrá tocado la puerta (y el viejo gremialismo debiera aplaudir). Una democracia con una cámara legislativa fuerte, elegida de una sola vez, con un Presidente con posibilidades de reelección y sin un vigoroso sistema de partidos, será fácilmente capturada por líderes carismáticos y oportunistas.

En fin, el texto establece escaños reservados para los pueblos originarios, las minorías sexuales (personas trans, no binarias, etc.) y el grupo afrodescendiente. ¿Se justifica esto o es una demasía? En el caso de los pueblos originarios se justifica; pero en los otros casos no. Y la razón es la que sigue. Mientras una cultura que configura la identidad y la memoria, como la de los pueblos originarios, tiene derecho a participar en la formación de la voluntad colectiva, ello no ocurre con las minorías sexuales, que no constituyen un sujeto colectivo, con una cultura propia. Y lo mismo vale para el grupo afrodescendiente, que carece de una cultura global heredada. Confundir cultura (el caso de los pueblos originarios) con condición (las minorías sexuales) o con cualidades autoadscritas (el caso del grupo afrodescendiente) es un error que debe ser corregido. Los primeros tienen derecho al reconocimiento en un sentido técnico, los otros dos a la igualdad ante la ley y a no ser discriminados.

Ahí hay tres razones subyacentes a este acuerdo que pueden ser el punto de partida de una deliberación: lograr que la mayoría gobierne, trasladando la protección de las minorías y el individuo a los derechos fundamentales y el control constitucional; fortalecer los partidos políticos como única forma de racionalizar la democracia de masas, evitando al mismo tiempo el corporativismo (que hasta ayer era la forma más obvia de fascismo); y distinguir entre los escaños reservados que son fruto del reconocimiento de una cultura originaria, por una parte, y el derecho a no ser discriminado de ciertos grupos como las minorías sexuales, por la otra.

Si la mayoría gobierna y el individuo posee inmunidad gracias a derechos fundamentales bajo control constitucional; si se fortalecen los partidos y se evita el corporativismo; y si junto con el reconocimiento y los escaños reservados a los indígenas, se asegura el desarrollo libre de la propia personalidad a las minorías, el resultado no sería del todo malo.

Y la Convención formularía una oferta imposible de rechazar. (El Mercurio)

Carlos Peña

Una de las primeras Iniciativas Populares de Norma en pasar el umbral de las 15 mil firmas para ser discutida en las comisiones de la Convención Constitucional fue la que promovía las “Nuevas regiones de Chiloé y Aconcagua”. Otra que promovía la “Creación de la Región del Maule Sur” no llegó a estar en la discusión constitucional, pero juntó cerca de 2 mil apoyos. Ya en el debate del Pleno, el “Estado Regional” fue uno de los primeros conceptos en quedar claramente articulado en el borrador de propuesta de nueva Constitución.

¿Debería quedar estipulado el número exacto de “entidades territoriales autónomas” en la propuesta constitucional? ¿Deberían ser nombradas y detalladas cada una de estas entidades? ¿Debería establecer, la Constitución, mecanismos para la creación de nuevas regiones? ¿Normar también la fusión de regiones ya existentes?

Dadas las amplias autonomías regionales consideradas en la propuesta constitucional actual, es relevante explorar dichas preguntas. En la Constitución del 80 se establecieron 13 regiones, que ya habían sido creadas en 1974, y que vinieron a sustituir el anterior ordenamiento basado en 25 provincias. Ahora hay 16 regiones, ya que en 2007 se crearon las regiones de Arica y Parinacota y la de Los Ríos, y en 2017, la Región de Ñuble. La creación y supresión de regiones, provincias y comunas es actualmente materia de Ley Orgánica Constitucional.

Más allá de las razones históricas que llevan a algunos territorios a recuperar autonomía a nivel subnacional, un aspecto fundamental es el tamaño óptimo de una unidad regional para poder cumplir objetivos como la descentralización del poder político y económico, acercar la administración pública a la ciudadanía abordando problemas locales, pero tener una escala adecuada para poder mantener un sistema de gestión y financiamiento que permita implementar políticas públicas de gran magnitud.

¿Qué nos señala la experiencia internacional al respecto? En las últimas décadas, se han generado diversos casos en que  países han aumentado su número de unidades administrativas. La zona del mundo con mayor incremento es el África subsahariana, donde a partir de los noventa casi la mitad de los países aumentó de forma importante el número de regiones internas. Muy estudiado es también el caso de Indonesia, en que el número de distritos aumentó de 292 a 434, luego de una reforma llevada a cabo en el 2001. A nivel sudamericano, la literatura ha buscado entender los efectos tanto de la creación como de la fusión de estados en Brasil. Los análisis de estas experiencias señalan tanto efectos positivos como negativos.

Por una parte, en varios casos se ha identificado que en unidades territoriales que se han vuelto más pequeñas las autoridades han sido capaces de proveer bienes públicos y servicios más relevantes para la población local. Sin embargo, al fragmentar el territorio, aumenta el costo de elección de políticas públicas consensuadas en sociedades diversas, debido a que se generan problemas de coordinación y de monitoreo. Además, muchas veces se generan sistemas de administración ineficientes. Un estudio de productividad de cinco ciudades de la OCDE concluye que ciudades con estructuras de gobernanza pequeñas tienden a tener niveles más bajos de productividad.

