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Carabinero golpeado por turba en Alameda se querella por homicidio frustrado

Fue el segundo viernes que la administración de Presidente Gabriel Boric enfrentó una situación tensa en materia de seguridad y orden pública. En medio de una manifestación de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), un grupo de encapuchados atacó a un carabinero que controlaba el tránsito, quien, según dijo, al verse amenazado en su integridad física, disparó.

Parte de la bala alcanzó a un joven de 19 años, un repartidor de comida. El caso generó un serie de críticas hacia el procedimiento policial, la ministra del Interior, Izkia Siches, calificó el hecho de “extreman gravedad”, y la ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro, pidió la “refundación” de Carabineros.

Sin embargo, al ratificarse que no era un estudiante herido y que el policía había actuado luego de ser agredido por un grupo de encapuchados, el tono de las reacciones cambió. El martes, la ministra Siches visitó al carabinero en cuestión -a quien la Fiscalía aún lo mantiene como imputado en la causa-y el gobierno pidió a sus ministros moderar sus intervenciones en redes sociales, ante casos que requieren más antecedentes.

A casi una semana del hecho, el uniformado Leandro Quezada, que disparó ese día, y otros dos compañeros que resultaron lesionados, interpusieron una querella por homicidio frustrado a carabinero en ejercicio de sus funciones. Va dirigida en contra quienes resulten responsables del ataque.

En la acción judicial, Quezada señala que ese día fue requerido para controlar el tránsito desde las 6.30 en la Alameda, ante la marcha convocada y autorizada para ese día. Entonces, su rol era el desvío de los vehículos, sin embargo, ya pasado el mediodía, “desde la plaza Benjamín Vicuña Mackenna, caminaron alrededor de 60 a 70 encapuchados, vestidos de uniforme escolar, pantalón gris y polerón negro, quienes se ubicaron en el bandejón central de la Avenida O’Higgins, en donde permanecieron unos 10 minutos, para luego y en forma sorpresiva comenzar a correr hacia nosotros lanzándonos piedras y cualquier objeto que tuvieran a la mano”.

Quezada relata que él y su compañero comenzaron a retroceder y los manifestantes comenzaron a rodearlos. “Me percato de que mi sargento Gómez quedó atrás, por lo que me di vuelta para buscarlo y un sujeto encapuchado me pegó un golpe de puño, al parecer con una manopla en mi cabeza a un costado de mi ceja izquierda. Caí al suelo inmediatamente y comencé a cubrirme la cabeza con ambos brazos, ya que varios encapuchados se acercaron para propinar golpes de todo tipo”, expone en la querella.

El uniformado agrega que “cuando logré ponerme de pie veo de entre 10 a 15 personas a mi alrededor, quienes me continuaban pegando y lanzando objetos, y momentos antes me habían quitado mi bastón retráctil, por lo que ante el miedo de mi integridad física, es que desenfundé mi arma de servicio, revolver, y efectué un solo disparo al suelo. Los individuos se alejan de mí y logro divisar a mi sargento Gómez ingresando a un edificio, al que también hago ingreso”.

Cuando logró permanecer en el edificio -y los ataques continuaban- el policía se comunicó con Comando y Control. Allí dio cuenta del hecho y además solicitó el traslado al Hospital de Carabineros (Hoscar).

RELATO DE SUS COMPAÑEROS

El sargento Patricio Gómez era el compañero de Quezada ese día. Era quien lo seguía y quien también recibió golpes por partes de la turba que los atacó.

El policía -también en la querella- relata que el grupo de “estudiantes” se les acercó peligrosamente y que comenzaron a “lanzar piedras en donde nos encontrábamos el carabinero Quezada Castro, la sargento 2° Figueroa y yo. Comenzamos a correr hacia el oriente uno 100 metros aproximadamente, hasta llegar a calle Lira, en donde me dieron alcance, lanzándome contra la pared y recibiendo golpes con objetos contundentes, en donde yo solo trataba de protegerme, cubriendo mi cara y cuerpo”.

El sargento estaba en eso cuando ve que a Quezada también le estaban pegando, pero en el suelo: “Es en esos instantes que escuché un disparo, y los jóvenes comenzaron a dispersarse hacia el costado norte de la calzada. De lo anterior, es que le grito al carabinero Quezada ‘¡avancemos!’, logrando refugiarnos en dependencias de la Universidad Católica, mientras que la sargento Figueroa se encontraba refugiada en el interior de un almacén”, dice en la acción judicial.

La sargento Figueroa recuerda lo mismo, agregando que cuando vio cuando Quezada “cae al suelo para luego ser agredido con golpes de pies y de puño por parte de los manifestantes, quienes también le lanzaba piedras a él y a nosotros, mientras el sargento Gómez me gritaba ‘¡Carmencita, agáchate!’, por lo que me cubro con mis brazos, instantes en que alguien me tomó por la espalda y me jaló hacia un negocio el que inmediatamente cerraron”.

Los policías, además, dieron cuenta de las lesiones que sufrieron ese día: hematomas, equimosis, contusiones en brazos, dorsal y manos, además de otras lesiones.(La Tercera)

Los empresarios que Boric incluyó en su primera gira internacional

El lunes la directora general del Ceremonial y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, Manahi Pakarati contactó por correo a los empresarios que integrarán la gira internacional que el presidente Gabriel Boric iniciará a Argentina el próximo 4 y 5 de abril.

Se trata de Lorenzo Gazmuri, ex vice Presidente Ejecutivo de Copec, actual Presidente de Icare; Rodrigo Silva, gerente general de Coopeuch y Presidente de Coopera (Asociación de Cooperativas de Ahorro y Crédito); Dante Arrigoni, representante de la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas, ASIMET; Fernanda Vicente, presidenta Mujeres del Pacífico, organización vinculada al emprendimiento femenino y Josefa Monge, presidenta Ejecutiva de Sistema B Chile, organización sin fines de lucro que promueve la existencia de firmas con sello socioambiental.

Está proyectado que la acotada nómina de empresarios y empresarias que acompañarán al Mandatario también participen en un foro empresarial organizado por Argentina.

Gazmuri confirmó la invitación, señalando que “cuando un Jefe de Estado invita a ser acompañado en una gira presidencial corresponde aceptarla, sobre todo considerando que ICARE se define como un punto de encuentro para generar iniciativas en bien del país”.

“Percibimos la gira como una oportunidad para profundizar el trabajo que están realizando los grupos de trabajo de ICARE en sus diferentes temáticas”, añade.

Junto con reconfirmar que fue contactado el lunes, Dante Arrigoni, señala que el interés de ASIMET es colaborar con el Ejecutivo en una política industrial 2030. “De hecho, le presentamos nuestra propuesta de desarrollo productivo y esta estrategia que debería tener Chile para la reactivación y la generación de empleo. Yo creo que le ha llamado la atención, está un poco en línea con lo que quiere hacer el gobierno”, comentó el ejecutivo, quien ya se ha reunido con el ministro de Economía, Nicolás Grau.

“Hay que establecer una institucionalidad enfocada a implementar esta estrategia industrial y ahí lo que proponemos es crear una Subsecretaría de la Industria, crear un Consejo Nacional que permita implementar esta estrategia y ahí hay que coordinar a todos los sectores de la economía”, recalca Arrigoni.

