El 27 de julio de 2020, el Poder Judicial de Rancagua recibió una denuncia anónima –vía correo electrónico– que revelaba que las funcionarias del Juzgado de Garantía de la ciudad eran víctimas de acoso sexual y laboral por parte del juez titular de dicho tribunal: el reconocido magistrado de la Sexta Región, Luis Barría Alarcón.
Barría ha participado en importantes casos de connotación pública, siendo los más destacados el juicio del caso Caval; la audiencia de formalización por el delito de violación del excanciller del Arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz Toledo; y la causa de los exministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
Ante esta grave acusación, la Corte de Apelaciones de la señalada ciudad, inició un sumario administrativo –el 7 de agosto de 2020– para investigar y acreditar el acoso sexual y laboral del juez hacia las trabajadoras. Sin embargo, dicha Corte solo sancionó al magistrado con tres meses de suspensión con goce de medio sueldo, más su traslado de tribunal para proteger a la víctimas, decisión que fue ratificada por la Corte Suprema el 1 de abril del 2021.
Incluso, el 1 de julio de 2021, la Corte Suprema nombró a Barría como el nuevo relator de la Corte de Apelaciones Rancagua, pese a que en febrero de dicho año dos de las denunciantes presentaron una querella criminal por el delito de abusos sexuales reiterados, en contra del ahora exmagistrado.
“El querellado Sr. Barría Alarcón, quien en su calidad de superior jerárquico (Juez Titular), y aprovechándose de manera abusiva de dicha investidura, en forma periódica y reiterada y por un extenso lapso de tiempo (el que se extendió incluso en vísperas de salir con la modalidad de teletrabajo, por causa de la Pandemia del Covid-19, en el año 2020); nos ha agredido de manera brutal con vejámenes de índole sexual”, se lee en la querella.
A dos años de la denuncia anónima, una resolución del Juzgado de Garantía de Rancagua –emitida el 4 de agosto de 2022, y a la que El Mostrador tuvo acceso– confirma que para el 9 de septiembre está fijada la audiencia de formalización de Luis Barría Alarcón, por el delito de abuso sexual en contra de una funcionaria del tribunal de la citada ciudad. Esto, debido a que la fiscal adjunta de la Fiscalía Local de Santa Cruz, Carmen Agurto, solicitó formalizarlo por abuso sexual en circunstancias de violación –hechos ocurridos en agosto de 2018–.
«Después de años, el Ministerio Público recién ahora decide judicializar la causa formalizándola. Lo extraño es que la solicitud viene solo por una de las víctimas, ¿y qué ocurre con las demás denunciantes? Desde abril estamos solicitando que le tomen declaración a una nueva víctima, quien también es testigo presencial; se solicitó como diligencia, y hasta la fecha Fiscalía no lo ha hecho, dejando esa arista completamente impune (…). No es lo mismo formalizar por una víctima que por dos o tres (…). Este exjuez, ahora relator, ni siquiera está suspendido», explica Katherine Villagra, abogada de una de las denunciantes.
Villagra también comenta que el Ministerio Público tiene sin medidas de protección a las víctimas, quienes a la vez están diagnosticadas con enfermedad profesional –por la Asociación Chilena de Seguridad–, mientras se encuentran frecuentemente con el relator por trabajar en la misma jurisdicción, sintiéndose revictimizadas constantemente.
«Ya no hay rondas periódicas en favor de las víctimas, porque Fiscalía no quiso renovarlas. Las tuvieron durante tres meses, pero llevan más de un año sin protección. Nuestro principal temor con respecto a la formalización, es que no se soliciten cautelares y que dejen fuera a una de las víctimas», señala la abogada Villagra, quien además confirma que son cinco denunciantes en total.
Desde la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial (Anejud), afirmaron que desde la creación de la organización, “jamás un juez había sido formalizado al interior del Poder Judicial, por este tipo de denuncias. Pero sí habían existido denuncias canalizadas a través de nuestra asociación, por conductas de acoso y abuso sexual a funcionarias del escalafón primario (empleados)”.
Además, indicaron que el Poder Judicial no ha dado una respuesta efectiva y eficaz al canalizar este tipo de denuncias, por cuanto las víctimas por lo general mantienen el vínculo de subordinación y dependencia con el agresor en su mayoría, lo que dificulta todavía más las eventuales denuncias.
El Mostrador se contactó con la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados (ANMM), siendo su presidente, Mauricio Olave, quien respondió a nuestra consulta: “No me referiré al caso particular en la sede que indica para evitar cualquier afectación de la independencia de quienes deberán eventualmente conocer y resolver sobre tales antecedentes. Sin embargo, en cuanto al tratamiento institucional del acoso sexual, reitero la posición del gremio y soy claro en señalar que la violencia de género es una preocupación permanente para la asociación; las juezas asociadas cuentan actualmente con un amparo de género y por estos días se difunde nuestra campaña Es de justicia, uno de cuyos próximos ejes abordará precisamente dichas conductas. Asimismo, esperamos seguir contribuyendo al perfeccionamiento de la regulación interna del Poder Judicial en la materia”.
Además, confirmaron que Luis Barría renunció a la ANMM el 27 de abril de 2021.(El Mostrador)