El fenómeno de la variación en el número de gobiernos locales es el resultado de diversos objetivos, muchas veces contrapuestos, que implican que el tamaño óptimo de la unidad subnacional varíe. Por un lado, tenemos que en unidades pequeñas las decisiones se acercan a las preferencias locales y debiese ser más fácil mantener control del ejercicio del poder, pero por otra parte se reduce la posibilidad de generar economías de escala en la provisión de bienes públicos y en la mantención de una burocracia competitiva y capaz de ser independiente del poder central. Por supuesto, las características propias de estas regiones definen también su tamaño óptimo, dependiendo de su población, dispersión geográfica, dotación de recursos naturales y otros factores.

Más allá de la mantención de 16 regiones o de una nueva propuesta en la Constitución con 18 o 19 regiones, ¿Qué sabemos de los efectos de la reciente creación de nuevas regiones en Chile? Los estudios empíricos son escasos.

Los autores de esta columna se encuentran realizando un análisis econométrico del impacto económico de la creación de las regiones XIV y XV en 2007. Los resultados preliminares muestran efectos diferentes en cada caso. Nuestras estimaciones sugieren que, si la Región de Los Lagos no se hubiese dividido, el crecimiento de su PIB regional anual habría sido 2 puntos porcentuales menor (pasando de un 9% de crecimiento a un 7%) entre 2008 y 2019. En cambio, si Tarapacá no se hubiese dividido, habría crecido 2 puntos porcentuales anuales más en ese período (pasando de 5% a 7%). Por lo tanto, hay indicios de que la creación de la Región XIV tuvo efectos económicos positivos, y la creación de la Región XV, negativos. Esto es consistente con el hecho de que el tamaño óptimo de una región difiere según sus características. Sin embargo, aún debemos testear si este efecto es robusto y comprender si hay efectos de distribución entre las nuevas regiones y cuáles son los mecanismos detrás de tal efecto.     

Tanto en el resto del proceso de redacción de una nueva Constitución como en el eventual debate legislativo posterior, la definición del número y la escala de las entidades territoriales autónomas seguirá siendo un tema en que las decisiones serán complejas pero ineludibles. (El Mostrador)

 Roberto Herrera C.

Dany Jaimovich B.

Una a una la Convención Constitucional ha ido rechazando las iniciativas populares de norma que tenían mayor apoyo ciudadano y que defendían causas transversales de libertad y derechos fundamentales. Un portazo para las miles de personas que firmaron esperando ser consideradas en la discusión constitucional.

Primero fue “Con Mi plata No”, la propuesta que tuvo más firmas en el proceso. Aunque logró juntar más de 70 mil apoyos, para asegurar que los ahorros previsionales quedaran en propiedad del cotizante, evitando su “nacionalización” o robo y que fueran heredables. Muy acorde con las últimas encuestas que se han realizado sobre lo que opina la ciudadanía sobre este tema tan crucial.

En diciembre, Criteria publicó que un 69% de los chilenos estaría en desacuerdo con estatizar los fondos; un 93% quiere que estos sean heredables y un 54% prefiere poder elegir su sistema previsional (si es privado o estatal). La misma información que acaba de ser censurada por la Superintendencia de Pensiones a AFP Habitat.

Sin embargo, la iniciativa contraria a esta tendencia, denominada No+AFP, tuvo mejor suerte en la Comisión de Derechos Fundamentales. Aunque paradógicamente solo había alcanzado un poco más de un tercio de las firmas que Con Mi Plata No, sí logró todo tipo de aplausos por parte de los convencionales y pasar al pleno. La ideología pudo más que el sentido común.

Otros que recibieron un buen portazo fueron quienes defienden la libertad de enseñanza, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y que el Estado apoye proyectos educativos diversos, manteniendo su financiamiento sin discriminación. Las dos iniciativas con apoyos en este sentido fueron rechazadas por completo, aunque ambas lograban sumar casi 60 mil firmas. También acorde con lo que ha dicho la gente en los estudios de opinión.

Una encuesta de la Universidad Alberto Hurtado demostró que un 82% de los chilenos prefiere que el Estado garantice a las familias la libre elección del establecimiento en que estudien sus hijos. Estas cifras también las avalan los hechos. En los últimos procesos de postulación escolar, el 69% de los padres ha optado como primera opción por fundaciones educacionales sin fines de lucro. Las mismas que se verán perjudicadas si es aprobada la próxima Constitución sin las normas de libertad de enseñanza, derecho preferente y apoyo del Estado a los proyectos educativos diversos.