“Mi expectativa siempre va a ser dar a conocer a Chile y sus autoridades lo que podemos nosotros colaborar como movimiento cooperativo en el desarrollo del país”, añade Silva como representante de las cooperativas.

Josefa Monge, líder de Sistema B, realza que esta es la primera vez que su organización es considerada en una gira presidencial. “Estamos muy honrados con la invitación (inédita para las empresas B), y encantados de ser puente entre el nuevo gobierno y cientos de empresas y personas que trabajan por un país social y ambientalmente sustentable, y estrechar lazos con Argentina, donde el mercado de empresas B es relevante”, afirma.

COMITIVA OFICIAL

Hoy se conoció el resto de la comitiva oficial que acompañará al Presidente Boric. En ella se encuentran Antonia Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores; Bárbara Figueroa, Embajadora de Chile en Argentina; y los ministros Maya Fernández (Defensa); Claudio Huepe (Energía), Antonia Orellana (Mujer y Equidad de Género); Julieta Brodsky (Culturas, las Artes y el Patrimonio); y José Miguel Ahumada (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales).

También formarán parte de esta comitiva el embajador José Miguel Capdevilla, secretario general de Política Exterior (S); la embajadora Manahi Pakarati, directora general del Ceremonial y Protocolo; Andrés Villar, director de Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores; la embajadora Carola Muñoz, jefa de gabinete de la ministra de Relaciones Exteriores; Lucía Dammert, jefa de asesores del gabinete de la Presidencia de la República; Carlos Figueroa, Asesor en Materias Internacionales de la Presidencia de la República; Iván Valderrama, Médico de la Presidencia de la República; Tatiana Klima, jefa de prensa de la Presidencia de la República; y Nelson Alveal, jefe de programación de la Presidencia de la República.

En cuanto a la comitiva parlamentaria, viajarán junto al Mandatario el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto. Además, también viajarán Jaime Quintana (presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado); Carmen Hertz (presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana de la Cámara de Diputadas y Diputados); los senadores Juan Ignacio Latorre, Javier Macaya, Paulina Núñez y los diputados Yovana Ahumada (presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputadas y Diputados), Lorena Fries, Eric Aedo y Érika Ñanco.

Para la comitiva del Poder Judicial, viajará el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Juan Eduardo Fuentes, y la Ministra de la Corte Suprema de Justicia, encargada de Asuntos de Género, Andrea Muñoz. (DF)

Nominación de Víctor Torres en Super de Salud provoca molestias en la DC

A inicios de febrero, el exdiputado DC Víctor Torres y el Presidente Gabriel Boric sostuvieron la conversación que terminaría por sellar su nombramiento como superintendente de Salud, el que fue comunicado anoche por la Presidencia y generó molestia en las filas de la Falange.

La designación del médico del ala “chascona” de la tienda lo convierte en el primer democratacristiano en el gobierno del frenteamplista. Quienes conocieron del trasfondo de la decisión del Mandatario -en la que también jugó un rol el ministro Segpres, Giorgio Jackson– aseguran que el jefe de Estado tenía decidido hace un tiempo hacerle un gesto a la Democracia Cristiana.

Si bien el partido no forma parte de su gobierno -incluso algunos de sus militantes se han manifestado como opositores-, Boric es consciente de que sus votos en el Congreso serán clave para el avance de su programa. El frenteamplista ha dicho públicamente que necesita de todos los apoyos necesarios para cumplir con ese objetivo y, además, valora que varios decé hayan respaldado su candidatura a la segunda vuelta.

Ese fue el mensaje que le transmitió a Carmen Frei, quien aún lidera la colectividad, cuando se reunieron el 6 de enero pasado. En ese encuentro, la líder falangista le manifestó, a su vez, disponibilidad para que sus cuadros colaboraran en su administración, siempre que se dieran bajo el marco de una interlocución institucional.

Quienes conocieron de las negociaciones para sumar a Torres al gobierno señalan que siempre hubo intención de que colaborara con la administración de Boric, dada la relación de “confianza política y respeto mutuo” que ambos fraguaron estos últimos 8 años como diputados.

La pregunta era desde dónde y cuándo anunciarlo. Las mismas fuentes aseguran que el gobierno se preocupó de no hacer el anuncio en medio de las elecciones internas que enfrentó la DC, en las que se impuso el alcalde de La Granja, Felipe Delpín.

“No querían aparecer interviniendo en la interna del partido”, afirma un conocedor de la decisión del Mandatario.

El gesto de Boric es leído en el oficialismo como una señal al mundo que respaldó a la excandidata presidencial Yasna Provoste y a la nueva mesa que liderará el jefe comunal. Torres, de hecho, respaldó la candidatura de Delpín a la presidencia del partido y fue vocero de la campaña de la senadora por Atacama.

Si bien el médico, quien no fue a la reelección al haber sumado el límite de tres periodos, congeló su militancia en 2020 ante diferencias con la mesa de Fuad Chahin, sigue siendo militante de la DC.

MOLESTIA TRANSVERSAL EN LA DC

La decisión del Mandatario no cayó bien en la sede de Alameda 1460. Pese a la cercanía de Torres con Delpín, el futuro presidente de la colectividad resintió que no haya habido un diálogo institucional con la próxima directiva. Además, generó incomodidad transversal que su incorporación pueda hacer aparecer a la DC como parte del gobierno del frenteamplista.

“Valoramos que el camarada Víctor Torres (…) pueda asumir como superintendente de Salud, él está absolutamente capacitado para ejercer esa función y le deseamos el mejor de los éxitos. Sin embargo, observamos que cualquier solicitud de colaboración de militantes de la DC debe ser conversada y dialogada con la institucionalidad. El Presidente Boric me comentó en un llamado telefónico que le interesa ese diálogo institucional y esperamos que se exprese”, sostuvo Delpín a La Tercera PM.

Y agregó: “Estamos dispuestos a colaborar, pero desde la institucionalidad… No es bueno que se nombren distintos cargos sin que como partido hayamos tenido un diálogo franco interno”.

Al ser consultado por eventuales sanciones, el decé aseguró que “más que andar expulsando o sancionando lo importante es insistir en una interlocución institucional”.

Más duro fue el jefe de bancada del partido, Eric Aedo. “Del punto de vista afectivo, de amistad, le deseamos el mejor de los éxitos a Víctor Torres. Él tiene el cariño de muchísimos democratacristianos a lo largo del país. En ese sentido, le deseo lo mejor. Desde el punto de vista institucional, creo que el gobierno no puede intentar, por la vía de nombramientos, dividir a un partido, porque le hace mal no solo al gobierno o al partido respectivo, sino que en la situación que tenemos en Chile en orden económico, de seguridad pública, en los temas de salud, hoy tenemos que apostar por fortalecer las instituciones, incluidos los partidos políticos, y no debilitarlos”, sostuvo, a la vez que advirtió que Torres debía suspender su militancia, aunque eso es algo que él hizo efectivo en 2020.

El legislador advirtió que “hacer estas apuestas que tal vez debilitan la institucionalidad del partido, me parece que es un error. Y lo quiero decir de manera bastante diplomática. No es bueno generar esos roces al interior de los partidos, porque tenemos tareas tremendamente importantes que sacar adelante. Yo digo esto con mucha responsabilidad y seriedad”.

La diputada Joanna Pérez, quien compitió con Delpín en la interna, sostuvo a su vez que “creemos que Víctor es un gran nombre, pero eso no condiciona nuestra autonomía ni independencia legislativa ni política. Eso lo hemos dicho y deseamos, sin duda, que a este gobierno le vaya bien y, por cierto, también a la gestión de Víctor Torres que ha sido nominado. Esas son cosas muy distintas, pero no condicionan nuestra independencia ni autonomía en lo legislativo ni político”.

Por su parte, su par Miguel Ángel Calisto advirtió que el nombramiento de Torres “en ningún caso” los hace formar parte del gobierno. “La Democracia Cristiana no es parte del gobierno. El nombramiento de Víctor Torres responde, más bien, a un reconocimiento personal, de su experiencia en el área de salud. Además, ha informado que congeló su militancia en la DC, y eso es absolutamente respetable. Yo no tengo dudas de las capacidades que tiene Víctor Torres para asumir este rol y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos. Creemos que va a ser un gran aporte para este Gobierno, que además es un gobierno que carece de gente con experiencia. Por ende, el nombramiento de Víctor Torres creo que subsana, en parte, esa deficiencia”.

“Esta es una decisión de incorporar a una persona en particular, al doctor Víctor Torres, de gran capacidad, pero en ningún caso es un acuerdo institucional entre la DC y el gobierno, pues el partido tampoco fue consultado. La DC sigue no estando al interior del gobierno, pues no se le invita ni la consideran. Y las coordinaciones con un partido no se hacen con un nombramiento”, sostuvo, por su parte, el senador Iván Flores.

Más allá fue la senadora Ximena Rincón (DC). “El objetivo de la Democracia Cristiana es contribuir a resolver las demandas ciudadanas urgentes. Pensiones, salarios justos, mejorar la cobertura de salud. Por lo tanto, el acercamiento es en función de contenidos, no de cargos. Víctor es un excelente profesional, que lo hará muy bien, pero no tiene que ver con nuestra acción política. Tampoco creo que el Presidente, a quien conozco, tenga la intención de hacer un transacción de cargos por votos. El Presidente no es así”.

Al cierre de esta edición, fuentes de la DC aseguraron que este viernes Jackson sostendrá una reunión con Delpín, como primer acercamiento a la nueva mesa en medio del escenario crispado entre ese partido y el gobierno. (La Tercera)

Tras alza de secreto bancario, Fiscalía indaga cuentas de Karina Oliva

Tres son las entidades bancarias que deberán informar a la Fiscalía Sur todos los movimientos bancarios, transacciones, cheques y depósitos de las cuentas corriente de la ex candidata a gobernadora, y después al Senado, Karina Oliva Pérez.

La figura -expulsada del Partido Comunes- es blanco de una investigación penal como presunta autora del delito de fraude de subvenciones debido a irregularidades descubiertas en la rendición de gastos y solicitud de millonarios reembolsos por sus campañas. Hace unas semanas, el juez Daniel Urrutia -del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- acogió la petición de alzamiento de secreto bancario presentada por el fiscal Milbor Burgueño y lo hizo, según se lee en la resolución, “atendido los múltiples antecedentes invocados por el Ministerio Público, entre ellas las propias declaraciones de la imputada”.

La alusión que hace el juez a los dichos de Oliva son en base al interrogatorio -que consta en el expediente judicial- de Guillermo González, subdirector de Control de Gasto y Financiamiento Electoral del Servel. Este explica que decidieron enviar los antecedentes al Ministerio Público producto de la información que salió en la prensa referente a una investigación de Ciper, que develaba abultados pagos a proveedores y colaboradores de la campaña y “en particular a declaraciones públicas que realizó la candidata Karina Oliva”.

PRESA DE SUS PALABRAS

Cuando salió el reportaje, la excandidata salió a dar explicaciones en televisión y en su cuenta de Twitter. En sus dichos, según el funcionario, hizo referencia a lo que podría ser un delito electoral, ya que sostuvo que “se habrían efectuado gastos fuera del periodo de campaña y se había rendido en una boleta de honorarios gastos realizados por más de una persona”.

El subdirector de Control de Gastos, cuyo testimonio es citado por la Fiscalía para poder acceder a las cuentas de Oliva, dio cuenta que cuando estaban auditando los gastos, rendiciones y peticiones de reembolso, tuvieron que incluso ajustar la presentación del administrador electoral de la licenciada en Ciencias Políticas, ya que “tenía una partida contabilizada en duplicada, eso hizo que bajara de su rendición la suma de $603.872.977 a $484.492.235, siendo $413.830.062 gastos efectivos y $70.662.173, gastos valorizados”.

Junto con esto está la declaración del contador auditor Miguel Ángel Baeza, quien participó del proceso de revisión de cuentas electorales y en particular de la entonces aspirante a la Gobernación de la RM, a quien dice le hizo 32 observaciones por su rendición de cuentas ante el Servel. “Las observaciones, generalmente, eran por asesorías o boletas de honorarios abultadasmismo prestador de servicios en las dos elecciones, además que en la elección son 3 meses de campaña y en la segunda vuelta es un messe rendía un monto mayor incluso que la primera vuelta, siendo que el periodo de campaña es más acotado”.

En ese sentido, el auditor le explicó al Ministerio Público que mientras revisaba los documentos presentados por Oliva. “Algo que me llamó la atención fue que los fondos estaban compuestos por aportes privados, públicos y valorizaciones. En primera vuelta doña Karina Oliva tuvo alrededor de 1 millón de pesos de aportes privados y fue a consumir cerca de 300 millones, en la segunda vuelta fue lo mismo, tuvo aportes privados cercanos a los 970 mil o un millón de pesos consumió cercano a los 300 millones nuevamente”. Es justamente ahí donde surge una sospecha de los funcionarios del Servel y en esa dirección apunta Baeza, ya que sostuvo en su declaración que “considerando que en segunda vuelta el periodo de campaña son 20 o 25 días. Me llama la atención que hubo la misma forma de operar en ambas elecciones muy poco aporte privado, mucha solicitud de rembolso tanto por facturas pendientes de pago como por mandato de Banco Estado, y cifras similares, siendo que la segunda votación es de 1 mes y la primera de 3 meses, sumando a que se repetían proveedores en ambas vueltas por servicios con montos elevados”.

DESAYUNO FEMINISTA EN LA MIRA

Héctor Guzmán, otro de los contadores del equipo del Servel, declaró en Fiscalía que él advirtió que los elevados montos por servicios que otros candidatos rendían también, pero por sumas menores de dinero. “A mí me llamó la atención principalmente los montos que se pedían por los servicios, pues discrepaba mucho de los otros candidatos, los mismos servicios por otros candidatos eran mucho menor a lo que se estaba rindiendo, eso lo comenté, no recuerdo si en forma grupal vía teams, pero si estoy seguro que se lo comenté a un colega, eso de que me llamaba la atención lo alto de los montos (…) a nosotros nos llamaba la atención la existencia de aquellas boletas de honorarios y facturas que fueran las primeras autorizadas del año, en ese sentido se revisaba en el Servicio de Impuestos Internos la validez del documento y que la empresa esté constituida desde el punto de vista tributario”, se lee en su declaración.