Una nueva muestra que para lo único que sirvió el trabajo de recolección de firmas para presentar iniciativas populares de norma que fueran importantes para la ciudadanía y que tuvieran apoyo transversal, fue para demostrar que los convencionales no están dispuestos a escuchar a la ciudadanía. Solo importa su propia ideología. (La Tercera)

Verónica Munita

Ahora que la amenaza de una inflación más prolongada y que el enfriamiento de la economía pudiera devenir en recesión, el gobierno del Presidente Boric deberá rápidamente moderar su agenda de reformas para evitar que las nubes grises que se aproximan terminen por convertirse en una tormenta que deje al gobierno, y al país, a la deriva.

Durante la campaña de 2021, Boric —y también los otros candidatos— prometieron reformas como si el país fuera a vivir en un período permanente de abundancia. Impulsada por los retiros de los fondos de pensiones, los programas de estímulos del gobierno y el rebote después del freno forzoso de la economía en 2020, la actividad económica en 2021 hizo que en el país reinara un optimismo desmedido respecto a la velocidad en que se podrían hacer cambios que disminuyeran la jornada laboral, aumentaran los ingresos de los trabajadores y ampliaran significativamente la red de protección social.

Al término del primer trimestre de 2022, la situación económica parece mucho menos auspiciosa. Pese a que el precio del cobre está por las nubes, el aumento en el precio del petróleo y otros productos que el país importa —incluida la harina— amenazan con prolongar lo que se esperaba fuera un shock temporal de inflación. El aumento en las tasas de crédito internacionales hace que endeudarse resulte más caro para el gobierno. El aumento en las tasas de interés en el país hace que la actividad económica se frene todavía más. Aunque hablar de tormenta perfecta parece excesivo, claramente hay más turbulencias en el vuelo de las que esperaba el gobierno.

Por eso, igual que los aviones que se ven obligados a frenar el servicio de alimentación cuando hay mucha turbulencia, el nuevo gobierno deberá considerar seriamente detener varias de sus iniciativas de mayor gasto público que prometió en campaña. Cuando la inflación ha llegado para quedarse al menos por lo que resta de 2022, impulsar medidas como un aumento sustancial del sueldo mínimo, una disminución de la jornada laboral semanal o un aumento considerable del gasto público solo ayudarán a empeorar el problema.

Si a todo esto le sumamos la creciente incertidumbre que se alimenta cotidianamente desde la convención constitucional, hay pocas razones para creer que las cosas mejorarán en los próximos meses. Siguiendo con la metáfora del vuelo de avión, tal vez vamos a tener que hacernos a la idea de que no habrá servicio de comida y, abrochándonos los cinturones, debamos prepararnos para las turbulencias que ya se comienzan a sentir.

Es comprensible que el gobierno quiera desconocer o minimizar la amenaza que se nos viene encima. Pero ello no ayudarán a que las cosas milagrosamente mejoren. Resulta insensato seguir adelante con el mismo plan original —que de por si era riesgosamente ambicioso— cuando las circunstancias han cambiado. Dado el ambiente internacional más hostil, las promesas —varias de ellas irresponsables— que hizo el ahora presidente Boric en campaña resultan incumplibles. Es más, intentar cumplir esas promesas se convierte en un acto de irresponsabilidad política. Igual que una madre que le prometió a sus hijos un viaje a Disneyworld en las vacaciones de invierno, pero cuando pierde el trabajo o le diagnostican una enfermedad compleja se ve obligada a abortar el plan, el Presidente Boric deberá actuar maduramente y reconocer ante el electorado que sería insensato avanzar con el cumplimiento de sus ambiciosas promesas de campaña ahora que la inflación llegó para quedarse y que la economía posiblemente caiga en recesión.

Es cierto que las expectativas están altas y que la gente espera mejoras concretas e inmediatas en la reducción de la jornada laboral, aumento en el sueldo mínimo y mayor gasto público. La propia convención constitucional parece avanzar en la redacción de un texto maximalista sin preocuparse de que no habrá fondos para cubrir todos los compromisos de mayor gasto y más derechos que se incluirán en el nuevo texto. Pero precisamente porque la gente tiene expectativas elevadas, el gobierno debiera dar un giro rápido y decidido en su mensaje sobre la realidad que se nos viene. Es verdad que el gobierno prometió que el servicio de comida en este vuelo de cuatro años sería mucho mejor que lo que hasta ahora pudieron ofrecer gobiernos anteriores. Pero cuando se vienen fuertes turbulencias y los vientos amenazan con forzar un aterrizaje forzoso, la gente deberá entender que tendrán que aguantarse el hambre o las ganas de ir al baño porque los pilotos y la tripulación enfrentan problemas más urgentes y serios.

Si el gobierno decide ignorar las advertencias y sigue adelante con su ambicioso programa de más gasto público, el resultado será el mismo que el de un avión en que la tripulación ignora la advertencia de turbulencias y decide seguir volando como si nada fuera a pasar. El resultado será mucho peor que si hubieran aceptado la realidad y hubieran cambiado los planes para enfrentar el nuevo escenario. Ese es el dilema que hoy enfrenta el piloto Boric. Por el bien de todo, ojalá que actúe de forma responsable y anuncie que, dada la turbulencia que se viene, es hora de ajustar los planes a la nueva realidad. (El Líbero)

Patricio Navia