Otro abogado de la entidad que fiscaliza las elecciones, sostuvo que la cuenta de la militante de Comunes “tuvo 32 observaciones cuando lo normal son 2, 3 o 4, o como mucho 10, pero esta cuenta tuvo 32 observaciones”. Agregó que “estos casos nos llamaron la atención por los montos, ya que la gente que tiene cierta experiencia ya maneja cierto rango, por ejemplo si está rindiendo un gasto de un viaje o un gasto por alojamiento, se manejan ciertos rangos. En este caso eran gastos por asesoría de campaña entonces eran montos excesivamente altos, por lo que comentaban los auditores senior que son los que han participado en muchas revisiones anteriores. Eso hizo que se formularan tan cantidad de observaciones. En específico, dentro del oficio de observaciones, se realizó una observación por un gasto del proveedor “Sport Management” por un monto de $50.000.000, cuya glosa era “desayuno feminista y cierre de campaña””.

El juez Urrutia, quien ordenó alzar el secreto bancario de las cuentas de Oliva y así permitir esta medida intrusiva para avanzar en la investigación por presunto fraude de subvenciones acotó el plazo de la diligencia. En ese sentido los tres bancos en que la ex candidata tiene cuenta deberán entregar los movimientos financieros entre el 1 de enero del año 2021 y el 27 de enero del año 2022. La diligencia también se autorizó, respecto a su administrador electoral Martín Miranda quien también tiene calidad de imputado en el caso.

En el escrito ingresado el Séptimo Juzgado de Garantía, el fiscal Mellibur explica al juez que necesitaba acceder a esta información para “establecer si existieron movimientos bancarios en sus cuentas personales que pudieran relacionarse con los ingresos y gastos electorales en el marco de la campaña a Gobernadora Regional por la Región Metropolitana, tanto en primera como en segunda vuelta, resultando proporcional la medida solicitada a la gravedad delitos investigados (…) que la medida solicitada permitirá verificar los destinos de los dineros fiscales depositados, acreditar un eventual perjuicio y corroborar que los dineros pagados por concepto de reembolso de gastos electorales rendidos en la candidatura a Gobernadora Regional por la Región Metropolitana hayan sido efectivamente destinados en su totalidad a efectuar los pagos que se individualizaron en la rendición de cuentas presentada ante el Servicio Electoral”. (La Tercera)

Comienzan alegatos por el caso Silala en La Haya: las claves del proceso

Este viernes 1 de abril comienzan los alegatos ante La Haya por el Caso Silala, que surgió -en marzo de 2016- cuando el exmandatario boliviano amenazó con denunciar a Chile por el supuesto robo de las aguas del río del mismo nombre.

Tras esas declaraciones de Morales, expresadas en la conmemoración de la Batalla de Calama-Topáter del 23 de marzo de 1879, durante la Guerra del Pacífico, el Estado chileno decidió adelantarse a la advertencia y demandar primero a Bolivia, exigiendo el derecho al uso equitativo de ese curso de agua. Motivo por el que Bolivia presentó una contrademanda en 2018.

El río Silala, que según la versión inicial de Bolivia era solo un manantial, nace en dos puntos del altiplano boliviano, a más de 4 mil metros de altura y a unos tres kilómetros de la frontera con Chile.

Debido a la pendiente y fuerza de gravedad, sus aguas solo pueden fluir hacia territorio chileno. Tiene un largo de 10 kilómetros, de ellos, unos 4 km están en territorio boliviano y 6 km en tierras nacionales.

A pesar de esas características -a la fecha de presentación de la contrademanda- Bolivia negaba su carácter transfronterizo y aseguraba que era dueño del 100% de esas aguas.

Además, acusaba que Chile había desviado artificialmente las aguas, mientras que nuestro país defendía que estas caían naturalmente por la pendiente y que no se había hecho trabajos de canalización para modificar su curso. Pero la postura boliviana comenzó a cambiar en los últimos años.

Ya en 2018, Morales afirmó que en realidad “Bolivia tenía soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala”, haciendo una distinción implícita de que habría un flujo natural que sí llegaba a Chile.

“Autoridades bolivianas han reconocido públicamente que existe un flujo natural del Silala que cruza hacia Chile”, dijo en febrero de 2019 el entonces canciller chileno Roberto Ampuero.

Tras la renuncia de Evo Morales en 2019, el 13 de febrero de 2020, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia confirmó públicamente que ese giro, en el que se reconoce que al menos una parte de las aguas del Silala fluyen hacia Chile, se manifestó también en los escritos presentados ante la Corte Internacional de Justicia.

Esa revelación, que fue celebrada por el Presidente Sebastián Piñera y el entonces canciller Teodoro Ribera, generó una polémica en Bolivia, donde esa información era desconocida. Las mismas reglas de la misma Corte de La Hayan obligan a que la documentación del caso se mantenga en secreto hasta la fase de alegatos.

El 23 de marzo de 2022, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien encabeza el equipo jurídico de la defensa chilena ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también afirmó en una entrevista que el argumento boliviano “cambió para beneficio de Chile”. “Hoy el argumento boliviano es que una parte de ese flujo del río Silala sería, lo que llaman ellos, flujo artificial”.

¿EN QUÉ CONSISTE LA DEMANDA?

El 3 de julio de 2017, el equipo jurídico, liderado por la actual subsecretaria de Relaciones Exteriores, entregó la Memoria de Chile en el procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia, iniciado el 6 de junio de 2016.

En esta demanda, Chile solicita a la CIJ que juzgue y declare que el río Silala es un curso de agua internacional, cuyo uso se rige por el derecho internacional consuetudinario. Además, señala que el Estado chileno tiene derecho al uso equitativo y razonable de las aguas del río Silala

Hace más de un siglo, el Silala es utilizado por Chile para la minería, agricultura y consumo doméstico. Uno de sus usos ha sido el suministro de agua potable para la ciudad de Antofagasta y los pueblos de Sierra Gorda y Baquedano.

Por otra parte, el litigio busca que se establezca que Bolivia tiene la obligación de tomar todas las medidas apropiadas para prevenir y controlar la contaminación y otras formas de daño a Chile que resulten de sus actividades en el Silala.

Además, se plantea que tiene la obligación de cooperar y proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que pudiesen tener un efecto negativo sobre el río Silala, de intercambiar datos e información y de realizar, cuando proceda, una evaluación de impacto ambiental. Según la postura nacional, Bolivia ha incumplido esas obligaciones.

ANTECEDENTES

La disputa comenzó en 1904, cuando Chile y Bolivia delimitaron sus territorios definitivos a través del mapa del Tratado de Paz y Amistad que ambas partes firmaron.

En el acuerdo, que buscó terminar con el estado de guerra existente entre los países luego de la Guerra del Pacífico en 1879, Chile y Bolivia aprobaron un mapa que establecía sus límites internacionales. En dicho mapa, el río Silala es representado como un curso de agua que cruza el límite entre ambos países, entre el cerro Silala y el cerro Inacaliri.

Durante los siguientes 100 años, según señala la defensa chilena, Bolivia reconoció el carácter internacional del sistema hídrico del Silala.

Sin embargo, la primera controversia que abriría la disputa fue el 5 de mayo de 1996, cuando una serie de diarios bolivianos plantearon que cualquier uso de las aguas del Silala por parte de nuestro país debía tener una compensación económica para Bolivia, denunciando que esas aguas eran desviadas artificialmente por empresarios chilenos.

Desde la Cancillería chilena sostienen que Bolivia cambió su postura de forma oficial en 1999 -mientras era presidido por el dictador Hugo Bánzer Suárez-, apelando a que el agua del río en cuestión se ubicaba exclusivamente y de forma natural en terreno boliviano, mientras que llegaba a Chile desviada de forma artificial.

A partir del 2000, se llevaron a cabo reuniones y trabajos en terreno entre Bolivia y Chile en torno a los recursos hídricos compartidos. Ya en 2004, ambos países crearon un grupo de trabajo por el Silala y en 2006 este tema se incluyó en la agenda bilateral.

El 4 de abril del 2009, los gobiernos de Michelle Bachelet y Evo Morales anunciaron un preacuerdo respecto del uso de las aguas del río en cuestión. En respuesta a la insistencia de Bolivia respecto de ser los propietarios del 100% del río, Chile se comprometió a pagar por el uso del 50% del recurso hídrico proveniente del Silala de forma retroactiva.

El 23 de marzo del 2016, Morales anunció que demandarían a Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el uso de agua del río que traspasa ambos países.

Frente a este último incidente, el Estado chileno resolvió acudir a la CIJ y presentó su demanda el 6 de junio del 2016, dando inicio al caso.

EQUIPO DEFENSOR DE CHILE

La agente es la abogada y subsecretaria de Relaciones Exteriores, Ximena Fuentes, quien ha sido asesora del Estado de Chile en la disputa marítima presentada por Perú ante la CIJ de La Haya. Y la co-agente es la abogada y exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Valdivia. Ambas han trabajado en la demanda boliviana por la obligación de negociar una salida soberana al mar.

Participan también el embajador de Chile en los Países Bajos, Hernán Salinas; la coordinadora ejecutiva del Caso Silala, Johanna Klein Kranenberg; y los abogados expertos en Derecho Internacional Laurence Boisson de Chazournes, Samuel Wordsworth, Mara Tignino, Mariana Durney, Andrés Jana Linetzky, Claudio Troncoso Repetto y Luis Winter Igualt. Además, los defensores especialistas en recursos hídricos transfronterizos Stephen McCaffrey y Alan Boyle.

Por otro lado, son acompañados de tres expertos en hidrología: Howard Wheater, ingeniero hidrólogo; Denis Peach, geólogo; y José Francisco Muñoz Pardo, ingeniero civil.

¿CÓMO Y CUÁNDO SERÁN LOS ALEGATOS?

Debido a la pandemia por Covid-19, los alegatos se realizarán de forma híbrida, es decir, con algunos de los jueces de la Corte presentes en la sala y otros no.

Los aforos permitirán a solo ocho personas de cada delegación presentes físicamente en la Sala de la Corte, más dos de cada delegación en la galería y cinco por delegación en dos salas de trabajo, dispuestas por la Corte. El resto del equipo chileno estará reunido en el hotel Movenpick, en La Haya.

Los abogados de Chile alegarán presencialmente, excepto uno de ellos que estará online. Asimismo, los especialistas en hidrología Howard Wheater y Denis Peach, también estarán presencialmente durante su interrogatorio.

CALENDARIO

Viernes 1 de abril, de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. – Apertura de los alegatos. Primera ronda de alegatos de Chile

Lunes 4 de abril, de 9 a.m. a 12:00 p.m. – Primera ronda de alegatos orales, incluyendo la contrademanda de Bolivia

Martes 5 de abril, de 9 a.m. a 11 a.m. – Primera ronda de alegatos orales, incluyendo la contrademanda de Bolivia

Miércoles 6 de abril, de 10 a.m. a 12 p.m. – Observaciones de Chile a la contrademanda de Bolivia

Jueves 7 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m. – Interrogatorio de los expertos presentados por Chile

Viernes 8 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m. – Interrogatorio de los expertos presentados por Bolivia

Lunes 11 de abril, de 9 a.m. a 11 a.m. – Segunda ronda de alegatos de Chile

Miércoles 13 de abril, de 9 a.m. a 12 p.m. – Segunda ronda de alegatos de Bolivia, incluyendo la contrademanda

Jueves 14 de abril, de 9 a.m. a 10 a.m. – Respuesta de Chile a la contrademanda de Bolivia

*El horario señalado fue adaptado a Chile, porque el original es el de Países Bajos. El 1 de abril habrá 5 horas de diferencia con Países Bajos, y a partir del 3 de abril, serán 6 horas. (La Tercera)

Prevén que nueva presidencia PS quedará en manos de Alfonso de Urresti

El próximo jueves 7 de abril se inscriben las listas para la elección interna PS, en la que se escogerá al sucesor de Álvaro Elizalde, tras 5 años al mando que culminaron con el ingreso del PS al gobierno de Boric. Se escogerá así a quien liderará el PS (partido más grande de la ex-Concertación que entró a La Moneda) por los primeros 2 años del gobierno de esta administración.

  • Elizalde dejó el cargo en marzo al asumir la presidencia del Senado, y el PS está siendo presidido interinamente por el secretario general Andrés Santander.

Por qué importa: En medio de los forcejeos políticos entre las 2 almas del gobierno de Boric -su coalición Apruebo Dignidad (FA-PC-FRVS) y el bloque concertacionista PS-PPD-PL-PR-, el foco principal de tensión de La Moneda con la socialdemocracia ha sido con el PS, donde hay alta molestia por el avance de la eliminación del Senado en la Convención, promovida por el FA-PC pero que terminó contando también con el apoyo de convencionales PS, que actuaron con autonomía de su partido. Ese argumento ha sido por La Moneda para graficar la dificultad de alinear a los convencionales. En esas tensiones, De Urresti (senador por Valdivia) ha sido el más duro crítico.

  • Aunque no esté en cuestión la alianza de gobierno, para el PS las confianzas con La Moneda se han visto afectadas de aquí en adelante.
  • Esperaban que el Gobierno interviniera ante sus convencionales -apelando a que ahora PS y FA son aliados en el oficialismo-, pero no hubo señales de ello, lo que acrecentó las suspicacias de una “estrategia de reemplazo” del FA hacia el PS: el Senado es hoy el principal bastión de poder de la centroizquierda, que tiene 18 escaños v/s 5 de Apruebo Dignidad.
  • En febrero, De Urresti sostuvo una tensa conversación con el ministro Giorgio Jackson, en la que lo emplazó a fijar postura ahora que asumiría como ministro, afirman fuentes PS.
  • Luego, cuando Jackson hizo gestiones, en las negociaciones para la presidencia del Senado, De Urresti afirmó: “Una imprudencia más del ministro Jackson”.
  • Cuando el ministro anunció luego la urgencia al indulto 18-O, De Urresti movió una declaración de la bancada PS en que afirmaban: “Así no se hacen las cosas”, pues no están los votos.
  • También la ministra del Interior Izkia Siches ha sido blanco de sus críticas. Tras su frustrada visita a Temucuicui, afirmó: “Llamo a tener una mirada del sur. Mucho Santiago, mucha selfie”.

Qué significa: Una asunción de De Urresti a la presidencia PS, dado su crítico tono con La Moneda, significaría así una señal al Gobierno de los términos en que se podría dar la relación de ahora en adelante: así lo afirman diversos dirigentes socialistas que han participado de las conversaciones entre las tendencias mayoritarias del PS. Además de ese factor, su nombre aúna consenso producto de que se trata de un rostro más nuevo para la ciudadanía que Juan Pablo Letelier y el senador Fidel Espinoza, las otras opciones que corrían desde el “tercerismo”, lote de Elizalde.

  • “Hay un Presidente de la República de 36 años, se requieren rostros acordes a los tiempos”, se ha dicho en las conversaciones. Aunque De Urresti tiene 56 años, nunca ha jugado roles de primera línea en la política nacional (aunque ha sido vicepresidente del Senado).
  • Espinoza es incluso 3 años menor que él, pero está en el Parlamento desde 2001 y ha sido presidente de la Cámara.
  • A Letelier, mientras, se le ve como un rostro demasiado asociado a la Concertación, y que además tuvo un revés en su fallida apuesta de asumir como embajador en EE.UU. También se menciona a Paulina Vodanovic, expresidenta de la fundación de Bachelet, pero no concitaría apoyos internos.
  • De Urresti es visto como un liderazgo territorial, cercano a las bases y movimientos sociales, y capaz de ser duro con La Moneda cuando así se requiera.
  • Su nombre está concitando apoyos más allá de las Grandes Alamedas, sector que lo propuso, y que es liderado por Isabel Allende y Santander, producto de que nunca ha estado vinculado a los grandes lotes. Tiene fluida relación con Elizalde, e incluso con el subsecretario Manuel Monsalve y la ministra Maya Fernández, del sector opuesto a Elizalde.

Lo que hay detrás: No se trata solo de poner una contraparte a La Moneda: en las conversaciones en el PS hay consenso en que el próximo presidente debe ser un senador, producto de que estiman que será en esa corporación (que viviría al menos hasta 2026) donde se deberá hacer un sesudo trabajo de adecuación de normas de la Convención que desde ya en el PS advierten como deficientes y con severos efectos políticos y económicos. El diagnóstico es compartido por De Urresti -afirman quienes han conversado con él-, lo que es un capital para esa tarea considerando su perfil inclinado a la izquierda.

  • Por ejemplo, desde 2014 que era partidario de una Asamblea Constituyente, y en 2020 firmó un proyecto de nacionalización de fondos de pensiones.
  • Incluso hasta en las figuras del ala más izquierdista PS hay inquietud también por la configuración del modelo de desarrollo, con nacionalización de recursos mineros.
  • Ese diagnóstico lo compartiría De Urresti, quien en su carrera forjó un perfil ambientalista como abogado en Valdivia, al interponer recursos contra la contaminación de los ríos por celulosas.
  • Los aspectos se podrían corregir en la Cámara de las Regiones, que sí tendrá iniciativa en reformas constitucionales.

Su poder regional, en entredicho con fin del Senado: De Urresti ha forjado su carrera política en un amplio trabajo territorial en Los Ríos construyendo una red de poder local, más que en su trabajo legislativo nacional. Por lo mismo sería uno de los más molestos con la eliminación del Senado. Y en la zona no es un misterio que a De Urresti no le agradó que el gobierno entregara al PC el cargo de Delegada Presidencial Regional.

  • Oriundo de Chillán, se tituló de abogado U. de Chile en 1994, y luego hizo un máster en Administración Pública en la U. del País Vasco, y otro en Derecho Público en la U. Autónoma de Barcelona.
  • En 1993 ya se había radicado en Valdivia, donde empezó su carrera alternando entre labores judiciales y cargos políticos: trabajó en la Corporación de Asistencia Judicial, jefe de gabinete de la Intendencia, asesor jurídico de municipalidades, y juez de policía local.
  • Su red la ha construido -afirman fuentes de la zona- en base a un frenético trabajo de despliegue territorial, con reuniones con organizaciones y una red de poder a niveles comunales. El gobernador regional electo es cercano a él (Luis Cuvertin), al igual que lo fue el intendente de Bachelet, Egon Montecinos.
  • En 2005 fue electo diputado con 30% y en 2009 subió a 38%. Tras vencer al excanciller Juan Gabriel Valdés en una primaria senatorial del PS (67% v/s 33%), fue electo senador en 2013, con 46,87%. En la reciente elección, eso sí, bajó a 26,37%.
  • Por momentos, ha tenido disputas con otros liderazgos socialistas que han intentado emerger en la zona, como la hoy constituyente Ramona Reyes (exalcaldesa de Paillaco), el diputado Marcos Ilabaca, y el mismo Montecinos.

Lo que viene: En junio debiera asumir el próximo presidente del PS, producto de que el sistema de elección es indirecto: se escoge el comité central, y luego esa instancia elige al timonel por acuerdo entre los sectores, en base a quienes fueron los lotes y figuras más votadas. (Ex Ante)

CC: Pleno consagra libertad de expresión en borrador de nueva Constitución

Esta mañana el pleno de la Convención Constitucional sometió a votación las indicaciones correspondientes al artículo sobre libertad de expresión, opinión e información integrado en su informe de reemplazo.

El primer inciso aprobado estable que toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, “en cualquier forma y por cualquier medio”. Además, menciona que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información.

La norma fue respaldada por 126 de los convencionales. En tanto, 13 votaron en contra -de escaños reservados y la Coordinadora Plurinacional- y cinco se abstuvieron -escaños reservados, Pueblo Constituyente y Bernardo De la Maza (RN-Evópoli-IND).

En tanto, el segundo inciso, también aprobado por el pleno, consagra en el borrador de nueva Constitución que “no existirá censura previa sino únicamente las responsabilidades ulteriores que determine la ley”. Este inciso fue votado a favor por 144 convencionales, en contra por una –María Magdalena Rivera-, mientras que dos se abstuvieron –Francisco Caamaño y De la Maza-.

Sin embargo, el artículo no se aprobó en su totalidad. El pleno de la Convención rechazó -por dos votos- el inciso que señalaba que la ley “adoptará las medidas necesarias para asegurar el pluralismo en los medios de comunicación”. Este inciso fue apoyado por 101 convencionales -dos menos de los necesarios para que sea aprobado-, rechazado por 38 -de la derecha y parte de No Neutrales-, mientras que 11 se abstuvieron -de la derecha, INN, el Colectivo del Apruebo y Pueblo Constituyente-.

También se rechazó el inciso que proponía que el Estado deberá tomar “todas las medidas destinadas a eliminar el discurso xenófobo; la apología de odio racial, religioso, sexual o de género. La ley podrá establecer las responsabilidades por las infracciones a este artículo”. Este fue respaldado por 75 convencionales, rechazado por 58, mientras que 16 se abstuvieron. Estos dos últimos incisos vuelven a la comisión de Derechos Fundamentales para ser modificados y sometidos a votación por tercera vez.

Boric designa otros 156 nuevos seremis tras entrampado proceso de selección

A 20 días de asumir y tras un entrampado proceso de designación, el gobierno del Presidente Gabriel Boric dio a conocer la nómina de algunos secretarios regionales ministeriales (seremis).

Una lista que aún no se zanja en su totalidad -faltan 121- y que ha complicado la relación entre la coalición oficialista y La Moneda, además de surgir críticas desde la oposición por la dilatación en el nombramiento de éstas autoridades.

Los secretarios regionales ministeriales disponen la representación los ministerios en cada región del país, permiten el despliegue del gobierno en aquellas zonas y colaboran directamente con los delegados presidenciales -cargos que la actual administración aspira a eliminar para entregarle más atribuciones a las gobernaciones regionales-.

De momento, de los 307 puestos en total, solo estaban oficializados 30 nombres -es decir un 10% del total-, los cuales fueron apurados por el Ejecutivo en el transcurso de la instalación, ya que fueron designados -en su mayoría- para la Región de La Araucanía y en ministerios como Educación, Salud, Transportes, Hacienda, Agricultura, Medio Ambiente y Obras Públicas. Pero el resto se mantenía encabezada por subrogantes que en algunas ocasiones venían del gobierno de Sebastián Piñera.

La designación de la lista completa está a cargo del subsecretario de Desarrollo RegionalMiguel Crispi (RD). Sin embargo, la tarea no ha sido fácil. Según dio a conocer La Tercera, la presión ejercida por los partidos de Apruebo Dignidad y el Socialismo Democrático para tener una representación acorde a su peso en la coalición; los criterios de paridad impuestos por el Presidente; y el veto de los ministros a propuestas que no les parecieran idóneas para el cargo han sido un importante factor de retraso.

Finalmente, y tras dedicación de manera casi exclusiva por parte del exdiputado a esa tarea, este jueves se dieron a conocer algunos nombres restantes que encabezarán cada Secretaría Regional Ministerial.

Con estas nuevas designaciones, según informan desde La Moneda, van 186 seremis oficializados y esperan seguir avanzando esta semana con nuevos nombramientos “para que las regiones tengan sus equipos de trabajo conformados cuanto antes”.

Arica y Parinacota

En Educación Francisco Valcarce (RD); en Hacienda Alejandro Montalar (FREVS); en Cultura Kateryn Garzón Manzano (AH); en Deporte Lino Mamani (PPD); en Economía José Zúñiga (PS); en Energía Hugo Sandoval Medina (IC); en Gobierno Nicolás González (CS); en Justicia Camila Rivera Tapia (PPD); en Transporte Pablo Maturana (PL); en Medio Ambiente Diego Arellano (PPD); en Mujer María José Victoriano Cautivo (PC); en Trabajo Jennifer Lazo Vergara (Comunes); en Obras Públicas Priscila Aguilera Caimanque (PL); y en Vivienda Gladys Acuña (PS).

Tarapacá

En Agricultura asume Rubén López (FRVS); en Cultura Rose-Marie Acuña Hernández (CS); en Deporte Vania Llantén (PC); en Economía Jorge Julio (PPD); en Educación Claudia Silva (AH); en Justicia Camila Paz Castillo Guerrero (RD); en Transporte Roderick Solis (AH); en Medio Ambiente Roxana Patricia Vigueras Cherres (PL); y en Mujer Noemí Salinas Polanco (CS).

Antofagasta

En Bienes Nacionales asume Angelique Araya (independiente); en Cultura Claudio Lagos (FREVS); en Deporte Diego Rojas (FREVS); en Economía María Teresa Veliz Guerra (PR); en Energía Dafne Pino (CS); en Transporte Romina Vera (independiente); en Mujer Paulina Larrondo Vildósola (PC); y en Trabajo Camila Cortés Ruiz (FREVS).

Atacama

En Agricultura asume Ricardo Zamora Hidalgo (PPD); en Deporte Arling Guzmán (PL); en Economía Makarena Arias (PC); en Energía Fernando Monsalve (Comunes); en Justicia Tomás Garay (CS); en Salud Jessica Rojas Gahona (PPD); en Transporte Carla Orrego Esquivel (PC); en Medio Ambiente Natalia Penroz Acuña (CS); en Mujer Marcela Araya (PS); y en Obras Públicas Mauricio Guaita (RD).

Coquimbo

En Agricultura asume Hernán Saavedra (independiente); en Bienes Nacionales Marcelo Salazar (UNIR); en Deporte Guillermo Medina (FRVS); en Energía María Castillo Rojas (PPD); en Desarrollo Social Eduardo Alcayaga (PS); en Transporte Alejandra Maureira (independiente); en Medio Ambiente Leonardo Gros (UNIR); en Minería Constanza Espinosa (CS); en Trabajo Claudia Santander (PC); y en Obras Públicas Javier Sandoval (PC).

Valparaíso

En Agricultura Yolanda Núñez Cisternas (PC); en Bienes Nacionales (PPD); en Deporte Leandro Torres (PPD); en Desarrollo Social Claudia Espinoza (CS); en Transporte Enrique Vinet (FREVS); en Medio Ambiente Hernán Ramírez Rueda (independiente); en Mujer Camila Constanza Lazo Molina (Comunes); y en Trabajo Susana Calderón (PS).

Región Metropolitana

En Bienes Nacionales asume Germán Pino Maturana (Comunes); en Cultura Alejandra Jiménez (PC); en Economía Cristian Pablo Rodríguez Binfa (Fuerza Común); en Medio Ambiente Sonia Mariana Reyes Paecke (CS); en Transporte Roberto Santa Cruz (PS); en Minería José Luis Gilbert (PPD); en Mujer Ana Raquel Martínez Camorro (RD); y en Vivienda Rocío Andrade (independiente).

O’Higgins

En Agricultura asume Cristian Silva (independiente); en Bienes Nacionales Eduardo González Pérez (FC); en Deporte Gerardo Flores (Comunes); en Economía Francisca Cagliano Sanhueza (RD); en Energía Claudio Martínez (RD); en Gobierno Patricia Andrea Torrealba Pino (UNIR); en Justicia Rubén Alvarado (Comunes); en Desarrollo Social Nayadeth Ahumada (PR); en Transporte Ricardo Acuña González (PPD); en Medio Ambiente Giovanna Amaya Peña (PS); y en Mujer Nicolle Astrid del Río Vilches (CS).

Maule

En Bienes Nacionales César Concha (PS); en Cultura Carolina Loren (Independiente); en Deporte Camila Andrea Peña Osorio (CS); en Educación Francisco Varela Miranda (PPD); en Energía Erika Ubilla (Comunes); en Gobierno Daniela Oberreuter Villanueva (RD); en Desarrollo Social Manuel Yáñez (CS); en Transporte Paula Ximena Oliva Aravena (PPD); en Medio Ambiente Daniela Paz de La Jara Moreira (Independiente); en Mujer Claudia Morales (Independiente); en Trabajo Maribel Torrealba (UNIR); en Obras Públicas Renzo Casas-Cordero (PR); y en Vivienda Rodrigo Hernández (RD).

Ñuble

En Gobierno asume Valentina Pradenas (CS); en Desarrollo Social Marta Carvajal (PC); en Medio Ambiente Mario Rivas (RD); en Bienes Nacionales Cristian Ortiz (PR); en Transportes Javier Isla (FC); en Obras Públicas Paulo de la Fuente (PPD); en Energía Ricardo León (PL); y en Deportes Julio Jorquera (Unir).

Biobío

En Agricultura asume Pamela Yáñez Gatti (CS); en Bienes Nacionales Cristian Cerro (AH); en Deporte Andrea Saldaña (FREVS); en Energía Daniela Espinoza (independiente); en Gobierno Eduardo Alejandro Vivanco González (PR); en Desarrollo Social Hedson Diaz (PS); en Transporte Claudia García Lima (Comunes); en Seremi de Mujer Lorena Segura (independiente); en Obras Públicas Hugo Cautivo (PS); y en Hacienda Sebastián Rivera (PPD).

La Araucanía

En Bienes Nacionales Luis Catrileo Gaete (PC); en Economía Vicente Painel (FREVS); en Gobierno Verónica López-Videla (CS); en Desarrollo Social Mariela Teresa Huillipan Peña (PPD); en Trabajo Minerva Castañeda (PS); y en Vivienda Ximena Sepúlveda Varas (independiente).

Los Ríos

En Deportes René Atío Acuña (CS); en Economía Alejandra Vásquez (UNIR); en Educación Juan Pablo Gerter (RD); en Energía Leonardo Faúndez (PPD); en Desarrollo Social Vanessa Huaiquimilla (RD); en Transporte Jean Pierre Ugarte Ayala (CS); en Minería Flavia Velásquez (PC); en Obras Públicas Nuvia Peralta (PS); y en Vivienda Daniel Barrientos (PPD).

Los Lagos

En Energía asume Liliana Alarcón (independiente); en Bienes Nacionales Pablo Andrés Flores Merino; en Transporte Pablo Joost (RD); y en Trabajo Ángel Cabrera (CS).

Aysén

En Deporte asume María Eugenia Durán (RD); en Energía Carlos Alfredo Díaz Varela (independiente); en Gobierno Rodrigo Omar Saldivia Vera (PS); en Justicia Samuel Navarro (PC); en Desarrollo Social Karina Acevedo (PR); en Transporte Claudia Cantero (RD); en Minería Rudolf Hans Zimmermann (PC); en Mujer Andrea Méndez Valenzuela (CS); en Trabajo José Humberto Marín Leiva (PPD); en Obras Públicas Omar Patricio Sanhueza Ulloa (RD); y en Vivienda Paulina Ruz (PPD).

Magallanes

En Cultura asume Diego García (CS); en Justicia Michelle Peutat (PLS); en Desarrollo Social Danilo Mimica (CS); en Mujer Sylvia Ruiz (independiente); y en Hacienda Christian Ariel Gallardo Castro (PS).

FALTAN 121

Sin embargo, en la mayoría de las regiones extrañaban conocer a los titulares de Hacienda, Economía, Justicia y Trabajo, entre otras carteras.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), entidad que se lleva la mayor responsabilidad en estos nombramientos, confirmaron a BioBioChile que ya van 186 autoridades confirmadas por las respectivas delegaciones presidenciales.

Asimismo, señalaron que son 307 en todo Chile, por lo que todavía resta conocer los nombres de 121 seremis.

Por ello, el organismo liderado por el exdiputado Miguel Crispi (RD) trabaja a toda máquina para completar la nómina, que vería nuevos avances antes de que termine esta semana.

Gran parte de la autoridades pertenece a la coalición oficialista, Apruebo Dignidad, aunque también se ha dado espacio a militantes del Partido Socialista y el Partido Por la Democracia (PPD), que respaldaron a Boric de cara a la segunda vuelta presidencial.

Cabe recordar que los seremis representan a los ministerios en cada una de las regiones del país y colaboran en el desarrollo de las políticas nacionales, considerando la diversidad territorial y cultural de la zona. (La Tercera)

Consultora Gemines estima que Imacec de febrero creció un 6,5%

La consultora Gemines calificó de «malos» los datos sectoriales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y proyectó que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) creció un 6,5% en febrero, en un periodo de doce meses.

«Los datos sectoriales del INE correspondientes al mes de febrero fueron malos. Sin apelación. La producción minera cayó 5,7% y la manufacturera 2,2%. Además, el crecimiento de la actividad del comercio se frenó drásticamente, pasando de 11,4% en enero a 4,8% en febrero. EGA, por otro lado, creció 4%», señaló el gerente de estudios de Gemines, Alejandro Fernández Beroš, en un comunicado.

Con esos datos y la proyección del resto de los sectores, la consultora estimó que el Imacec creció 6,5% en febrero, respecto al mismo mes del año pasado.

«Si este resultado es confirmado por el Banco Central mañana, estaría garantizado que el primer trimestre de 2022 tendría un nivel de actividad (desestacionalizado) inferior al del último cuarto de 2021 y nos encaminaríamos a una recesión que contemplaría bajas en el PIB trimestral (desestacionalizado), al menos en el segundo y tercer trimestres del año y, probablemente, también en el cuarto», añadió Fernández.

«Si se confirma nuestra proyección para febrero, el crecimiento del PIB del año sería inferior a 2%, tal vez, no más de 1,8% y se estaría justificando la mayor cautela que está mostrando el Banco Central con el manejo futuro de la TPM», prosiguió el gerente de estudios.

Además, Fernández comentó que «si se ratifica este escenario, la TPM subiría como máximo 100 pb más, 50-75 en mayo y 25-50 en junio. Lo anterior, no obstante que la inflación efectiva seguirá subiendo en el corto plazo y considerando que nada de lo que se haga en el corto plazo tendrá efectos en los precios antes de seis meses». (El Mostrador)

Costa reitera impacto gradual de la política monetaria contra la inflación

El complejo panorama que enfrenta la economía este año, ya en franca desaceleración y con altos precios según lo descrito en el Informe de Política Monetaria (IPoM), presentó ayer la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, ante los asistentes al encuentro telemático organizado por Icare.

En este marco, explicó la reducción que experimentaron las proyecciones sobre el curso del Producto Interno Bruto (PIB), que -tras pasar por caídas trimestrales- terminará el año con una expansión entre 1% y 2%, para oscilar entre una caída de 0,25% y un alza de 0,75% en 2023.

En ambos casos se trata de cifras inferiores a las que veían en diciembre, de 1,5% a 2,5% y 0% a 1,0%, respectivamente.

Por el lado de la inflación, anticipó que la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) seguirá escalando para acercarse al 10% promediar 8,2% en 2022 y cerrar en 5,6% en diciembre.

La economista sostuvo que ante el avance de las presiones inflacionarias el Banco Central ha reaccionado desde mediados del año pasado, con una política monetaria-a la que se ha sumado la fiscal- que ha ido «escalando hasta retirar los impulsos» y que durante sus últimas reuniones ya está en terreno «más contractivo».

Aquí, Costa explicó que el proceso para contener los desbalances de la economía toma su tiempo, por eso se dan un período de dos años, de forma que sea con el menor costo para la actividad, pero que a la vez garantice que la inflación dentro del horizonte de dos años sea 3%.

Ello ocurrirá, según el IPoM, hacia 2024, cuando el PIB esté creciendo entre 2,25% y 3,25%.

En este contexto, la economista reiteró que de darse los supuestos del escenario central, futuros aumentos de la tasa serían menores a los realizados en los últimos trimestres.

Ante la posibilidad de un quinto retiro de fondos de pensiones, Costa dijo que el impacto sería sobre un mercado de capitales que ya ha sido «estresado» por los anteriores rescates.

Entre los efectos a largo plazo, indicó que aumentaría el costo para inversiones hipotecarias, en infraestructura e incluso, del financiamiento del gobierno. Además habrá un menor ahorro local. (DF)